«La financiación autonómica no puede imponerse por acuerdos bilaterales»
«La Cámara de Oviedo no tiene ningún interés en gestionar la Feria de Muestras de Asturias. Es un rumor recurrente»
Con un discurso alejado del ruido y una agenda conectada con los grandes centros de decisión, Carlos Paniceres ha consolidado un perfil de liderazgo que trasciende el ámbito local. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo desde mayo de 2018 —un mandato que este año afronta elecciones—, ha desempeñado un papel relevante en la llegada a Asturias de proyectos estratégicos como Indra o el Hospital Quirón, reforzando el papel de la institución cameral como herramienta para atraer inversión y generar empleo.
Formado en Alta Dirección por el IESE y con una amplia trayectoria empresarial, Paniceres es consejero delegado de Gesprin y Transinsa, además de CEO de Sanir, con actividad a nivel nacional. Reconocido por su implicación durante la pandemia, defiende una Cámara fuerte, útil y eficiente, con vocación regional y capacidad de influencia real. Bajo su mandato, la institución ha impulsado proyectos como el acuerdo de La Vega, la llegada de Amazon, la puesta en marcha de Sekuens o la implantación de la Universidad Alfonso X el Sabio, trabajando en clave Asturias y con presencia activa en la mayor parte del territorio. En esta entrevista aborda además cuestiones clave para la economía asturiana como la incertidumbre empresarial, la reforma de la financiación autonómica, el conflicto del peaje del Huerna, las infraestructuras pendientes y el modelo de región que, a su juicio, necesita Asturias para competir en el largo plazo.
Acabáis de mantener una reunión con el embajador de Colombia. En una situación tan convulsa en Hispanoamérica, ¿qué intereses tienen allí las empresas asturianas?
Yo creo que hay dos ángulos claros. Por un lado, empresas que pueden querer invertir allí o que ya están desarrollando algún proyecto. Ayer estuvo alguna empresa que pertenece a la Cámara y que está trabajando, por ejemplo, en catálogos urbanísticos.
Pero, sobre todo, fue muy interesante la orientación hacia la seguridad jurídica, que es uno de los grandes problemas para la inversión en Hispanoamérica. El embajador nos habló de nuevas leyes que se han aprobado y de otras que se van a reforzar. Además, es un embajador con perfil empresarial, y eso se nota en el enfoque.
Nos habló también de un plan de infraestructuras muy potente y de un mecanismo equivalente a nuestra formación profesional que permite convalidar trabajadores en muy poco tiempo para traerlos aquí, en ámbitos como la sanidad, la construcción o distintas profesiones.
De hecho, hay una Cámara, la Cámara del Norte de España, que está trabajando en un procedimiento que permite que procesos de convalidación que ahora tardan casi un año se reduzcan a unos tres meses. Eso puede ser muy útil para las empresas asturianas.
Fue una reunión fructífera. Estuvo también Seresco, con su consejero delegado, y otras empresas. La actitud fue muy proactiva.
¿Qué valoración hace del contexto general del continente, especialmente de la situación de Venezuela?
La situación actual es anómala, pero la anterior también lo era. No se puede decir que estuviéramos en una situación normal. Hubo un proceso electoral con muchas dudas, no reconocido por la Unión Europea, y se hablaba incluso de otro presidente en el exilio.
La situación democrática en Venezuela, con presos políticos y un deterioro evidente del Estado de derecho, no era buena. Y la actual también es extraña, porque aunque pasan muchas cosas, al frente siguen estando personas del núcleo duro de Nicolás Maduro.
Parece que todo el mundo entiende que en las anteriores elecciones ganó la oposición, pero la realidad política no se corresponde con eso. Es una situación confusa, surrealista en algunos aspectos, y creo que tardará tiempo en normalizarse.
Hablaba de seguridad jurídica. Volviendo a España, ¿qué valoración hace de la seguridad jurídica para un empresario?
España no es Venezuela. En la Unión Europea hay leyes, normativas, un Estado de derecho y tribunales. No creo que el problema sea tanto la inseguridad jurídica como la incertidumbre.
