Un político abre sus puertas, dando a conocer a todo el mundo su coche, su piso, sus cosas, garantizándose, al máximo y en todo momento, la transparencia como elemento fundamental en política
Durante la semana pasada, se han publicado los bienes de la nueva corporación. Intentando provocar la reflexión, pregunto si hace falta que los y las gijonesas conozcan las propiedades, grandes o pequeñas, de concejalas y concejales electos y otros altos cargos de nuestro país. Hablo de la declaración de bienes que son previos a su jura como regidores municipales, anteriores a acceder a sus responsabilidades con la ciudad. Su publicación, su exposición pública, es un gesto, un ejemplo más sobre el compromiso de una persona ante sus ciudadanos y ciudadanas, desde el primer momento, a pesar de que muchas veces se convierte tan solo en chismorreos de café.
La presentación de la declaración de bienes, y posibles incompatibilidades, viene determinada por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley 8/2019 de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, y la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Es necesaria y obligatoria dicha declaración al iniciar cualquier cargo público, notificar cambios sustanciales durante el transcurso de sus labores al servicio de la ciudadanía, y realizar la misma al finalizar mandato. La reivindicación que realizo de la política y de los políticos a través de la pregunta sobre dicha declaración inicial es que, por trabajar para la sociedad, por llevar a cabo un servicio público, hay personas que dan a conocer su vida previa, lo logrado con su esfuerzo, dejándose auscultar por cualquiera que se sienta frente a un periódico. Un político abre sus puertas, dando a conocer a todo el mundo su coche, su piso, sus cosas, garantizándose, al máximo y en todo momento, la transparencia como elemento fundamental en política, conociendo los gobernados los bienes de quienes les gobiernan, tanto al inicio y al final del mandato. Pero, como decía al principio ¿no puede el listado de pisos, coches, acciones, planes de pensiones, ser mero cotilleo, esa parte esencial del ser humano en donde comentamos noticias, o cualquier información de carácter personal, sobre otros fortaleciendo la cohesión grupal, pero en algunos casos llevando a comentarios moralmente cuestionables?
Las Leyes de transparencia van encaminadas al conocimiento por parte de la sociedad de la acción de gobierno, y son básicas para incrementar la participación de la ciudadanía en la vida política, generando confianza y seguridad en el gobernado, y también, se debe decir, evitar la posible corrupción. Toda esa seguridad y confianza se debe llevar siempre a través de la ampliación y refuerzo de la transparencia en la actividad pública, garantizando el derecho de acceso a la información relativa a las acciones que hagan sus responsables en dicha actividad. De eso no cabe ninguna duda. La declaración de bienes logrados antes de ejercer la acción política, antes de ser servidor público, acaparadoras de portadas desmenuzadoras de la intimidad, es un claro ejemplo de dicha necesaria transparencia, aunque podría generar la duda de entrar dentro de un límite en donde se vulneran derechos personales. No es así, esta publicación está avalada por la Agencia de Protección de Datos por entenderse como de “interés público”
Pero ¿para qué queremos saber los ciudadanos gijoneses las propiedades de un edil que acaba de llegar a la corporación? ¿Nos da algún tipo de información relevante que nos garantice una buena acción pública? No estoy ni mucho menos en contra de la transparencia, al contrario, como dije anteriormente, soy un ferviente defensor de la misma. Estas preguntas al aire están realizadas para hacernos la reflexión de que, incluso, sin haber jurado el cargo dentro de una corporación o gobierno, un político pierde parte de tu intimidad como persona. Esta desnudez, no solamente se provoca sobre quien ocupe el cargo o labor, sino también, muchas veces, a sus familiares, pues a veces hablamos de bienes compartidos, dispersando los focos entre aquellas parejas, cónyuges o familiares. El gesto es ejemplo claro de compromiso con la sociedad. Quien tarde u omita su trámite, nos debe hacer dudar, al menos, sobre la manera de ejercer el caminar en una profesión que debe ser al servicio de los demás.
Lo mismo pienso sobre las agendas de todo cargo electo o alto cargo, de gobierno, pero, muchas veces no exigido, también de oposición. Una buena parte de la labor política viene dada por las relaciones que se entablan con los diferentes actores y agentes de la sociedad, es decir, sindicatos, empresas, ciudadanos, instituciones… Son con ellos con quien se interactúa y, por lo tanto, debe ser necesario su conocimiento por la ciudadanía, pues, las reuniones y la información recibida, son una poderosa herramienta para la toma de decisiones. Hablo de reuniones en el caso de aquellas mantenidas en el ejercicio de sus funciones públicas, realizadas con el fin de definir o desarrollar acciones que correspondan. En esa información abierta, se debe incorporar las reuniones realizadas por toda la corporación, también por parte de la oposición, pues todas las personas hacen una función pública y conllevan, las conversaciones de trabajo realizadas, acciones aparejadas. El conocimiento de las agendas permite al ciudadano saber los mecanismos que intervienen en los procesos de actuación por parte de los poderes públicos y es garante de la transparencia, elemento básico ante una sociedad crítica, exigente y que demanda participación.
Cuando una persona da el paso a entrar en la acción política, pierde, desde antes incluso de jurar el cargo, parte de su intimidad. En esta sociedad de puertas cerradas, menos en las redes sociales, la declaración de bienes es un compromiso claro ante sus vecinos y vecinas. No es cotilleo de café, es, desde el primer momento, servicio público y transparencia.
