La Ley Antifraude obliga a adaptar y renovar los programas de facturación para cumplir en 2026 con las nuevas reglas marcadas por Hacienda a través del nuevo mecanismo para registrar y enviar la información de las facturas en tiempo real
Caja Rural de Asturias, gracias a un convenio firmado con FADE, va a facilitar a PYMEs y autónomos soluciones tecnológicas para la implantación del sistema Verifactu. La entrada en vigor en España de la Ley Antifraude obliga a PYMEs y autónomos a adaptar y renovar sus programas de facturación para cumplir en 2026 con las nuevas reglas marcadas por la Agencia Tributaria, y garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.
La Agencia Tributaria presentó hace unos meses Verifactu, el nuevo sistema en el que los programas de facturación electrónica deberán registrar y enviar la información de las facturas en tiempo real. Un proceso muy similar al que está implementado en el País Vasco desde 2022 con TicketBAI y Batuz.
En este contexto, la empresa Ukabi y su socio tecnológico Wolters Kluwer, especializados en el desarrollo de programas de gestión como softwares de facturación electrónica, han firmado un acuerdo estratégico con Caja Rural de Asturias a través de Banco Cooperativo Español para ir de la mano en la implantación de la nueva legislación entre sus clientes.
Los clientes de Caja Rural de Asturias podrán contar con un programa de acompañamiento, formación y asesoramiento sobre la normativa y la tecnología de facturación que necesitan a través de la empresa Nea Master, partner de Ukabi y Wolters Kluwer.
Sobre la Ley Antifraude La Ley Antifraude, también conocida como Ley 11/2021, tiene como objetivo principal prevenir y luchar contra el fraude fiscal, especialmente en la gestión de facturación y pagos en efectivo.
Esta ley se aplica a autónomos y empresas con una facturación anual inferior a 6 millones de euros, obligándolos a utilizar software de facturación certificado y a cumplir con nuevas reglas sobre pagos en efectivo. Cualquier dispositivo que emita facturas deberá contar en 2026 con una solución registrada para garantizar su correcto funcionamiento.
