El Principado lanza un programa para movilizar vivienda vacía y ofrecer alquiler asequible a la clase trabajadora, pero tanto desde la esfera política como los sindicatos de inquilinos lo tachan de insuficiente y contradictorio
El nuevo programa ‘Alquilámoste’ nació con una promesa clara: movilizar vivienda vacía en Asturias y ofrecer alquiler asequible a familias con ingresos medios. Una iniciativa del Gobierno asturiano que busca atacar uno de los mayores problemas de la comunidad (y de todo el país)—la falta de vivienda disponible a precios razonables— y que, en palabras del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, pretende dar una respuesta “a la clase trabajadora que no está en riesgo de exclusión social, pero que tampoco puede pagar los precios del mercado”. El sistema se basa en un modelo de colaboración público-privada. Los propietarios ceden sus viviendas vacías a la Administración durante un periodo máximo de siete años y cuatro meses, a cambio de un canon mensual garantizado y con la seguridad de que el Principado se hace cargo de la relación con el inquilino y del mantenimiento del inmueble. A los inquilinos, por su parte, se les ofrece una vivienda en buen estado, con un alquiler al menos un 10 % inferior al mercado y nunca superior al 30 % de los ingresos del hogar.
“La Administración asume la relación con el inquilino y garantiza el cobro. Queremos generar confianza entre propietarios y facilitar el acceso a la vivienda”, resumía Zapico durante la presentación del programa, acompañado por el director general de Vivienda, Daniel Sánchez. El consejero resaltó además que el plan cuenta con un crédito ampliable, “como el salario social”, lo que permitirá ampliar recursos “tanto como sea necesario” para absorber más viviendas según la demanda. Pero, pese a su arranque, el plan no ha logrado el consenso. Y el debate político y social ha sido inmediato.
Vox lo tacha de “modelo gangsteril”
En la Junta General del Principado, las críticas han llegado con dureza. El diputado de Vox, Javier Jové, calificó ‘Alquilámoste’ como “un modelo que recuerda a las prácticas de los gánsteres en tiempos de Al Capone”. Según el parlamentario, el programa “implica que los propietarios entreguen sus viviendas con descuentos del 30 % al 50 % para luego recibir una protección que, en realidad, se paga con dinero de todos los asturianos”. Jové alertó además del coste económico que el sistema puede suponer para las arcas públicas, estimando que “con una morosidad del 30 % en programas similares y deudas acumuladas de cinco millones de euros, trasladar ese modelo a Asturias podría tener un impacto incalculable”. “Se socializan los riesgos y se privatizan los beneficios”, resumió el diputado, que también cuestionó la seguridad jurídica del programa.
Zapico respondió defendiendo que se trata de un programa voluntario, “basado en la confianza mutua y en garantías reales para el propietario”. “No es una intervención forzosa ni una expropiación encubierta, sino una herramienta para dar salida a las viviendas vacías sin perjudicar a nadie”, replicó.
Los inquilinos también desconfían
Pero las críticas no solo vienen de la derecha. Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturies, el programa ha sido calificado de “proyecto neoliberal”, por considerar que “utiliza dinero público para bonificar a los propietarios privados”. En un comunicado, el sindicato denuncia que “en lugar de recuperar las más de 100.000 viviendas vacías para darles un uso social, el Principado paga con fondos públicos a los rentistas”. Según la organización, el plan “no bajará el precio del alquiler, sino que mantiene el negocio inmobiliario con recursos públicos”.
Critican también que el programa solo alcanza a una pequeña parte de la clase trabajadora, ya que “los salarios reales son mucho más bajos de lo que el Gobierno considera ‘ingresos medios’”. Además, el sindicato cuestiona que Vipasa, la empresa pública encargada de gestionar el plan, “actúe como un fondo buitre”, recordando casos de desahucios y cobros abusivos: “Así no se baja el alquiler, así se perpetúa el modelo que ha creado la crisis de vivienda”, afirman desde la organización, que propone medidas más radicales: regulación de precios, expropiación de viviendas vacías y alquileres indefinidos.
Entre ambos extremos, el Gobierno defiende su posición como “realista” y “gradual”. Zapico reconoce que el proyecto no transformará el mercado “de la noche a la mañana”, pero insiste en que “hay que madurarlo, llevarlo al territorio y ganar confianza en el proceso”. El modelo se inspira parcialmente en el Visigune vasco, que lleva años funcionando, aunque con resultados desiguales. En Asturias, el reto será convencer tanto a los propietarios —para que cedan sus viviendas vacías— como a los inquilinos, que siguen reclamando una solución estructural al problema de la vivienda. Sea como fuere, y tal y como confirmó este martes Ovidio Zapico, el Boletín Oficial del Principado (Bopa) publicará el día 20 la resolución sobre el programa, momento a partir del cual los propietarios de viviendas vacías que así lo deseen podrán inscribirlas en esta iniciativa para arrendarlas.
