Este lunes hace cinco años que entró en vigor, en plena pandemia, esta norma prorrogada en 11 ocasiones y vigente hasta el 31 de diciembre que según APROVIJ provoca «inseguridad jurídica» a los propietarios
‘Los caseros no podemos ser el escudo social’ rezaba la pancarta principal de la concentración convocada por la Asociación de Propietarios de Viviendas conta la Inseguridad Jurídica (APROVIJ) en la Plaza Mayor bajo el lema ‘Contra la okupación y la inquiokupación’. Un llamamiento que llegaba también a otras ciudades del Estado, como Barcelona, Madrid y Málaga a una hora muy significativa: las 11.20 horas. ‘No somos parte del problema, somos parte de la solución. No al RDL 11/2020’, acompañaba ese texto mientras que en otros carteles se podía leer ‘La Consejería de Vivienda tiene paralizadas las compensaciones’, ‘El RD 11/2020 expropia de facto al pequeño propietario’, ‘Compensación justa y mensual’ o ‘La ministra de vivienda no escucha al pequeño propietario’, entre otros eslóganes.
El medio centenar de personas presentes mostraban así su disconformidad ante una norma, el real decreto ley 11/2020, que justo hoy cumple 5 años, registrando hasta 11 prórrogas «con excusas tan variadas como la erupción del volcán de La Palma, la guerra de Ucrania, el conflicto de Oriente Medio y, por último la DANA. El propietario sigue asumiendo ser el escudo social del inquilino vulnerable que no paga», denuncia Silvia Viniegra, representante de APROVIJ en Asturias. Una norma que ha creado al propietario «inseguridad jurídica», aseguran desde el colectivo, que demanda la «derogación inmediata» del mismo, vigente hasta el 31 de diciembre al estar incluido en el llamado ‘decreto ómnibus’ aprobado por el Congreso el mes pasado.
«Hace que el pequeño propietario siga alojando gratuitamente al vulnerable que en este tiempo ha tenido la ocasión de poder salir de esa situación mismamente trabajando, o que las administraciones lo hayan realojado», apunta Viniegra, que considera que esta situación «ha desestabilizado el mercado de la vivienda». «El propietario que tiene una vivienda tiene miedo a ponerla en alquiler viendo lo que nos está pasando a los propietarios inquiocupados. A menor oferta, mayor demanda de aquellos los pocos pisos en alquiler existentes, y por consiguiente la subida de precios que se está viendo. El pequeño propietario angustiado por las deudas y el desasosiego que esta situación genera está vendiendo incluso con inquilino dentro, como puede verse en los portales inmobiliarios. Quien quiere acceder a una vivienda de alquiler lo tiene más complicado y sobre todo la gente que puede ser un posible vulnerable, porque hay un abanico muy amplio», valora.
Sobre la compensación que marca el decreto, señala que «no es equilibrada, no responde desde el primer momento, sino después de un largo proceso judicial». Y pone un ejemplo propio: «Hasta el 31 de diciembre del 2024 sólo me cubría un 14% de la deuda contraída por mi inquilina. Una compensación que el Principado no paga hasta que el inquilino no se haya ido». «El Principado de Asturias no dispone de un procedimiento como lo tienen por ejemplo Madrid o la comunidad catalana y tampoco tiene personal suficiente para gestionar estas ayudas que se van acumulando en sus registros», critica.
