Ocho regiones que agrupan una cuarta parte de la población en España culminan en Santiago de Compostela un acuerdo para pedir mayor peso a la hora de obtener recursos del Estado
La defensa de ocho comunidades autónomas por un sistema de financión más justo se ha escenificado este martes en Santiago de Compostela. Allí ha estado en representación del Principado de Asturias Adrián Barbón, quien ha incidido en que este foro de presidentes autonómicos «no es un frente» contra otras regiones y ha apelado a la «solidaridad» de todas la comunidades en materia de financiación autonómica para que «ninguna quede atrás».
Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la cumbre de Santiago de Compostela han reclamado «transparencia» en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que piden que «solo» sea «fruto de un consenso multilateral» en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). De esta forma, los ocho mandatarios autonómicos, que piden que se tengan en cuenta todas las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, reclaman que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden «al margen de los legítimos espacios biltareales entre el Gobierno central y cada comunidad». El documento, que consta de 35 puntos, reclama también el refuerzo del CPFF con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las comunidades y al Gobierno para determinar el coste real de los servicios y la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual.
Sin privilegios
En el arranque del documento, las ocho comunidades reivindican que comparten «intereses comunes, que nacen de sus características socioldemográficas, económicas e históricas», y remarcan el papel de las autonomías y el trabajo que deben realizar en «estrecha coordinación» con el Gobierno central y «con absoluta lealtad a los intereses generales». «Reiteramos nuestra adhesión incondicional a los principios que regulan la organización territorial del Estado en la Constitución: la unidad de la Nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas», recoge el texto, en el que se alude a la «emergencia demográfica» y se ejemplifica con que las ocho comunidades suponen un 61,97% de la superficie española y un 24,13% de su población.
«Estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura demográfica e imponen retos específicos a sus Administraciones, que deben prestar a los españoles que viven en ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de los ciudadanos del país», agrega, al tiempo que incide en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser fruto «de la colaboración activa y leal» de todas las administraciones. En este sentido, expresan su voluntad de consenso, pero advierten que «el modelo resultante de las negociaciones deberá respetar la igualdad de todos los españoles protegida por la Constitución, así como rechazar «privilegios económicos o sociales como recoge el artículo 138 de la Carta Magna».
Sin acuerdo por el lobo
Las comunidades autónomas de Extremadura y La Rioja se han descolgado finalmente de la propuesta de Cantabria para que las ocho comunidades autónomas presentes en la cumbre blindaran una posición común de cara apoyar a las regiones que albergan la práctica totalidad de lobos de España para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de esas comunidades.
En un primer borrador del acuerdo se daba cabida a esta premisa, que pasaba por reivindicar al Gobierno de España que «recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación del lobo en el país», propuesta planteada por el Gobierno de Cantabria y ante la que finalmente no ha habido acuerdo. En la declaración final, que se ha dejado por el camino 12 puntos, sí que se incluye una adenda por la cual los otros seis gobiernos presentes en la mesa de negociación sí que muestra su apoyo a la ganadería extensiva, «fundamental en la economía de las zonas rurales».
