El cambio de nombre de la avenida ha generado un debate sobre la falta de comunicación de la alcaldía con los vecinos de Gijón
«Hay una falta total de participación ciudadana en todos los aspectos de la ciudad»
Era 13 de agosto de 2020 cuando la alcaldesa de Gijón, Ana González, aseguraba que el nuevo nombre que llevaría la avenida de Juan Carlos I «sería decidido con el mayor consenso posible». En ese momento, González ya daba por hecho que habría cambio, que los colectivos a favor y las firmas recogidas eran suficientes para tomar la decisión, competencia suya, de una modificación en el callejero que afectaría a muchos vecinos y negocios de la zona de El Natahoyo.
Si bien ha existido polémica a nivel político y ciudadano sobre la «indignidad» o no del anterior Jefe del Estado, parece que entre las asociaciones vecinales hay un malestar general sobre el procedimiento de cambio de nombre, en el que no se ha implicado a los vecinos afectados, y será consumado en breves por la Junta de Gobierno.
«La primera noticia sobre la decisión final del cambio la tuve ayer en los medios de comunicación», cuenta el presidente de la asociación de vecinos Atalía de El Natahoyo, Álvaro Tuero, que asegura que en ningún momento «nadie del Ayuntamiento nos pidió opinión, ni vinieron a solicitarnos firmas para el barrio (hace mención a las 4.000 firmas que según la alcaldesa avalan el cambio)». Tuero habla claro: «Las firmas tendrían que haber sido de gente del barrio, e incluso de la gente de la misma calle, es más, se debía haber hecho un referéndum. No hubo ninguna reunión, es todo precipitado y se le está haciendo un flaco favor a los vecinos»
«La pena es que en ningún momento se nos haya preguntado»
El presidente pide que ahora el ayuntamiento «se implique ofreciendo una indemnización a los afectados». Pese al «trastorno» provocado, el nuevo nombre de la vía, José Manuel Palacio, primer alcalde de la democracia en Gijón, le parece «bien».
Tampoco tiene problemas con la nueva denominación el presidente de la asociación de vecinos Pando de Poniente, Emilio Rodríguez, aunque «le ha parecido prematuro el cambio, propuesto antes de que hubiera una sentencia contra el Rey emérito». No obstante, Rodríguez denuncia una unilateral forma de hacer del actual gobierno local: «El Ayuntamiento sigue una política de hechos consumados, y de nuevo nos ha pasado por encima». Suscribe que no solo se trata de esta ocasión, y recuerda los cambios del carril bici en la zona realizados bajo la consejería de Movilidad de Aurelio Martín: «Vino Aurelio un día antes de salir en prensa, a preguntarnos que qué nos parecía. Daba igual nuestra opinión, lo iban a hacer de todas formas. Con los cambios del carril rompen un jardín, pasan por delante de siete salidas de garaje y un parking, han puesto contenedores encima de la acera…»
A Charo Blanco, de la asociacion vecinal de Moreda, también le gustaría una mejor comunicación: «La pena es que en ningún momento se nos haya preguntado, por parte del ayuntamiento, por posibles propuestas. El cambio de nombre de la Avda. Juan Carlos I es un paso natural al devenir de los acontecimientos».
Por su parte, el presidente la Federación de asociaciones de vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete, pide que se institucionalice «un modelo para dar o quitar calles». Cañete cree que el alcalde Palacio ha sido «un gran olvidado» del callejero y «urgía» darle una y quitar la anterior denominación: «La propia imagen de un Rey saliendo de su país demuestra que ha sido indigno, no podemos tener nombres así en Gijón, cueste lo que cueste».
Aunque respeta que la alcaldía tiene la competencia legal en la cuestión, es crítico con el procedimiento llevado a cabo: «Hay una falta total de participación ciudadana en todos los aspectos de la ciudad, no solo en este. Los nombres de las calles, si se cambian, deberían tener un consenso vecinal. Para eso están los consejos de distrito. En movilidad está ocurriendo lo mismo. Se está actuando sin consultar a nadie».
El partido Ciudadanos de Gijón entraba esta mañana en el debate procedimental. Su concejal Rubén Perez Carcedo ha propuesto aprovechar la próxima reforma que se va a acometer del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento para incluir una regulación de la denominación de espacios públicos: «Es importante que exista un procedimiento claro que posibilite que estos nombramientos cuenten con el máximo consenso posible y garantice la participación ciudadana”.
La formación naranja quiere que se tasen «los motivos que justificarían cambiar las denominaciones ya existentes para evitar polémicas y arbitrariedades en los cambios, y dado el importante perjuicio que cualquier cambio ocasiona a los vecinos y comerciantes de la vía afectada».
