Pide a Educación que «garantice las mismas oportunidades reales a todas las personas aspirantes, evitando situaciones de desigualdad derivadas de la falta de concreción de las bases que podrían dar lugar a actuaciones arbitrarias si no se corrigen en tiempo y forma»
La publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), el miércoles pasado, de la convocatoria de «procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos a que se refiere la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y para adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de estos Cuerpos» levantó «un malestar creciente, sostenido y ampliamente compartido entre las personas opositoras», asegura la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Asturias, que el lunes celebró una sesión informativo abierta en línea sobre la misma. Esto viene provocado «por la falta de información clara, la ambigüedad en aspectos esenciales de las pruebas y la aparición de criterios interpretativos dispares que están condicionando de forma directa la preparación del proceso selectivo».
Entiende el sindicato que «con la redacción actual, un mismo tribunal podría calificar de forma totalmente dispar el ejercicio de un aspirante, sirviendo los mismos criterios para darle una plaza o excluirlo del proceso». Por este motivo se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación trasladando su preocupación, pero, asegura, «la ausencia de respuestas claras, públicas y vinculantes, así como la falta de iniciativa para resolver las dudas planteadas, está contribuyendo a aumentar la incertidumbre y el malestar entre las personas opositoras».
Esta situación ha llevado a la Central «a formular una solicitud oficial de información y aclaración, con el objetivo de prevenir conflictos, evitar situaciones de indefensión y garantizar un desarrollo del proceso conforme a Derecho». En el escrito se solicita, «entre otras cuestiones, la definición precisa de conceptos clave, la aclaración del régimen de reclamaciones y de la publicidad de las pruebas orales, la concreción de los criterios de evaluación en especialidades, la publicación de rúbricas públicas y la adopción de medidas efectivas de transparencia».
«Queremos dejar claro que nuestro único objetivo es que la Administración educativa cumpla de manera estricta y escrupulosa la legalidad vigente, tal y como está obligada a hacer, y que garantice las mismas oportunidades reales a todas las personas aspirantes, evitando situaciones de desigualdad derivadas de la falta de concreción de las bases que podrían dar lugar a actuaciones arbitrarias si no se corrigen en tiempo y forma», expresan. No obstante, «si la Consejería de Educación no adopta las medidas necesarias, CSIF no descarta recurrir a la vía judicial para que se cumpla con la legalidad vigente».
