Desde el Consistorio acusan a IU de haber propiciado el «efecto llamada» con su pretensión de llevar la petición al Pleno, y niegan que el partido en la oposición solicitase oficialmente la aplicación de una moratoria en ese sentido

Es la noticia más comentada en Gijón en las últimas veinticuatro horas: finalmente, tras largas y sonadas quejas tanto por parte de los partidos actualmente en la oposición, como de no pocos colectivos vecinales, el Ejecutivo local anunciaba este lunes una moratoria sobre la concesión de licencias para el uso de viviendas como alojamientos turísticos (VUT). Sin embargo, esa maniobra no está exenta de condiciones. Así, tal como esta tarde ha detallado el portavoz del Ayuntamiento gijonés, Jesús Martínez Salvador, la duración de la medida se limitará, en principio, a un año, y sólo tendrá viencia en aquellas zonas en las que se registre una elevada afluencia de turistas.
Ese margen temporal podría verse modificado en función de la evolución de la situación urbana y de las dificultades que pueda entrañar evaluar cuáles son esas áreas más tensionadas, pero también, ha detallado Salvador, dependiendo de las medidas y cambios que el Principado pueda implementar antes. No en vano, sobre la mesa del Gobierno autonómico está la regulación futura de ese tipo de alojamientos, por medio de una normativa cuyo contenido, aún hoy, no ha sido completamente desarrollado. En ese sentido, el Consistorio ha sacado pecho de la premura de la ciudad, que «va por delante» de una Administración, la regional, que «está iniciando los trámites».
«Preocupa mucho ese efecto llamada», reflexiona Jesús Martínez Salvador
No obstante, el discurso de Salvador no ha estado exento de críticas. Y, en este caso, el blanco de las mismas ha sido el grupo municipal de Izquierda Unida, que ayer, a través de su concejal Javier Suárez Llana, reaccionó al anuncio celebrando la decisión y recordando que llevarán al Pleno de este miércoles una propuesta en la misma línea. A ese respecto, el portavoz del Gobierno ha defendido que, antes de que IU diese a conocer semejante pretensión, el bipartito local ya contaba con «una hoja de ruta para frenar la proliferación de este tipo de viviendas y diseñar una regulación de las mismas». Es más, ha criticado el supuesto «efecto llamada» propiciado por IU, y ha asegurado que en ningún caso la formación de izquierdas pidió oficialmente la aplicación de una moratoria de las licencias.
«Preocupa mucho ese efecto llamada», ha sentenciado Salvador, quien ha aludido a la «falta de responsabilidad» de IU, que les ha llevado a acelerar el proceso. Tanto es así que, ha añadido, al Ejecutivo le consta que está habiendo «muchas peticiones de licencias estos días». Finalmente, ha acotado que el hecho de que se apruebe de forma ordinaria en Comisión y, luego, en el Pleno de enero permite dar de seguridad jurídica a la medida para que no haya problemas, al augurar que, «de otro modo, es posible que se presentaran recursos por parte de los propietarios de esas viviendas».
Insuficiente. Muy insuficiente. La moratoria debería aplicarse a toda la ciudad. Los barrios están repletos de pisos turísticos pirata, pero los políticos de Somió no los ven.