El respaldo técnico no disipa las sombras: planeamiento incompatible, impacto comercial incierto y evaluación ambiental pendiente
El informe de la Agencia Sekuens que propone declarar Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) la implantación de la gran superficie comercial de Costco en el polígono de Bobes concluye favorablemente, pero su propio contenido, al que ha tenido acceso este diario, revela debilidades relevantes en los ámbitos urbanístico, estratégico, económico y ambiental que pueden condicionar el recorrido del proyecto.
La principal grieta es urbanística. El documento admite sin rodeos que el centro comercial no encaja en la normativa vigente. De hecho, reconoce que “sin la modificación oportuna del planeamiento, el proyecto resulta inviable”. Esta afirmación sitúa el núcleo del problema: el informe avala la declaración estratégica pese a admitir que el proyecto no puede ejecutarse con el marco actual.
Para salvar ese obstáculo, el informe se apoya en la prevalencia del PIER sobre el planeamiento, señalando que tanto la solicitud de la empresa como el Ayuntamiento apuestan por “declarar la excepcionalidad del proyecto PIER y, con ello, su prevalencia sobre lo establecido” en las directrices y el planeamiento. Sin embargo, el propio texto deja constancia de que la Dirección General de Empresa y Comercio concluyó que el proyecto “no se ajusta a las prescripciones recogidas en el artículo 19” de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial, una incompatibilidad que el informe no llega a desmontar jurídicamente.
En el plano estratégico, las alegaciones sostienen que el proyecto no cumple los criterios exigidos por la ley. La respuesta del informe se basa más en una interpretación amplia que en una demostración concreta, al afirmar que “las circunstancias para la declaración de un proyecto estratégico son más amplias” que las planteadas por los alegantes. Es decir, se defiende la posibilidad legal de encaje sin probar de forma sólida que el proyecto tenga realmente carácter innovador o transformador.
El análisis socioeconómico tampoco despeja dudas. El documento reconoce expresamente que “no puede negarse que cualquier nuevo establecimiento puede constituir una potencial amenaza” para el comercio local, pero no ofrece un estudio que evalúe el impacto neto en el empleo ni en el tejido minorista. La respuesta se limita a recordar que la ley se centra en el empleo generado por el proyecto, no en el que podría destruir, lo que deja sin resolver una de las críticas centrales.
Las carencias también aparecen en el plano ambiental. Las alegaciones advierten del incremento de emisiones y de los efectos sobre la movilidad, pero el informe responde de forma formalista señalando que, según la memoria, el proyecto “no resulta incompatible con la normativa ambiental” y que la tramitación posterior determinará las evaluaciones necesarias. De este modo, la cuestión ambiental no se analiza en términos de impacto real, sino únicamente de compatibilidad normativa.
El propio documento reconoce además que la parcela forma parte de un suelo concebido con finalidad industrial, indicando que ese es “el destino actual de la parcela en la que el proyecto se plantea”. Esta constatación refuerza las dudas sobre la coherencia territorial de la actuación, ya que implica transformar un espacio diseñado para uso productivo en un gran equipamiento comercial.
El informe tampoco entra a valorar las consecuencias jurídicas de su decisión. Ante la advertencia de que la declaración PIER podría sentar precedente, el texto se limita a afirmar que “excede del contenido del mismo cuestiones de oportunidad” como la señalada por los alegantes, evitando pronunciarse sobre el impacto que la excepción podría tener en futuros proyectos.
En conjunto, el documento cumple con los requisitos formales del procedimiento y construye una justificación basada en la inversión y el empleo previstos, pero su argumentación sustantiva muestra fisuras. Reconoce incompatibilidades urbanísticas, admite riesgos comerciales, pospone el análisis ambiental y responde a las alegaciones apoyándose sobre todo en una interpretación flexible de la ley. Estas debilidades no invalidan automáticamente la propuesta, pero sí anticipan un escenario de debate jurídico, territorial y ambiental que difícilmente quedará cerrado con este informe.
