La Junta de Gobierno local levanta la suspensión de los contratos para instalar el sistema tecnológico de dicho proyecto, aunque aclara que no se impondrán multas por incumplimientos hasta que el vial de Jove sea una realidad
Madrid, como Europa, apremian: todo municipio de más de 50.000 habitantes ha de disponer de una zona de bajas emisiones (ZBE) contaminantes, que contribuya a diluir el creciente problema de la contaminación en las grandes urbes. Y en el caso de Gijón, y tras varios meses de dudas, su propio proyecto para crear una de dichas zonas en La Calzada ha vuelto a ponerse en marcha este mismo martes, después de que la Junta de Gobierno local haya levantado la suspensión de ejecución que imperaba sobre los tres contratos para implantar y poner en marcha el sistema tecnológico integral que la ZBE necesita para cumplir con su cometido. No obstante, se trata de una reactivación con matices: la red de cámaras y sensores resultante no entrará en servicio hasta que no se haya confeccionado una normativa específica y, a partir de ahí, no se impondrán sanciones por incumplimientos hasta que el vial de Jove no haya sido construido, y esté plenamente operativo.
Bajando al detalle, el primero de esos tres lotes, con un importe de 464.000 euros, abarca la creación del núcleo de control de la futura ZBE, incluyendo toda la electrónica precisa y la aplicación digital que la controlará. Un segundo contrato, de alrededor de 108.000 euros, afecta a la colocación de los equipos que se encargarán de evaluar la calidad del aire. Finalmente, el tercer lote desbloqueado es el que prevé la contratación del asesoramiento necesario para redactar una Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, así como las simulaciones previas a su implantación, y la divulgación de su contenido entre la ciudadanía; todo ello, por otros 138.000 euros. Los tiempos con los que ahora juega el Ayuntamiento son los siguientes: hasta fin de año se procederá a la colocación de los equipos, al tiempo que se prepara la normativa; en ese sentido, antes del verano se convocará el Consejo Sectorial de Movilidad, y se constituirá en él un grupo de trabajo específico para debatir con los vecinos los contenidos de la Ordenanza, en colaboración con la consultora que se contrate. La intención del Ejecutivo gijonés es que el documento final esté preparado, y plenamente activo, en 2025.
La prórroga de las ayudas europeas, todavía por aprobar
«Va a ser una zona de bajas emisiones muy laxa, y las restricciones se enmarcarán en los protocolos anticontaminación que provengan de estamentos superiores», ha aclarado esta misma mañana el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, al término de la Junta de Gobierno local, y no sin antes acotar que el único requisito en la definición de sus limitaciones será «el rigor científico». En ese sentido, y aunque la preparación de la Ordenanza lleve más tiempo, las cámaras y sensores empezarán a funcionar en el momento en que estén instaladas, si bien «sólo para obtener información; esa información se calibrará con la de las estaciones de medida oficiales del Principado, y así se podrán indicar los valores con los que se hará la Ordenanza». No será hasta que esa norma esté hecha y aprobada, y sea conocida por todos los habitantes, que el sistema pasará a funcionar de manera regular, y ni siquiera entonces habrá multas por incumplimientos; estas últimas no llegarán hasta que el vial de Jove esté listo, pues, a juicio de Barcia, «sería ridículo prohibir entrar vehículos en La Calzada cuando por Príncipe de Asturias pasan miles de camiones emitiendo de todo«.
Finaliza así una suspensión de los tres contratos aplicada poco después del inicio del mandato actual, y motivada porque, «cuando llegamos, estaba desorganizado; no se sabía quién era el responsable de los contratos, cuáles eran las obras…». Con este aspecto desbloqueado, ahora la gran duda que orbita sobre Gijón, como sobre otros Consistorios españoles, es si se concederá la prórroga al gasto de los fondos europeos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), otorgados a proyectos de movilidad sostenible. En el caso de la ciudad asturiana, Europa accedió a sufragar 6,9 millones de euros de las 9,3 millones del proyecto global, que incluye, aparte de la ZBE, actuaciones en otras áreas, como El Coto o la calle Pablo Iglesias, amén de la mejora del sistema de alquiler de bicicletas eléctricas… Pero con un periodo de ejecución de cinco años.
«Son unos tiempos muy ajustados, y no se va a poder ejecutar al 100%«, ha lamentado Barcia. De ahí que la concesión de la prórroga sea vista como un bálsamo en Gijón. «Trabajaremos con la mayor lealtad, pero en manos del Ministerio está prorrogar esto», ha recalcado el edil. No obstante, Barcia se ha confesado optimista. «El más interesado en mantener los vestigios sanchistas es el propio Gobierno central; yo creo que ese fondo no va a caer«.
