«Son 180 familias que se van a ir a la calle sin un motivo real que haya dado la empresa para realizar este ERE», afirma Rubén Alonso, representante de CSI
El representante de CSI en el comité de empresa de Duro Felguera, Rubén Alonso, ha anunciado este jueves que el sindicato impugnará el ERE aprobado en la compañía al entender que es «totalmente fraudulento».
La mesa de negociación acordó este miércoles por mayoría aceptar la propuesta de la compañía de rebajar de 208 a 180 los despidos y de dar una indemnización a los afectados de 28 días por año trabajado, con un tope de 15 mensualidades.
«Lamentamos muchísimo que se haya despedido a 180 personas, son 180 familias que se van a ir a la calle sin un motivo real que haya dado la empresa para realizar este ERE», ha lamentado en declaraciones a los medios, acompañado por el diputado de Podemos Daniel Ripa.
Alonso ha querido trasladar al Principado y a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) su enfado, porque se está haciendo «un mal gasto de todo el dinero público». La SEPI, ha agregado, «debería tomar cartas en el asunto e investigar dónde está todo ese dinero, porque somos conscientes de que hay mucho derroche».
El rescate de la SEPI, ha agregado, se ha convertido en dinero público que «se está empleando para despidos» y para tener una cúpula directiva «sobredimensionada hasta límites insospechados». Hace cinco años, ha remarcado, la plantilla era «el doble» y la dirección «la mitad». «El dinero está yendo directamente para altos directivos y directores en general», ha denunciado, mientras que la plantilla se ve «cada vez más maltratada».
Para el diputado de Podemos Daniel Ripa, el ERE aceptado es una «absoluta barbaridad» después de un rescate de 126 millones de euros y ha acusado al PSOE de apoyarlo, al tener en el Consejo de Administración a miembros del partido. Así, Ripa ha reclamado, tanto a Industria como al Gobierno estatal, una auditoría económica de cada gasto que se haya hecho en Duro Felguera «para averiguar dónde ha ido el dinero, porque en el ERE no se aportó la información económica y, por lo tanto, hay mimbres para impugnarlo por vía judicial«.
