Hasta que no dejemos de ver la vivienda como una mercancía más, no seremos capaces de implementar políticas eficaces y sostenidas en el tiempo. Una vez hecho ese clic colectivo, podremos hablar con seriedad de soluciones reales
Hablemos de Vivienda. La situación, por desgracia, es bien conocida: acceder a una vivienda digna se ha convertido en una misión imposible para buena parte de la ciudadanía. Jóvenes, familias —monomarentales, monoparentales—, personas de mediana edad, jubilados o pensionistas… todas ellas están siendo expulsadas del mercado por los precios desorbitados del alquiler. El problema, por tanto, no entiende de edades: el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una urgencia intergeneracional.
Es un problema que está en el centro de la preocupación de la ciudadanía, valgan como ejemplo las manifestaciones con cientos de miles de personas en toda la geografía española del pasado fin de semana. Por eso las administraciones han propuesto múltiples soluciones para corregir este desastre: incentivos fiscales en zonas tensionadas, rebajas de impuestos, ayudas directas… Pero quizá lo primero que deberíamos poner sobre la mesa no es una medida concreta, sino un cambio de mirada. Un cambio profundo, estructural, casi revolucionario: dejar de tratar la vivienda como un simple bien de mercado y blindarla como el derecho constitucional que es. Casi nada.
Porque hasta que no dejemos de ver la vivienda como una mercancía más, no seremos capaces de implementar políticas eficaces y sostenidas en el tiempo. Una vez hecho ese clic colectivo, podremos hablar con seriedad de soluciones reales. ¿La primera? Que las Administraciones Públicas vuelvan a construir vivienda pública. Y que como sociedad cambiemos también nuestra percepción sobre la vivienda protegida. En el norte de Europa, por ejemplo, este tipo de vivienda es la más demandada, y no se relega a barrios periféricos, sino que forma parte de un urbanismo pensado para todas y todos: diverso, inclusivo y equilibrado.
El Pacto de Ámsterdam, firmado en 2016 por los ministros de Vivienda de la UE, ya señalaba la importancia de la implicación municipal en las políticas de vivienda. Es decir, si queremos vivienda pública en alquiler o en compra, los ayuntamientos deben implicarse de lleno. Pero aquí, Moriyón parece estar más preocupada por dejar listo un paseo marítimo que le garantice votos en 2027, que por ofrecer soluciones reales. Se olvida de que Naval Azul es mucho más que un paseo: debería ser también un polo de atracción de empresas, de empleo de calidad, de futuro. Porque sin empleo digno, ¿quién puede pagar alquileres o hipotecas?
Tampoco puede quedarse al margen la Administración autonómica. Es hora de apostar con decisión por este nuevo modelo y crear una gran empresa pública de vivienda, que de la mano de los ayuntamientos construya vivienda digna y asequible para todas las edades y realidades: jóvenes, familias, personas solas, mayores…
Y mientras llega ese cambio de paradigma —que urge, pero no será inmediato—, conviene recordar que tanto Moriyón (Foro) como Pumariega (PP) cuentan con un remanente de más de 34 millones de euros sin ejecutar. Tal vez no sería mala idea empezar por ahí para dar soluciones a la vivienda, ¿no?