Incertidumbre porque cada semana aparecen noticias y decisiones que afectan a la economía, a los presupuestos, a las licitaciones y a los costes empresariales. Se echa de menos estabilidad.
No es que no haya Estado de derecho, lo hay, pero hay un torrente constante de iniciativas que no vienen integradas en un paquete coherente, como unos Presupuestos Generales del Estado con una hoja de ruta clara.
Una incertidumbre que tiene consecuencias directas en las empresas.
Sí, especialmente en sectores como el concesional. Hay contratos a largo plazo en los que no se permite la indexación, pero al mismo tiempo se aprueban normativas que incrementan los costes.
Si una empresa acudió a una licitación con unas reglas y esas reglas cambian a mitad del proceso, se genera una disfunción muy importante. Hay concesiones de residuos, transporte y otros servicios que están atravesando muchas dificultades por este motivo.
Por eso insisto en que el problema principal es la incertidumbre: incertidumbre jurídica, económica y de hoja de ruta. Antes, con programas electorales claros, se sabía hacia dónde iba un gobierno. Ahora muchas decisiones surgen semana a semana, en un contexto de ruido político e inestabilidad.
¿Cómo valora el debate sobre la financiación autonómica?
Lo primero es prudencia. Me gustaría tener más datos antes de opinar de forma concluyente. Asturias no estaba mal posicionada en el sistema actual de financiación. Se habían tenido en cuenta algunas de nuestras peculiaridades, como el envejecimiento.
Los sistemas de financiación no son eternos, pero cualquier modificación debería ser multilateral, consensuada con todas las comunidades, y no impuesta por acuerdos bilaterales.
En un Estado social y de derecho deberíamos mantener el principio de igualdad, también en el reparto económico, para evitar que los territorios más débiles salgan perjudicados.
¿Dónde está la principal preocupación para Asturias?
En que comunidades como Asturias, periféricas, envejecidas y con costes elevados de servicios públicos, puedan verse perjudicadas. Aquí nos jugamos mucho a corto y medio plazo.
Hay análisis técnicos muy solventes que ponen en duda muchos aspectos del planteamiento actual. Por eso me interesa más lo que dicen los técnicos que el discurso político, que suele estar condicionado por el desgaste y el relato.
Este es un tema muy serio: sanidad, servicios sociales, cohesión territorial. No es solo una cuestión de titulares.
Esta semana se presentaba el gran desembarco de Indra en Asturias. ¿Qué importancia tiene este proyecto y cómo se ha fraguado?
Esto se enmarca dentro de una estrategia de casi tres o cuatro años, cuando se empezó a hablar de la industria de la defensa como un posible futuro para Asturias. En aquel momento, empresas como Santa Bárbara o Rheinmetall estaban en una situación de enorme dificultad, prácticamente al borde de la desaparición.
Cuando llegué a la Cámara todavía existía una gran incertidumbre sobre si el 8×8 se iba a fabricar o no. En ese contexto se empieza a diseñar una estrategia desde Asturias, impulsada desde la Consejería de Ciencia, para apostar por la industria de la defensa. Empezamos a analizar lo que estaba ocurriendo en el mundo y a identificar oportunidades.
En aquel momento no era Indra el actor principal, sino Ángel y Javier Escribano. Empezamos a hablar con ellos, a intentar atraerlos a Asturias, cuando formaban parte de otros proyectos vinculados al sector de la defensa.
¿Cuál fue el momento clave para que esa estrategia se consolidara?
El desbloqueo de la Fábrica de Armas de La Vega. Durante años, con alcaldes y ministros de distintos partidos, no se había sido capaz de desbloquear esa situación.
La clave fue cambiar el enfoque y hacerlo desde las tres administraciones: Ayuntamiento, Gobierno del Principado y Ministerio. Ese ángulo fue determinante. Recuerdo una conversación con el presidente Barbón, que se implicó de verdad en el proyecto, y eso facilitó mucho las cosas.
