«Con el certificado digital, si se aporta un test PCR negativo o se demuestra que se ha superado la enfermedad, será posible viajar sin cuarentenas entre los países de la Unión Europea»
Mantener el empleo a pesar de las restricciones necesarias para frenar la emergencia sanitaria de la COVID-19 es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos desde el estallido de la pandemia. En España, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), prorrogados actualmente hasta el próximo 31 de mayo, han sido claves para evitar la destrucción de millones de puestos de trabajo. Al igual que nuestro país, la mayoría de los Estados miembros de la UE pusieron en planta programas similares para preservar el empleo.
Consciente de ello y de la extraordinaria situación que vivimos desde marzo de 2020, la Comisión Europea propuso en abril del año pasado la creación del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE, por sus siglas en inglés). Este programa, financiado con deuda comunitaria, puede proporcionar hasta 100.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para hacer frente al repentino aumento del paro provocado por la pandemia. Tras Italia, España es el segundo país al que más financiación procedente de este instrumento le corresponde: hasta 21.300 millones de euros. La Comisión Europea ha hecho hasta la fecha varios desembolsos a nuestro país. El más reciente, el pasado 30 de marzo, cuando el Ejecutivo comunitario transfirió 13.000 millones del programa SURE a seis Estados miembros, entre los que figuraban España, receptora de más de 4.000 millones, Italia, Bélgica o Irlanda. En palabras del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, el instrumento SURE es una “historia europea de éxito”, consagrada al apoyo a los trabajadores y trabajadoras de los sectores más golpeados por la presente crisis, como el turismo, la hostelería, el comercio o la cultura, entre otros. El programa SURE demuestra que es posible una Europa que ponga en el centro a las personas y proteja los derechos laborales de la ciudadanía.
Junto a los derechos sociales, la libre circulación de personas constituye uno de los pilares del proyecto europeo. Al igual que el empleo, este ha sido un ámbito especialmente tocado por la pandemia: el cierre de fronteras, primero, y la exigencia de tests negativos y cuarentenas, después, han mermado enormemente nuestras posibilidades de viajar entre distintos Estados miembros de la UE. Moverse libremente por toda la Unión es una seña de identidad de varias generaciones de europeos que crecieron con este derecho, y uno de los beneficios más tangibles de la ciudadanía europea. Además, las restricciones a la movilidad han sido determinantes en la caída del flujo de turistas europeos en el último año, lo que lamentablemente ha supuesto notables pérdidas económicas y de puestos de trabajo, especialmente en el sur del continente.
«Se respetarán todos los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluidos dos especialmente sensibles»
A fin de apoyar al sector turístico y de garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer el derecho a moverse por la UE el próximo verano, la Comisión presentó el pasado 17 de marzo una propuesta para crear un certificado digital verde. Con este certificado, que se podrá obtener si se ha recibido la vacuna del COVID-19, si se aporta un test PCR negativo o se demuestra que se ha superado la enfermedad, será posible viajar sin cuarentenas entre los países de la Unión. Además, el certificado será digital y gratuito, por lo que su obtención será más sencilla y parece seguro que todos los ciudadanos podrán beneficiarse de él. Aunque a priori este proyecto pudiera plantear ciertas dudas, tal y como lo ha planteado la Comisión, todo indica que se respetarán todos los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluidos dos especialmente sensibles: los derechos a la no discriminación y a la protección de datos. En todo caso, tras la presentación del proyecto por parte de la Comisión y la aprobación en el último pleno del Parlamento para su tramitación por el procedimiento de urgencia, las instituciones colegisladoras, Parlamento y Consejo, trabajarán en las próximas semanas para perfeccionar la propuesta y garantizar que esté listo en el mes de junio, al inicio de la temporada estival.
Tanto el programa SURE como el proyecto de creación del certificado digital verde son, junto con el histórico paquete europeo de recuperación, ejemplos del trabajo que, desde las instituciones europeas, se lleva a cabo para reducir los efectos económicos y sociales de la pandemia y lograr que la ciudadanía recupere cuanto antes el pleno ejercicio de sus libertades. Seguiremos informando.
Ana Martínez es colaboradora de miGijón y asistente en el Parlamento Europeo
