Decidir primero y corregir después: el patrón que define el mandato
En el Debate sobre el Estado del Municipio celebrado este lunes, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, situó la rectificación en el centro de su balance político. Reivindicó la capacidad de corregir decisiones como un ejercicio de responsabilidad, escucha activa y madurez democrática, y defendió que reconocer errores no debilita a un gobierno, sino que refuerza su credibilidad.
A lo largo del mandato iniciado en verano de 2023, la rectificación no ha sido un hecho aislado, sino un elemento recurrente del funcionamiento político del gobierno municipal. La secuencia se repite con variaciones: decisiones anunciadas con ambición o contundencia, contestación social o institucional, y posterior ajuste, paralización o redefinición del planteamiento inicial. Esa dinámica no es exclusiva de Gijón ni de Foro, pero en este mandato aparece con la suficiente frecuencia como para convertirse en una pauta reconocible. Más que una excepción, la rectificación parece formar parte del método.
Rectificar, sin embargo, no es un gesto neutro en la gestión pública. Cada rectificación tiene un precio que no siempre se explicita: costes económicos directos, derivados de estudios, informes, licitaciones o proyectos que quedan en suspenso; costes de planificación, al alterar calendarios y prioridades; y costes de confianza, al poner en cuestión la solidez de cualquier plan anunciado. Cuando la corrección deja de ser excepcional y se vuelve recurrente, la pregunta que se instala en la ciudadanía ya no es si el gobierno escucha, sino si sus decisiones son fiables en el tiempo.
«Sí, pero no es Ana González»
Buena parte del margen político del actual gobierno se ha apoyado, desde el inicio del mandato, en un marco comparativo muy presente en la conversación pública local: la idea de que, pese a las polémicas actuales, esta etapa “no es la de Ana González”. La referencia a la anterior alcaldesa socialista y a su forma de hacer las cosas ha funcionado como argumento de contención, al asociar aquel periodo a decisiones percibidas como unilaterales o ideológicamente marcadas.
Ese marco ha permitido relativizar conflictos recientes y otorgar al gobierno de Moriyón un crédito inicial basado en la expectativa de mayor pragmatismo y diálogo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el debate ha ido desplazándose. Ya no se trata solo de comparar estilos, sino de analizar si el actual gobierno ha desarrollado un patrón propio de impulso inicial y la corrección posterior.
El Museo Nicanor Piñole y la política cultural
Uno de los ejemplos más citados por la propia alcaldesa es el del Museo Nicanor Piñole. El anuncio del cierre del museo y del traslado de la colección para instalar en el edificio la Oficina de Políticas de Igualdad generó una contestación inmediata de colectivos culturales, vecinales y feministas. La decisión fue percibida como precipitada y carente de consenso con los responsables del legado.
El giro posterior, con el compromiso de mantener la colección en su ubicación actual hasta que exista un edificio acondicionado y con su encaje futuro en el proyecto cultural de Tabacalera, fue presentado como resultado de la escucha activa. Desde el punto de vista presupuestario, el episodio se inserta en una operación cultural de gran envergadura: la transformación de Tabacalera cuenta con un presupuesto que supera los 22 millones de euros, repartidos en varios ejercicios.
El caso ilustra una constante del mandato. La rectificación permitió reconducir el conflicto y cerrar un acuerdo, pero también evidenció que la decisión inicial se tomó sin un trabajo previo suficiente de diálogo y planificación cultural -esta última brillando por su ausencia-. La corrección llegó, pero llegó después de haber generado desgaste institucional y de haber obligado a reordenar prioridades y recursos. A día de hoy, se desconoce el plan para las nuevas oficinas de Igualdad.
Munuza y el urbanismo como prueba piloto
La reordenación del tráfico en la calle Munuza siguió un esquema similar. El Ayuntamiento impulsó una prueba piloto para suprimir un carril y priorizar el tránsito peatonal. Meses después, el propio gobierno descartó la intervención al considerar que los resultados no habían sido concluyentes, con una fricción clara entre el concejal de Movilidad y el de Obras Públicas.
