Este diario intentó sin éxito recabar la versión de Lastra sobre el asunto antes de la suspensión temporal que determinaría Ferraz
La delegada del Gobierno en Asturias y vicesecretaria general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adriana Lastra, habría tenido conocimiento de la existencia de advertencias internas relacionadas con el caso Raja meses antes de que la dirección federal del PSOE acordara la suspensión cautelar de militancia del dirigente gijonés Iván Álvarez Raja, según trasladan a miGijón diversas fuentes cercanas al proceso interno.
De acuerdo con estas fuentes, la información sobre la existencia de una denuncia o de situaciones que generaban preocupación dentro de la organización socialista habría circulado en distintos niveles orgánicos del partido asturiano con anterioridad a que el asunto adquiriera dimensión pública y antes incluso de la apertura formal del expediente disciplinario.
Este diario intentó ponerse en contacto con Adriana Lastra durante la jornada de este viernes para conocer su versión sobre estos extremos, sin obtener respuesta. Asimismo, días antes de que se materializara la suspensión cautelar acordada por Ferraz, miGijón ya había trasladado a la delegada del Gobierno varias consultas destinadas a confirmar determinadas informaciones relacionadas con el caso, que tampoco fueron atendidas.
Advertencias previas dentro del PSOE
El contexto interno del partido apunta a que las primeras alertas relacionadas con una presunta situación de acoso se remontarían, al menos, a la primavera de 2025 en el ámbito de la Agrupación Socialista de Gijón. Posteriormente, la cuestión habría vuelto a plantearse en reuniones internas celebradas en junio de ese mismo año.
Pese a la existencia de estas advertencias internas, la incorporación de Álvarez Raja como asesor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Gijón se formalizó en julio de 2025 mediante un contrato tramitado bajo el CIF de la FSA.
Según fuentes socialistas, una militante trasladó además en diciembre al secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, que había presentado una denuncia a través de los canales internos del PSOE federal, comunicación ante la que el dirigente expresó su apoyo y confianza en los protocolos del partido.
No fue hasta este mes de febrero cuando la dirección federal del PSOE adoptó la primera medida disciplinaria pública, acordando su suspensión cautelar mientras continúa la instrucción del expediente.
Silencio frente a la contundencia en el caso Salazar
El silencio mantenido por Lastra respecto al caso Raja contrasta con la posición pública que la dirigente socialista ha defendido recientemente ante otras crisis internas del partido vinculadas a denuncias por presunto acoso.
En diciembre de 2025, la delegada del Gobierno instó públicamente al PSOE a trasladar a la Fiscalía las denuncias contra el dirigente Francisco Salazar, al considerar que podían constituir un supuesto de “violencia contra las mujeres”. Entonces reclamó actuar “de manera inmediata” y defender que este tipo de conductas deben tratarse como delitos públicos y no como asuntos internos.
La dirigente asturiana defendió en aquel momento la necesidad de máxima contundencia política y judicial ante cualquier denuncia relacionada con violencia o acoso, una posición que fue respaldada por la federación asturiana dentro de los órganos federales del partido.
Inquietud en la militancia
La gestión interna del caso Raja ha generado inquietud entre sectores de la militancia socialista gijonesa, donde algunos afiliados han solicitado explicaciones sobre cómo se gestionó la información conocida meses antes de la apertura formal del expediente disciplinario.
El expediente permanece actualmente en fase de instrucción y la suspensión de militancia mantiene carácter cautelar mientras los órganos competentes del PSOE analizan la documentación disponible y determinan las posibles decisiones futuras.
