Aprobar sin explicar las alegaciones equivale a encender la luz verde para los tribunales
«¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso». Esta es quizás una de las frases que pasará a la posteridad de este ciclo político turbulento. Y la misma se puede adaptar a la crónica de este lunes frenético en el mundo comercial asturiano. La aprobación del expediente de Costco como Proyecto de Interés Estratégico Regional tiene algo de escena conocida en la política asturiana: primero se toma la decisión y luego, si acaso, se abre el debate sobre cómo justificarla. Esta vez ni siquiera ha dado tiempo a lo segundo. El acuerdo ha llegado sin respuesta pública a las alegaciones, sin relato técnico claro y con un agradecimiento político inmediato. Y cuando una resolución administrativa se celebra como un triunfo personal, lo que se entiende es que el expediente ha dejado de ser técnico para convertirse en territorial.
Durante meses se nos explicó que el proceso estaba en manos de informes, evaluaciones y criterios estratégicos. Que el expediente dependía de si el proyecto encajaba en el modelo económico regional. Y sin embargo, el desenlace transmite la sensación de que el encaje era más político que técnico. Nada nuevo, dirán los veteranos del lugar. Asturias siempre ha tenido una habilidad especial para convertir los procedimientos en formalidades que acompañan a decisiones previamente maduradas en otros despachos.
Tras la amenaza velada del otro día, el alcalde de Siero niega ahora cualquier intención de montar un partido propio. Mensaje de calma. Escenificación de normalidad. Pero fuentes cercanas a su entorno sostienen que el proyecto político no está muerto, solo en pausa. Hablan de contactos que siguen activos, de financiación explorada y, en voz baja, incluso de conversaciones sobre futuras listas municipales y distribución de concejalías. En política, cuando algo se desmiente con tanto empeño, suele ser porque se quiere ganar tiempo, no porque se haya abandonado la idea.
La aprobación de Costco actúa así como una válvula de escape. Rebaja la tensión inmediata, evita el choque frontal y permite que cada cual vuelva a su sitio… al menos por ahora. El problema es que lo aplazado en política rara vez se evapora. Normalmente regresa cuando el calendario electoral empieza a asomar. Ha sido todo raro, confuso. El hecho de ver al presidente Barbón admitir, tras ser preguntado sobre Cepi, lo de ese «partido de derechas que se está creando» con empresarios… Raro.
Ahora, aprobar el expediente sin explicar cómo se resuelven las alegaciones equivale, en la práctica, a encender una luz verde para los tribunales. Y aquí conviene recordar algo: los pleitos administrativos rara vez los ganan quienes más protestan, sino quienes tienen capacidad para sostenerlos. El pequeño comercio puede movilizar opinión. Pero quienes pueden convertir el proyecto en un conflicto largo son los grandes operadores del sector.
Porque si el uso del PIER se percibe como una vía para alterar el equilibrio comercial, el precedente afecta a todos. Y ahí aparecen nombres con peso territorial, implantación real y músculo financiero suficiente para litigar si consideran que el terreno de juego cambia. No hace falta que nadie anuncie nada. Basta con que el expediente genere dudas jurídicas razonables.
Otra consecuencia es, quizás, la más incómoda para el Gobierno: la credibilidad del sistema técnico. En 2023 se presentó Sekuens como la gran herramienta para modernizar la política económica asturiana. La agencia debía ordenar inversiones, garantizar criterios objetivos y servir de filtro técnico para las decisiones estratégicas. Era, se dijo, la ventanilla única que permitiría dejar atrás los tiempos en los que cada proyecto dependía del pulso político del momento.
Pero si un expediente de esta magnitud termina percibiéndose como una decisión tomada por oportunidad política, la pregunta aparece sola: ¿qué papel real juega la estructura técnica? ¿Sirve para decidir o para acompañar decisiones ya tomadas?
No es un problema menor. Porque la seguridad jurídica de un territorio no depende solo de sus leyes, sino de la previsibilidad de sus procedimientos. Si el mensaje que reciben las empresas es que los informes cuentan… salvo cuando pesan más las circunstancias políticas, el sistema pierde coherencia. Y en economía, la coherencia institucional vale más que cualquier incentivo fiscal.
El caso Costco, en ese sentido, marca un precedente. Puede presentarse como el ejemplo de una administración capaz de desbloquear inversiones importantes. O puede interpretarse como la confirmación de que, cuando el conflicto se vuelve territorial, la técnica queda en segundo plano y la política asume el mando. Asturias siempre ha tenido una relación peculiar con sus grandes decisiones económicas. Las anuncia como técnicas, las discute como políticas y las recuerda como inevitables. Costco no será la excepción. «¿De quién depende Sekuens? Pues eso».
