Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas: «Se ha pretendido, y a veces conseguido, asustar a los propietarios con la amenaza de una invasión de turismo barato, grosero y ruidoso»
El Consejo Asesor de Turismo de Asturias avanza en la nueva regulación de las viviendas de uso turístico, en la que se prevé incluir la obligatoriedad de una autorización expresa para instalar viviendas turísticas en comunidades de vecinos. El Consejo, constituido este lunes, pretende continuar con el proceso de diálogo entre instituciones y agentes implicados para llegar a una regulación de este tipo de viviendas «de manera dialogada y consensuada» para «seguir mejorando las señas de identidad, de calidad, y de sostenibilidad», según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejera de Turismo, Gimena Llamedo. Llamedo ha explicado que el actual decreto ya recoge que si una comunidad de vecinos prohíbe la instalación de una vivienda de uso turístico, esta no puede desarrollar su actividad. «Con esta nueva regulación vamos un paso más allá», ha explicado, al igual que otras comunidades autónomas.
Sin embargo, el avance en la futura normativa no es del agrado de todos los actores implicados, y desde la Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas, ya ha mostrado su descontento ante los pasos que previsiblemente se darán. «Mostramos nuestra total disconformidad con el impulso de esta normativa, ya que parte de premisas erróneas, plantea modificaciones ilegales y no regula nada que no esté ya recogido en la normativa vigente en la actualidad», destaca a través de una nota de prensa Rubén Espina, de la citada asociación.
Según sus palabras, «se ha pretendido, y a veces conseguido, asustar a los propietarios con la amenaza de una invasión de turismo barato, grosero y ruidoso. Pero lo cierto es que las Viviendas de Uso Turístico son disfrutadas por turistas responsables que prefieren la libertad de un alquiler a otras posibilidades igual de recomendables, según gustos». En el duro comunicado que la asociación ha hecho público este lunes, también se hace referencia a que se «tengan en cuenta la ilegalidad de algunas propuestas, y la ruptura con la cohesión y seguridad jurídica del sistema que implican otras. Que sepan que cuentan con la oposición más firme por parte de los titulares de las 5.696 viviendas afectadas, a quienes no se ha consultado ni como asociación, ni a nivel individual. Y que no se olviden, por último, que somos los más interesados en que se elimine el intrusismo y las irregularidades».
