Las cesiones a ERC ponen en riesgo la igualdad territorial y enfrentan al Principado con sus propios acuerdos
El debate sobre la financiación autonómica ha vuelto a situar a Asturias en una posición incómoda dentro del tablero político nacional. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y ERC ha provocado una reacción en cadena en el Principado, donde tanto el Ejecutivo autonómico como la oposición coinciden en una idea de fondo: las cesiones de Pedro Sánchez a sus socios independentistas dejan comprometida la posición política y negociadora del Gobierno asturiano.
El encargado de fijar la postura oficial del Ejecutivo regional ha sido el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, quien ha reclamado de forma expresa la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Para Peláez, la reforma del modelo de financiación autonómica “no puede ser un contrato de adhesión”, sino el resultado de una negociación multilateral en la que participen todas las comunidades autónomas.
El consejero ha defendido un modelo “centrado en garantizar los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad en un plano de igualdad en toda España”, subrayando además la necesidad de que se tengan en cuenta las particularidades de Asturias, como el envejecimiento de la población o la dispersión territorial. En ese proceso, ha recordado, el Principado defenderá el acuerdo aprobado en la Junta General —con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias salvo Vox— y la Declaración de Santiago, firmada por ocho comunidades autónomas y contraria a acuerdos bilaterales.
Sin embargo, el pacto entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana de Catalunya ha dinamitado ese consenso previo, según denuncian desde la oposición. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado el acuerdo como “una nueva agresión directa a nuestra tierra” y ha advertido de que rompe todos los acuerdos suscritos por el Principado en materia de financiación.
Queipo sostiene que el entendimiento con ERC supone aceptar el denominado principio de ordinalidad, que permitiría a determinados territorios mantener una posición privilegiada en el reparto de recursos. Un planteamiento que, recuerda, fue rechazado expresamente en la Mesa de Financiación del Principado y contradice los principios de equidad, suficiencia y solidaridad interterritorial. A su juicio, Sánchez “vuelve a vender el Estado” para mantenerse en el poder, esta vez a costa de comunidades como Asturias.
El líder del PP asturiano ha ido más allá al exigir a los diputados socialistas asturianos en el Congreso que voten en contra del acuerdo y ha emplazado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a condenar públicamente lo que considera un nuevo “atentado” contra la financiación de los servicios públicos asturianos. Como ejemplo del agravio comparativo, Queipo ha contrapuesto la subida del peaje del Huerna con los 4.700 millones de euros que, según denuncia, recibirá Cataluña.
En una línea similar se ha pronunciado el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien ha asegurado que el acuerdo “acaba con la solidaridad entre españoles y entre territorios”. Pumares ha señalado que el anuncio realizado por Oriol Junqueras no debería sorprender a nadie y ha vinculado directamente este pacto con el apoyo socialista a la investidura de Salvador Illa en Cataluña, un precio que, en su opinión, se paga con los servicios públicos de los asturianos.
Así, mientras el Gobierno del Principado reclama una negociación multilateral que preserve los consensos alcanzados, las decisiones del Ejecutivo de Sánchez tensionan ese discurso y colocan a Asturias en una posición política delicada. La sensación compartida es que el Gobierno regional queda atrapado entre la defensa de sus acuerdos internos y las concesiones del Gobierno central, en un contexto que amenaza con debilitar la igualdad territorial que dice defender.
