Los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria han acordado acudir al Tribunal Supremo en caso de que el Gobierno de España siga adelante con su proyecto de proteger al lobo y prohibir su caza en el conjunto del país.
Así lo han explicado tras el encuentro desarrollado este martes en el Centro para la Defensa Contra el Fuego en León en el que han tomado parte los consejeros de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones; de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Galicia, Ángeles Vázquez; de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Jesús Calvo; y de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Cantabria, Guillermo Blanco.
Suárez-Quiñones como anfitrión de este encuentro ha sido el primero en tomar la palabra y ha puesto de manifiesto el riesgo que puede suponer que «entre en vigor la orden ministerial el próximo 25 de septiembre para las provincias loberas» y ha defendido el encuentro de este martes con el fin de «renovar el compromiso con la ganadería, los pueblos y el medio rural».
Asimismo, ha reiterado que «se pide algo sencillo de entender como es una mesa de trabajo y la retirada del proyecto de orden ministerial» y ha avisado que «no se puede poner en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y luego querer hablar».
En esta línea, ha criticado «la sucesión de actos atropellados» y ha reivindicado «una gestión nacional aprobada en 2005 en la que siempre ha habido consenso en el ámbito de la biodiversidad y que no se puede tomar ninguna decisión sin modificar esta estrategia».
El consejero de Fomento y Medio ambiente de la Junta ha ofrecido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico «respetar el consenso de las Comunidades, exponer las razones y que se llegue a una conclusión».
Del mismo modo, ha reclamado la necesidad de «actualizar el censo nacional del lobo, que falta por hacerlo» y ha pedido al Gobierno de España que «la estrategia tenga consenso y se avance de abajo a arriba y no a la inversa».
En caso de que el Gobierno de España no vaya en esta línea ha avanzado que «estas cuatro Comunidades si no hay una retirada del proyecto a mediados de junio y una llamada al diálogo coordinarán sus censos para desarrollar uno nacional y elaborarán su propio texto de estrategia nacional de forma constructiva y eficaz».
Por último, ha reiterado que «pedirán medidas cautelarísimas al Tribunal Supremo» en caso de que siga adelante y ha puesto de manifiesto que «con ello se defiende el territorio y la ganadería extensiva como medio para la pervivencia del medio rural».
Empatía y diálogo
La Consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Junta de Galicia ha seguido en la misma línea y ha demandado «diálogo, la retirada de la orden ministerial y empatía» porque, a su juicio, «no se puede proteger en exceso una especie en favor de otras».
Y es que ha reconocido que «España tiene un buen número de manadas de lobos y esta especie goza de buena salud» y ha incidido en incluir en la adopción de decisiones «a las asociaciones agrarias por su gran importancia en la gestión equilibrada, de entendimiento y empatía entre el lobo y el hombre».
Asimismo, ha destacado que «todas las comunidades cuentan con un plan de gestión, en el caso de Galicia desde 2009» y ha añadido que desde 2015 se han incrementado las manadas de lobos, lo que ha provocado que «hayan aumentado los ataques y los daños a los ganaderos».
Para hacer frente a ello, ha señalado que «es necesaria la coordinación con el Gobierno de España» y ha solicitado la puesta en marcha «de una mesa en la que participen las Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias para decidir si el lobo debe formar parte de la lista de especies protegidas o no».
También, ha reiterado que «el lobo no es una especie amenazada» y ha enfatizado e la necesidad de «tener una respuesta económica porque no puede ser que sea yo quien invito y el resto sean los que pagan».
Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias ha manifestado la oportunidad de «recuperar el dialogo y consenso» y ha confirmado «la voluntad de colaboración y lealtad institucional» a partir de una reunión que «no quiere situarse en el conflicto».
Además, ha incidido en la posibilidad de «recuperar el consenso con la renovación de la estrategia nacional» y ha avanzado que «se está a tiempo de recuperar ese camino y que todos puedan participar en este proceso».
En este sentido, ha indicado que «hay que ser capaces de construir un objetivo constructivo y eficaz» y ha reclamado que «no se introduzca nuevos valores de incertidumbre» ya que puede que los actuales planes de las Comunidades queden en una situación dudosa y «hay que asegurarlo bajo cualquier circunstancia».
Por último, ha reconocido que «ese es el trabajo que hay que abordar» y ha añadido que «se abre una oportunidad si existe consenso con la posibilidad de un nuevo presupuesto en el ámbito de la conservación de la biodiversidad».
«Esto no es azules contra colorados»
El último en tomar la palabra ha sido el consejero de Desarrollo Rural de Cantabria que ha reflejado que «esto no es un azules contra colorados, en esta reunión hay consejeros de partidos distintos».
Así, se ha mostrado muy critico con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que «lleva a todo lo contrario cuando debería luchar contra el despoblamiento que está sufriendo el medio rural».
En esta línea, ha denunciado que «no se cuenta con los parlamentos, ayuntamientos, ni con el medio rural ni sus representantes» y ha enfatizado en que «se ha despreciado las llamadas al consenso, ni se han contestado a los informes presentados ni argumentado la carta remitida ya hace unos meses».
Eso sí, ha avisado que «ninguna de las cuatro comunidades «quieren exterminar al lobo», sino que se persigue «un equilibrio y control con una especie que está en la cima de la cadena y solo el hombre puede hacerlo».
Asimismo, ha recordado que «los ganaderos no son turistas y ni se les ha preguntado», pero ha asegurado que «no vamos a dejar que abandonen sus estaciones de trabajo, porque no quieren que les paguen los animales, lo que quieren es que no les maten a los animales».
Por último, ha destacado que no se permitirá que «desde Madrid se avasalle» a un medio rural al que hay que «seguir defendiendo» y para ello se ha instado a que «en un plazo determinado paralicen la orden que protege al lobo».