Además de los responsables políticos visibles, hubo un trabajo muy importante de equipos técnicos y responsables intermedios. La secretaria de Estado, el vicepresidente Juan Cofiño, Nacho Cuesta y el delegado de Defensa, Juan Luis, tuvieron un papel decisivo para que el proyecto saliera adelante.
¿Qué supuso ese desbloqueo para el sector?
Permitió apostar de manera firme por el 8×8 y situó a Asturias en un nuevo paradigma. Rheinmetall empezó a fabricar, se generó empleo y, a partir de ahí, se encadenaron otros procesos.
Con la guerra de Ucrania y el nuevo contexto europeo, todo se aceleró. Se planteó la necesidad de reforzar una industria de defensa propia y estratégica. En ese escenario, Asturias estaba preparada porque había hecho los deberes con antelación.
Desde la Cámara de Oviedo hemos seguido trabajando en el corredor de la defensa, en colaboración con otras cámaras de Andalucía, Extremadura y Castilla y León. Organizamos aquí un foro de defensa con la participación de la Secretaría de Estado y mantuvimos contacto permanente con los actores del sector.
¿Cómo entra Indra en todo este proceso?
Ángel Escribano pasó a ser presidente de la empresa. Ahí confluyen varias cosas: el conocimiento previo, el trabajo realizado y el esfuerzo continuado de personas clave, como David González, desde Sekuens, que ha sido fundamental en todo este proceso.
Indra buscaba un asentamiento rápido y fácil de poner en marcha. Nosotros intermediamos con Duro Felguera, que estaba en una situación complicada, y ayudamos a buscar una solución que resolviera un problema existente y generara futuro.
Siempre lo hicimos coordinados con Sekuens y con el Gobierno del Principado. Se organizaron jornadas, se presentaron inversiones y empezaron a aparecer ofertas de empleo.
¿Qué expectativas tiene a corto y medio plazo con la industria de defensa en Asturias?
Creo que lo mejor está por venir. Por razones de confidencialidad no puedo concretar más, pero si todo sigue como está previsto, habrá muy buenas noticias vinculadas a la industria de la defensa.
Es un sector con un efecto tractor enorme: empleo, inversión, oportunidades para empresas subcontratistas y para todo el ecosistema industrial asturiano. Todo va muy rápido y va a requerir la implicación de muchas empresas.
Aspiramos a que el polo industrial de la defensa terrestre de España esté muy, muy ligado a Asturias. Seguimos trabajando en esa dirección.
«Si tuviera que señalar el principal problema de infraestructuras en Asturias, para mí sería el vial de Jove»
El día 30 la Cámara va a reconocer a la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Por qué?
Porque es justo. A los políticos casi siempre se les critica y pocas veces se les reconoce. En este caso, la ministra merece ese reconocimiento por dos razones fundamentales.
La primera, el desbloqueo de la Fábrica de La Vega, que pasará a la historia como una decisión clave para Asturias. La segunda, el apoyo decisivo a la estrategia de impulso de la industria de la defensa en nuestra comunidad.
Ese acto, que se aplazó en su momento por la DANA, es una muestra de agradecimiento institucional. Además, ese día contaremos con la presencia de muchas empresas del sector, lo que demuestra la relevancia del momento que estamos viviendo.
Asumió un papel muy activo en la movilización contra el peaje del Huerna. Con perspectiva, ¿qué lectura hace de aquello?
Fue un movimiento razonable y necesario. Yo lo comparaba con lo que en su día fue la movilización por la variante de Pajares. El peaje del Huerna no es el mayor problema de infraestructuras que tiene Asturias, pero sí es un problema muy simbólico y muy injusto.
Si tuviera que señalar el principal problema de infraestructuras en Asturias, para mí sería el vial de Jove. Es una infraestructura fundamental para conectar el principal puerto de Asturias con el resto del territorio. Apostamos por la ZALIA, por convertir ese puerto en un gran puerto exportador, y sin un vial directo y una buena conexión ferroviaria eso no tiene sentido.
Entonces, ¿por qué el peaje se convirtió en el detonante?
