Ambas organizaciones llaman a no tomar como referencia superávits puntuales como el que vive EMTUSA, y que podrían no mantenerse en el futuro, y claman por políticas que garanticen el blindaje de tales sociedades públicas
Ha sido la noticia por antonomasia, en términos financieros, del inicio del curso político en Gijón. El mismo día del regreso a las ‘aulas’ de la política, el Gobierno de la ciudad anunciaba su voluntad de continuar con la congelación de todos los impuestos, tasas y precios públicos bajo su control, opción ampliamente contestada por las fuerzas en la oposición… Y que, este jueves, pasaba a ser duramente atacada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Su coordinador local, Jorge Espina, comparecía ante los medios acompañado por el portavoz de Izquierda Unida (IU), Javier Suárez Llana, para alertar de que dicha congelación, en la práctica, abre la puerta a una posible, que no segura, privatización de las empresas municipales el día de mañana.
Tanto para Espina como para Suárez Llana, el que algunas de esas sociedades bajo control del Ayuntamiento registren situaciones puntuales de superávit, como la que ha experimentado recientemente la Empresa Municipal de Transporte Urbano (EMTUSA), no debe justificar una inmovilización de los precios. La razón es simple: esa escenario es coyuntural, y «nadie garantiza que sea así en el futuro». De ahí que el representante de CCOO adelantase ayer que su sindicato votará en contra de los presupuestos para 2026 en la Empresa de Servicios de Medio Ambiente (EMULSA) y en la de Aguas (EMA), y se abstendrá en el caso del de EMTUSA. La diferencia entre ese último posicionamiento y los dos precedentes responde a la voluntad de EMTUSA de destinar parte de su superávit tanto a la renovación de la flota, como a la contratación de 36 nuevos profesionales; 26 de ellos, conductores.
Más incisivo que Espina, Suárez Llana aprovechó para cargar frontalmente contra el, Ejecutivo de Foro, utilizando como munición el que, con la excepción de las de Promoción Empresarial y Turística de Gijón (PETSA) y Cementerios de Gijón (CEGISA), ninguna otra tasa ha sido actualizada, en un momento en el que lo que convendría sería tejer un entramado fiscal que garantice los servicios y empresas públicas. Algo que, en palabras del líder local de IU, es consecuencia de que, a lo largo de sus diez años como alcaldesa, la forista Carmen Moriyón haya logrado que la urbe «tenga menor margen económico en las empresas«. A ese respecto, y retomando el temor a una privatización futura, para Suárez Llana es sintomático que el Ejecutivo «comprometa partidas millonarias que trascienden de un mandato, como es el caso de Tabacalera, mientras debe catorce millones de las ayudas a fachadas«.
