La organización criminal ofrecía pasaportes falsificados y documentación fraudulenta, cobrando hasta 3.000 euros por cada migrante al que asistían en su intento de cruzar fronteras
La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, ha detenido a seis personas en Gijón presuntamente vinculadas a una red criminal dedicada a facilitar el acceso irregular de inmigrantes a Reino Unido y Canadá. La operación, desarrollada en distintas localidades, se ha saldado con un total de once detenciones: seis en Gijón, cuatro en Cantabria y una en Madrid, donde fue arrestado el presunto líder de la organización. Según informó la Dirección General de Policía en un comunicado, la organización criminal ofrecía pasaportes falsificados y documentación fraudulenta, cobrando hasta 3.000 euros por cada migrante al que asistían en su intento de cruzar fronteras. En total, se estima que facilitaron más de 40 episodios migratorios.
La investigación comenzó en septiembre de 2024, tras un aviso de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), que alertó a las autoridades españolas sobre la llegada de ciudadanos yemeníes con documentación falsificada procedentes de aeropuertos españoles. Durante la operación se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Madrid, Santoña y Torrelavega. En ellos se intervinieron diez teléfonos móviles, un pasaporte falsificado y diversa documentación relacionada con la gestión de los viajes. Un analista de Europol colaboró en la extracción forense de los dispositivos incautados.
El modus operandi de la red consistía en utilizar aeropuertos europeos como puntos de tránsito. Los migrantes, tras obtener tarjetas de refugiado en Grecia, se desplazaban hasta estas terminales, donde miembros de la organización les entregaban tarjetas de embarque y pasaportes falsificados. Los billetes eran adquiridos a nombre de otras personas, lo que dificultaba la detección por parte de las autoridades. La operación se ha desarrollado con el apoyo de agencias de seguridad de varios países europeos, entre ellos Suiza, Finlandia, Austria, Alemania, Irlanda y Reino Unido, como parte de una colaboración internacional contra el tráfico ilegal de personas. La investigación continúa abierta.