Porque confluyeron varias cuestiones. Por un lado, la expectativa de que la Comisión Europea pueda declarar ilegal ese peaje, como ya ha ocurrido en otros países, como Italia. Pero también hay un debate muy importante que se hizo evidente con el argayo: cómo es posible seguir cobrando un peaje cuando la autopista deja de ser una autopista y pasa a ser una carretera con obras constantes durante meses.
La salida del peaje hubiera sido una respuesta lógica a esa situación. No estamos hablando de cifras inasumibles. Con los datos conocidos de beneficios, y teniendo en cuenta que ya existe una bonificación parcial, bonificar el 100% del peaje no supondría un desequilibrio económico para el Estado.
¿Qué es lo que echó de menos en todo ese proceso?
Negociación. Claramente negociación. A día de hoy tenemos un problema serio de relación con el Ministerio. Las cámaras y FADE firmamos una carta solicitando una reunión y no hemos tenido respuesta.
La escalada de declaraciones no siempre es el mejor camino. En Asturias hay un consenso social muy amplio sobre el peaje: todo el mundo lo considera injusto porque no hay alternativa real para entrar y salir de la región. Pajares no es una alternativa razonable en invierno y no estamos hablando de una radial más, sino de la vía de comunicación natural de Asturias.
¿Cree que la movilización fue suficiente?
Probablemente podría haber participado más gente. Fue un viernes por la tarde y hubo circunstancias que influyeron. Pero el mensaje de unidad fue importante y fue comedido. Se lanzó una señal clara al Estado y creo que fue una movilización razonable.
Ahora lo importante es buscar el ángulo adecuado para sentarse a negociar con el Ministerio, no solo por el peaje, sino por el conjunto de infraestructuras pendientes en Asturias, que no son pocas.
¿Qué otras infraestructuras considera prioritarias?
Tenemos la Autovía del Occidente, los problemas del ferrocarril de cercanías, la conexión ferroviaria de mercancías con el puerto, la mejora de la vía entre Pola de Lena y Gijón con la variante de Villabona, y unas estaciones que en algunos casos están ancladas en el siglo pasado.
No se trata de alta velocidad, que es inviable por costes, impacto ambiental y porque obligaría a sacar las estaciones fuera de las ciudades. Se trata de mejorar lo razonable: reducir traqueteos, aumentar velocidades a 80, 90 o 100 kilómetros por hora y ahorrar tiempo.
¿Cuál debería ser el objetivo real en la conexión con Madrid?
El objetivo real debería ser que Oviedo–Madrid estuviera en dos horas y media. Eso es alcanzable con actuaciones razonables. Ya ocurrió algo similar con León, donde se pasó de dos horas y media a menos de dos horas con mejoras progresivas. Y, además, abrir el mercado ferroviario a operadores privados para mejorar frecuencias y tarifas, algo que ya ha tenido un impacto muy positivo en turismo y conectividad.
¿Cómo valora la relación actual entre el Gobierno del Principado y el Ministerio?
Es evidente que hay tensión. No hace falta intuirlo, basta con ver la hemeroteca y las redes sociales. Las relaciones personales también influyen. Ha habido épocas en las que, pese a ser gobiernos de distinto signo, se desbloquearon proyectos gracias a una buena relación entre responsables políticos.
Ahora esa relación no parece existir y eso es un problema. Nosotros seguimos intentando abrir canales de diálogo porque lo fundamental es restablecer una relación de normalidad institucional entre Asturias y el Ministerio.
«En FADE se ha pasado página y ahora toca colaborar»
En el ámbito empresarial, este año ha estado marcado por las elecciones en FADE. ¿Cree que ese proceso puede afectar a las elecciones camerales?
Son instituciones distintas. En mi caso, pertenezco tanto a FADE como a la Cámara de Comercio de Oviedo, a través de una empresa singular. Los procesos electorales, también en el ámbito empresarial, a veces generan tensiones y dejan huellas, eso es evidente.
