Democracia e inmoralidad

«Foro gobierna con los votos provenientes de la ideología de Vox, con su mensaje político, pero a través de un posible caso de transfuguismo con el concejal Oliver Suárez»

España no vota en listas abiertas, son listas cerradas y bloqueadas las que nos permite elegir a nuestros y nuestras representantes en las diferentes cámaras. Eso hace que el voto se decante, en gran medida, por la ideología y la marca del partido, aunque, por supuesto, también influye el o la candidata cabeza de la lista y, con menor fuerza, la composición de la misma. Por eso el intenso trabajo de los partidos políticos en difundir el mensaje de la organización y reforzar el valor de marca, por eso dejar bien claro su ideario político. En el caso de la ciudad de Xixón, Foro gobierna con los votos provenientes de la ideología de Vox, con su mensaje político, pero a través de un posible caso de transfuguismo con el concejal Oliver Suárez.

Nuestro país ha escuchado muchas veces las peticiones de reforma electoral, casi desde el inicio de la democracia. Las críticas a la desproporcionalidad, el supuesto beneficio de los partidos nacionalistas o las circunscripciones, son conocidas, pero, sin embargo, en muchas ocasiones, son argumentos causales, en momentos puntuales, sin un análisis concienzudo de esa reforma tantas veces pedida y tan pocas veces argumentada.

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El “una persona, un voto” es un elemento fundamental en las democracias representativas, pilar básico de los sistemas electorales de nuestro entorno, y refleja, como ninguna otra frase, la igualdad a la hora de ejercer un derecho básico como ciudadanos y ciudadanas. Pero también, como elemento de compensación a esa igualdad, se tiene en cuenta la proporcionalidad, es decir, que grupos de votantes puedan tener su representatividad, aunque esto lleve a una fragmentación difícil de gestionar. En el caso español, con tan solo 350 diputados, la menor ratio por cada cien mil habitantes de Europa, la proporcionalidad exacta no existe, y se puede incluso entender como desproporcionalidad, condicionada por la dependencia de la representatividad al uso de la provincia como circunscripción. Sin embargo, nuestro sistema funciona, siendo considerado una de las grandes democracias europeas (el ‘Informe sobre el Estado Global de la Democracia 2023’ revela que España está dentro de los diez países europeos en credibilidad de los procesos electorales, la eficacia de las legislaturas y la calidad de la representación democrática local, aunque, en cuanto a la implicación de los y las ciudadanas en la expresión democrática, bajamos al vigésimo primer lugar).

Este sistema electoral, con sus condicionantes, ha mantenido, durante sus primeros años, un bipartidismo imperfecto para, a partir de 2015, y el surgimiento de Podemos o Ciudadanos, llevar al reflejo de la sociedad, al multipartidismo. Una configuración que hace necesario el trabajo de los representantes para llegar a acuerdos con diversas fuerzas, procurando con ello la necesaria gobernabilidad. Acuerdos no solo encaminados a un pacto de investidura, sino a la aprobación de leyes que regulan la convivencia. Acuerdos, por supuesto, que deben ser acordes a la legalidad y la Constitución. Acuerdos, esa importancia de la política que algunos anhelaban de la Transición Española y hoy dicen que son inmorales, necesarios para toda la legislatura. Acuerdos que se han producido desde hace años, desde y con todas las fuerzas políticas, pero que ahora se critican. Acuerdos, para aunar representados a través de sus representantes en un Gobierno de y para toda la ciudadanía.

Digo esto porque una alcaldesa, sin criticar el transfuguismo, en pleno municipal, no ha respondido a lo preguntado por la oposición, bailando en el vacío ante los y las concejales agarrada a los probables acuerdos logrados a nivel estatal para conformar un Gobierno, amparado en la Constitución y en el Estado de Derecho. Que la alcaldesa de una ciudad considere que en el marco de la Constitución y el Estado de Derecho cabe la inmoralidad es cuando menos sorprendente, haciendo que nos preguntemos, al menos, si para ella la Ley, el sistema legislativo, nuestro sistema electoral, es inmoral, si la representatividad estatal, llegando a acuerdos amparados en la Constitución para conformar la estabilidad gubernamental, es inmoral, si la política, la palabra, el arte de los acuerdos, es inmoral.

Xixón está gobernado abandonando Foro lo reflejado en la declaración institucional en favor del pacto por la estabilidad institucional en donde, entre otras cosas, se entiende por tránsfugas a “los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partido político) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”. Podemos intentar mezclar churras con merinas, cual castellana manchega trashumante, podemos vender las bondades de dar la espalda a pactos firmados, pero no deberíamos intentar confundir a las personas que ven un pleno municipal y escuchan a una alcaldesa, cuyo bastón de mando fue logrado gracias a Vox, no criticar el transfuguismo sin responder lo preguntado por la oposición.

Democracia es representación. Democracia es decir que el gobierno de Xixón es legítimamente elegido por toda la ciudadanía. Pero la democracia permite decir que Foro está gobernando gracias a la ideología de la extrema derecha (sus representantes le dieron los votos para auparla como alcaldesa) y junto con, según se entiende la definición del pacto por la estabilidad, un tránsfuga. La inmoralidad no es la democracia, la inmoralidad es cuando no se responde en el pleno a las preguntas de los y las representantes de la ciudadanía, la inmoralidad está cuando se rompe un pacto firmado, la inmoralidad es decir que no gobernaría con Vox ante el Consejo de Mujeres e incumplirlo, la inmoralidad es dar la callada por respuesta ante una situación anómala en el conjunto del Estado.