Las cuatro comunidades, que aglutinan el 95% de la población de esta especie, se muestran en «desacuerdo» con la nueva ruta de la ley estatal de conservación

Plante del noroeste peninsular al Gobierno central por la protección del lobo. Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León han formado su propio grupo de trabajo y abandonan la del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas cuatro comunidades, que albergan el 95% de la población de lobo ibérico, muestran de esta forma su «desacuerdo» con la nueva estrategia estatal, que desde el pasado mes de septiembre incluye al lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), lo que obliga al Principado a bloquear su gestión autonómica, que contemplaba abatir 32 ejemplares en el próximo año y medio.
Esta nueva mesa pretende «compartir el conocimiento, los datos y experiencias acumuladas» para «proponer actuaciones de forma conjunta». En la primera sesión, celebrada esta mañana, el principal punto aprobado ha sido la elaboración de un censo coordinado de lobo ibérico en estos territorios para «conocer el verdadero estado de conservación de la especie», siempre siguiendo la actuación avalada por la Comisión Europea a través de la Directiva Hábitats. De hecho, el nuevo grupo de trabajo ha mostrado su «desacuerdo con la dinámica de la elaboración de la nueva Estrategia» estatal para la conservación del lobo en el país. «Se ha trasladado a la Unión Europea un informe sobre el estado de conservación de la especie que no tiene en cuenta los datos que le hemos enviado desde las comunidades autónomas», ha denunciado el director general del Medio Natural del Gobierno de Asturias, David Villar.
Asturias sigue trabajando intensamente en el ámbito de sus competencias, en cumplimiento de todas las líneas recogidas en el Plan de gestión del lobo, excepto en los controles poblacionales que han sido suspendidos temporalmente hasta que se disponga de seguridad jurídica.