Pero aquí no hay corrientes críticas ni oposición como ocurre en la política. Hubo un proceso electoral, se ha pasado página y ahora lo que toca es mejorar la comunicación y centrarse en las cosas que nos interesan a todos, que son los intereses de los empresarios asturianos.
Hemos tenido encuentros recientes, habrá más, y yo he hablado directamente con la presidenta de FADE. Mi percepción es clara: hay voluntad de pasar página y de mantener relaciones estables y de colaboración en defensa del interés general.
Los procesos se abrirán y son democráticos, como corresponde. Pero, en principio, lo que percibo y lo que me ha transmitido la presidenta de FADE es una voluntad clara de normalidad institucional y de colaboración. Yo, desde luego, estoy en esa línea.
Si volviera a ser elegido presidente de la Cámara, ¿apostaría de forma decidida por la unión de las Cámaras en Asturias?
No. Eso fue una prioridad en la primera legislatura y dedicamos muchísimas energías a ese proceso. Fuimos muy generosos en las negociaciones y se llegó incluso a un principio de acuerdo para crear una Cámara autonómica como paso intermedio.
Durante la pandemia y un periodo de enfermedad mía, las negociaciones continuaron con otros responsables y se había avanzado bastante. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba cerrado, el proceso descarriló en el último momento de una forma incomprensible.
En el segundo mandato decidimos no dedicar más esfuerzos a ese proyecto. No porque no tuviera sentido, sino porque prefiero trabajar en cosas que sean posibles y que generen resultados visibles.
Eso no significa que no se colabore. De hecho, desarrollamos muchos proyectos conjuntos, firmamos acuerdos con el Gobierno del Principado y trabajamos de forma coordinada en distintas iniciativas. Pero no sería uno de los ejes principales de un nuevo mandato.
En ese contexto, ¿tiene sentido avanzar hacia un uso más compartido del recinto ferial de Asturias?
Son dos ámbitos distintos. Una cosa es la Cámara como institución y otra es la gestión de equipamientos. Avilés gestiona La Magdalena, nosotros gestionamos nuestras instalaciones en Oviedo, y el recinto ferial de Asturias tiene su propio consorcio.
La Cámara de Oviedo ha participado en ese consorcio y ha mantenido su participación en la ampliación de capital porque creemos que es importante. Pero la gestión del recinto ferial no tiene nada que ver con el debate sobre la unión de las Cámaras.
Desde algunos ámbitos se ha dicho que la Cámara de Oviedo quería controlar la Feria de Muestras. ¿Qué hay de cierto en eso?
Nada. No es cierto. La Cámara de Oviedo no tiene ningún interés en gestionar la Feria de Muestras de Asturias. No ha sido ni es un objetivo, ni hemos hecho nada en esa dirección.
La gestión de la Feria corresponde a un consorcio público con participación del Ayuntamiento y del Principado. Nosotros no hemos planteado nunca asumir esa gestión y lo digo de forma clara porque es un rumor recurrente que no se corresponde con la realidad.
¿Dónde ha puesto el foco la Cámara de Oviedo en este mandato que ahora termina?
En atraer inversiones, en desbloquear proyectos estratégicos y en mejorar el entorno económico. Hemos colaborado para traer proyectos como Amazon, con 1.500 empleos, el proyecto Quirón en Gijón, la Universidad Alfonso X en Oviedo, que lleva años de trabajo y que esperamos que sea una realidad en breve.
Hemos trabajado en la bioincubadora de Oviedo, un proyecto que llevó años de negociación con el Incyde y que hoy se está poniendo en marcha. Hemos impulsado la industria de la defensa, la macroregión atlántica, el proyecto de Pajares desde el punto de vista económico, y muchas otras iniciativas. Nuestro interés ha estado siempre en facilitar la actividad económica, reducir la burocracia y ayudar a que las leyes vayan en la buena dirección.
En los últimos meses se ha abierto un debate muy intenso en torno a la implantación de Costco y el papel del pequeño comercio. ¿Cómo lo ve la Cámara?