El coste económico directo fue limitado, concentrado en señalización y medidas temporales, pero el episodio reforzó la percepción de que determinadas decisiones urbanas se adoptan como experimentos sobre espacios consolidados, sin un proceso previo de participación que amortigüe el impacto social. En este punto aparece uno de los efectos menos visibles de la política de la rectificación: la erosión de la planificación. Cada cambio de rumbo implica rehacer proyectos, ajustar calendarios y asumir que parte del trabajo previo no tendrá continuidad.
Zona de Bajas Emisiones: del rechazo al cumplimiento diferido
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones es otro ejemplo de ajuste forzado. En los primeros compases del mandato, Foro construyó un discurso crítico con las políticas de movilidad heredadas, denunciando lo que calificaba como imposiciones ideológicas y anunciando el fin de la exigencia del distintivo ambiental.
La normativa estatal obligó a corregir el rumbo. La ZBE se implanta, pero con un enfoque diferido en el régimen sancionador y con un discurso orientado a minimizar su impacto inmediato. El despliegue técnico ha supuesto un coste relevante en estudios, señalización y sistemas de control, cercano al millón de euros según estimaciones municipales. La rectificación, en este caso, no fue fruto de una revisión estratégica, sino de la imposibilidad de sostener el planteamiento inicial.
El Mundial: del compromiso firmado al «no es no«
Quizá el caso más paradigmático sea el del Mundial de fútbol de 2030. Moriyón firmó un documento de compromiso institucional con el Principado para apoyar la candidatura de El Molinón. Ese gesto situó a Gijón dentro del proceso. Meses después, el Ayuntamiento pasó a liderar el rechazo, con campañas incluidas, bajo el lema del coste y la prudencia financiera.
La firma existió. El cambio también. La rectificación se produjo no tras un debate ciudadano, sino tras un cálculo político sobre el impacto económico y simbólico del proyecto. De nuevo, el paso atrás llegó después del paso adelante.
Albergue Covadonga: del conflicto social a la erosión institucional
El Albergue Covadonga constituye uno de los episodios más complejos del mandato por la confluencia de política social, conflicto vecinal y gestión interna. La concejalía de Servicios Sociales planteó el traslado temporal de las personas usuarias al Hogar de San José, en El Natahoyo, para poder acometer una reforma integral del edificio del albergue. Todo ello siguiendo los estudios e instrucciones de los técnicos municipales.
La propuesta derivó rápidamente en una escalada de tensión que culminó en noviembre de 2025 con un escrache a la alcaldesa. Tras ese episodio, Moriyón difundió un comunicado en el que rechazó el clima de hostilidad y afirmó que ese comportamiento no representaba a Gijón. En ese mismo mensaje cifró en cinco millones de euros la inversión prevista para reformar el albergue, con un plazo de ejecución estimado de dos años.
Pocos días después, el Ayuntamiento paralizó el traslado. La alcaldesa argumentó que no se impondrían decisiones en un contexto de crispación y asumió en primera persona la búsqueda de alternativas. El giro fue interpretado por distintos sectores como una rectificación motivada por la presión social más que por un proceso previo de deliberación.
A esta lectura se ha sumado en enero de 2026 una nueva derivada política procedente del interior del propio gobierno municipal. Fuentes del Partido Popular de Gijón han expresado su malestar por la gestión realizada desde la Alcaldía en relación con el concurso para la recogida de ropa usada, adjudicado por EMULSA y recurrido por Cáritas. Según ese relato, la Alcaldía habría tenido conocimiento del recurso de alzada desde agosto y permitió que el plazo legal expirara sin resolución, provocando su desestimación por silencio administrativo negativo.
