El Principado señala que, a tenor del informe elaborado por una consultora externa, hubo una praxis incorrecta «por acción o por omisión» por parte del ente nacional; la reclamación se realizará por la vía extrajudicial
La planta que el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA) opera en Serín, dedicada al tratamiento de la llamada Fracción Resto, continúa con su actividad en suspenso, a la espera de que se consume la reparación de los daños causados por el incendio que la asoló este abril. Aún hoy es difícil fijar una fecha concreta para ello; no obstante, lo que sí tienen claro en el ente autonómico es quién, o quiénes, deberían asumir el coste de dicha intervención… Y, desde luego, no son ellos. Tal como este lunes ha afirmado la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, el Principado exigirá al Grupo TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria, SA) que sufrague la reparación de las instalaciones, toda vez que ha sido hallado responsable, directa o indirectamente, del suceso.
Aprovechando la celebración de la Comisión Delegada del Consorcio, Roqueñí ha recordado que, según el informe elaborado por una consultaría externa, el que el fuego se debiera a la presencia de restos de disolventes y pinturas para barcos en una zona reservada para la acumulación de muebles y restos de madera confirma que, «por acción o por omisión», hubo una praxis incorrecta por parte de TRAGSA, en ese momento operadora de la planta. Es por ello que se solicitará a la misma que desembolse la cuantía de la obra, estimada en 14,7 millones de euros. Y lo hará, ha detallado la consejera, recurriendo a la vía extrajudicial. La previsión del Principado es que, una vez iniciadas las labores, estas concluyan en un plazo máximo de un año. Sólo entonces la ‘plantona’ podrá recuperar su utilidad.
La tarifa por la ‘bolsa negra’ pasará de 96 a 80 euros por tonelada
El futuro del equipamiento ubicado en Serín no ha sido el único punto tratado en la Comisión. En el marco de la misma, también se han definido las tarifas a pagar por los Ayuntamiento en el ejercicio de 2025. Así, con carácter general, y a expensas de que el contenido del acuerdo sea ratificado por la Junta de Gobierno de COGERSA, se ha acordado una subida del 3,4%, en consonancia con la previsión de incremento del IPC, y una tarifa de 80 euros por tonelada para la ‘bolsa negra’, utilizada para reunir desechos mezclados, y que acumula al cabo del año unas 340.000 toneladas entre todos los municipios. Será una merma sensible, ya que la tarifa que se había aprobado a finales de 2023 para el presente ejercicio se situaba en 96 euros. Por su parte, la recogida y el tratamiento de los envases ligeros, el papel papel y el cartón, y el vidrio seguirán siendo gratuitos, al igual que el de las fracción vegetal, que engloba los restos de podas y siegas procedentes casi en su totalidad de la jardinería municipal.
La gratuidad también se hará extensiva a los residuos orgánicos recogidos separadamente, si bien, en su caso concreto, será así gracias a una bonificación que se incluirá en el proyecto de presupuestos autonómicos para el próximo año. Para aplicar dicha bonificación se establece el requisito de que el porcentaje de impurezas en los biorresiduos no supere el máximo del 20% que marca la ley. Si se rebasa ese porcentaje, la tarifa de tratamiento se incrementará por tramos: 24 euros por tonelada si se sitúa entre el 20% y el 30% y 40 euros por tonelada si oscila entre el 30% y el 40%. Por encima del 40%, la gestión de los residuos orgánicos se equiparará en coste a la de la basura mezclada. Paralelamente, el Gobierno del Principado prevé mantener la bonificación del coste completo de la explotación de los ‘puntos limpios’, unas instalaciones que permiten la recogida clasificada de numerosos restos de gran tamaño y de otros potencialmente tóxicos.