Vemos mucho ruido. El proyecto de Costco no es un proyecto que haya liderado la Cámara. Es un proyecto del que hemos tenido conocimiento a posteriori. Dicho esto, nosotros siempre vamos a defender la libertad empresarial y la libertad de asentamiento. Una empresa que quiere instalarse en Asturias, crear empleo y actividad económica, siempre va a contar con nuestro respaldo.
El debate sobre si Costco es el enemigo del pequeño comercio no responde a la realidad. El pequeño comercio lleva años sufriendo y Costco no está en Asturias. No se puede atribuir a una empresa concreta un problema estructural que viene de mucho antes.
¿Dónde cree que está entonces el verdadero problema?
El problema está en que Asturias no ha sabido adaptarse. Durante años no se han actualizado las directrices comerciales, pese a que estaban desfasadas y no alineadas con la normativa nacional ni europea.
Nosotros empezamos a hablar de este asunto cuando detectamos que la capital comercial del occidente asturiano era Ribadeo, que no pertenece a Asturias. Durante la pandemia, cuando se cerró el puente, la facturación en Ribadeo cayó más de un 50%. Eso demuestra claramente de dónde proceden esos consumidores.
Lo razonable habría sido contar con unas directrices que permitieran desarrollar proyectos comerciales en municipios como Navia, creando centralidad, actividad económica y atracción para el pequeño comercio y la hostelería.
¿Por qué no se modificaron esas directrices?
Porque hubo una resistencia muy profunda a hacerlo. Se encargó su actualización, pasaron los meses y las directrices quedaron paralizadas. El debate se reactivó con la llegada del proyecto Costco, pero el problema viene de mucho antes.
Además, hay una falta de adaptación a la realidad actual. Lo que se llamaba polígono industrial en los años 80 no tiene nada que ver con lo que es hoy. Muchos polígonos son en realidad polígonos de servicios, pero la normativa no lo reconoce.
¿Qué alternativas se podrían haber seguido?
Lo razonable habría sido modificar las directrices y establecer excepciones, como ya se hizo en su día con Parque Principado o Parque Astur. Las propias directrices recogen esas excepciones, con límites de superficie y condiciones específicas.
Otra opción era un cambio urbanístico por parte del ayuntamiento. En lugar de eso, se ha optado por la Ley de Proyectos Singulares, que es una vía compleja y pensada originalmente para otro tipo de situaciones. Habrá que ver cómo se resuelve, pero genera dudas.
Durante la negociación para modificar las directrices se pactó la creación de bonos para apoyar al pequeño comercio. Esos bonos se pusieron en marcha, pero las directrices nunca se modificaron. Por eso es importante poner el debate en contexto. No es una confrontación entre grandes y pequeños, sino un problema de planificación y de adaptación normativa. Mientras tanto, seguimos perdiendo actividad económica hacia territorios vecinos, como ocurre en el oriente con Cantabria o en el occidente con Galicia.
«En Asturias existe una tendencia a decir que hay que cambiar las cosas, pero a la vez a evitar que cambie nada»
¿Qué posición mantiene la Cámara ante este escenario?
Nosotros somos espectadores en el caso concreto de Costco, pero sí nos preocupa el impacto territorial. Preferimos que la actividad económica esté en Asturias y no fuera. No tiene sentido que pasen legislaturas enteras sin adaptar unas directrices que todo el mundo sabe que están obsoletas.
Hay que negociar, pactar y adaptarse a la realidad. Otros territorios lo han hecho. El País Vasco, por ejemplo, introdujo excepciones para permitir la implantación de Costco. Aquí seguimos con unas directrices que llevan años en un cajón.
Para terminar, por su experiencia en la relación con la administración madrileña, ¿qué cosas te traería a Asturias para hacerla más competitiva?
No diría que haya grandes diferencias estructurales, porque muchos de los problemas son comunes en casi todas las administraciones: lentitud, tiempos de respuesta largos y dificultades en la ejecución.