Las mismas fuentes cuestionan una reunión celebrada en octubre entre la alcaldesa y representantes de Cáritas, en la que Moriyón habría manifestado desconocer el recurso. Además, advierten del riesgo de reclamaciones patrimoniales e indemnizaciones si el conflicto acaba judicializándose. Más allá del desenlace administrativo, el episodio refuerza la idea de una gestión reactiva, en la que la rectificación o el repliegue se producen una vez desatada la crisis, con el consiguiente coste político y de confianza. Esta misma semana conoceremos nuevas informaciones al respecto.
El soterramiento del Muro: de promesa asumible a estudio de viabilidad
El soterramiento del tráfico en el Muro de San Lorenzo es uno de los proyectos que mejor refleja el contraste entre el discurso preelectoral y la situación actual. En febrero de 2023, Foro lo presentó como una actuación lógica y asumible, con un coste estimado de entre 35 y 50 millones de euros y un plazo de ejecución de entre 18 y 26 meses.
En octubre de 2025, el enfoque público había cambiado de forma sustancial. El proyecto pasó a una fase de estudio para analizar si es viable, materializada en el encargo de un informe geotécnico y de viabilidad por un importe de 132.337 euros. La propia alcaldesa situó el compromiso del mandato en definir proyecto, plazos y financiación.
Desde una perspectiva de gestión, este caso ilustra cómo una promesa estratégica puede transformarse en un expediente técnico que gana tiempo, pero también introduce incertidumbre. El gasto en estudios no es menor si se acumula con otros procesos similares y contribuye a una sensación de provisionalidad que afecta a la credibilidad de los planes anunciados. Fuentes internas del Ayuntamiento afirman abiertamente que todo esto es «un brindis al sol», destacando que el propio Foro sabe que no se va avanzar más allá, al menos en este mandato.
La expulsión de Vox y el cambio de gobernabilidad
El mayor cambio de rumbo del mandato no se produjo en una política sectorial, sino en la arquitectura del gobierno municipal. En octubre de 2023, apenas tres meses y medio después de iniciar el mandato, Moriyón expulsó a Vox del gobierno local, alegando desavenencias y acusando al partido de paralizar el funcionamiento del Ayuntamiento.
La ruptura supuso una recomposición inmediata de la gobernabilidad y reforzó la imagen de un mandato marcado por decisiones rápidas y ajustes posteriores, no solo en políticas concretas, sino también en alianzas de poder. Es preciso recordar el doble giro en este caso: Moriyón prometió en la campaña electoral a las asociaciones feministas que nunca pactaría con Vox, luego pactaría con ellos para acceder al gobierno y los expulsaría meses después, obteniendo la lealtad de Oliver Suárez, que pasó del partido de Sara Álvarez Rouco a ser concejal no adscrito para garantizar la continuidad de Foro.
La rectificación como línea de gobierno
En su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio, la alcaldesa defendió que rectificar también es una forma de acertar cuando beneficia a la ciudadanía. Desde un punto de vista analítico, la cuestión central no es esa afirmación, sino la frecuencia con la que la rectificación aparece como elemento estructural del mandato.
Los episodios revisados muestran un patrón reconocible: anuncios con ambición, contestación social o institucional y posterior ajuste, paralización o redefinición. Ese patrón puede interpretarse como pragmatismo y flexibilidad, pero también tiene efectos acumulativos. Cuestiona la coherencia de los planes, introduce incertidumbre sobre su ejecución y debilita la confianza ciudadana en la palabra institucional.
No se trata solo de cuánto cuesta rectificar en términos presupuestarios, sino de qué mensaje se transmite cuando proyectos estratégicos se anuncian, se repliegan y se reformulan una y otra vez. En ese contexto, cualquier nuevo plan nace bajo sospecha: la de ser provisional, revisable o susceptible de quedar en nada.
En el Gijón del actual mandato, la rectificación no es solo un recurso retórico. Se ha convertido en una de las líneas prácticas que definen la acción de gobierno. La valoración final de ese modelo dependerá de si, en la segunda mitad del mandato, la corrección posterior da paso a una mayor previsibilidad o si, por el contrario, el coste en planificación, recursos y confianza continúa marcando el ritmo de la política municipal.