Pero sí hay algo clave, y es la eficiencia. Hay municipios y administraciones que entienden que las licencias deben tramitarse rápido. Cuando llegamos a Oviedo había un caos con las licencias; empresas que decían directamente que no iban a invertir porque tardaban un año en obtener permisos. Eso hace que las inversiones se vayan a otros territorios.
Aquí no es una cuestión ideológica, es una cuestión de gestión. Hay alcaldes de distintos partidos que son proactivos y entienden que facilitar la actividad económica es fundamental para el desarrollo de su territorio.
¿Ha visto ejemplos claros de esa buena gestión en Asturias?
En Luarca, por ejemplo, había un centro de empresas vacío desde hacía años. En tres meses se llenó y eso tuvo un impacto muy positivo en la actividad económica del municipio.
También ocurre en otros lugares, como Cangas del Narcea o Cangas de Onís. Hay alcaldes que, desde la gestión, consiguen dinamizar la economía local. No es una cuestión de color político, sino de eficiencia y de entender las necesidades reales del territorio.
¿Hasta qué punto las leyes actuales condicionan esa eficiencia?
Muchísimo. Las leyes y normativas hacen que muchos procesos sean excesivamente lentos. Hay una gran frustración, incluso entre los propios responsables políticos. He hablado con consejeros que se sienten limitados por la normativa, porque les gustaría ejecutar más y más rápido.
Uno de los grandes problemas es la ejecución presupuestaria. Llegamos a abril y muchos presupuestos aún no se han empezado a ejecutar porque las leyes lo dificultan. Eso ocurre especialmente en el ámbito autonómico.
¿Cree que es necesaria una reforma profunda de la administración?
Sí. Hay que modificar leyes clave que configuran la arquitectura institucional. Pero son reformas que a nadie le apetece abordar, porque generan resistencias. En Asturias existe una tendencia a decir que hay que cambiar las cosas, pero a la vez a evitar que cambie nada.
Es un modelo que está agotado, pero pasan las legislaturas y no se afronta. Se entra en el regate corto, en el enfrentamiento político, y se pierde de vista el interés general.
¿Qué tipo de enfoque sería necesario?
Hace falta un plan legislativo de fondo, consensuado, que vaya más allá de la ideología. Hay reformas que afectan a la estructura misma de la administración y deberían acordarse entre las grandes fuerzas políticas.
Necesitamos pensar en proyectos de región, en decisiones a largo plazo. Hay decisiones que en su momento fueron muy discutidas y hoy todo el mundo reconoce que fueron acertadas. Un ejemplo claro es la ampliación del puerto de El Musel, que fue una gran decisión estratégica.
La administración debe ser eficiente, porque el hecho de que sea pública no justifica que no lo sea
¿Qué errores se han cometido en ese tipo de proyectos?
Que muchas veces no se rematan. Se hizo el puerto, pero no se completaron las conexiones. Es algo muy típico de Asturias: hacer infraestructuras importantes y dejarlas aisladas. Ocurrió con las autovías mineras, ocurre con la ZALIA, donde llevamos años esperando una subestación. Van pasando legislaturas sin que se cierren los proyectos.
Por eso, cuando se consigue desbloquear algo como la Fábrica de La Vega, se ve claramente el impacto positivo que tiene. Necesitamos más decisiones de ese tipo.
¿Qué papel juega el área metropolitana en ese planteamiento?
Defendemos mucho el concepto de área metropolitana. Ahí hay un potencial enorme para el desarrollo económico y social.
Pero para eso hace falta sosiego, consenso y visión estratégica. El problema es que ese momento de reflexión nunca llega porque todo está condicionado por la bronca política y la inmediatez.
Para cerrar, ¿qué es lo que más echa de menos en el debate público asturiano?
Proyectos de largo recorrido. Decisiones que miren más allá del corto plazo. Hay muchas cosas que todo el mundo sabe que hay que hacer, pero nadie se atreve a hacerlas.
Necesitamos eficiencia, visión de región y acuerdos básicos que permitan avanzar. La administración debe ser eficiente, porque el hecho de que sea pública no justifica que no lo sea. Ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante.
