El Principado ha puesto en marcha un Observatorio de Agresiones a Profesionales del SESPA con el objetivo de desarrollar medidas que ayuden a prevenir este problema
Aunque han ido descendiendo paulatinamente en los dos últimos años, las agresiones contra profesionales son una de las lacras del sistema sanitario asturiano. A lo largo del año pasado, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) registró 365 agresiones, un 12% menos que en 2023. De ellas, el 25% fueron ataques físicos en distinto grado de intensidad, mientras que el 75% restante fueron verbales y gestuales, amenazas y actitudes de desprecio.
A lo largo de 2023 las agresiones notificadas fueron 413, de las cuales 108 fueron de carácter físico, marcando un récord histórico y un aumento del 80% respecto a 2019. De enero a marzo de 2025, los últimos datos disponibles se registraron 105 denuncias por agresiones. Esto supone un nuevo descenso respecto al mismo período de 2024, cuando se tramitaron 121.
El perfil mayoritario de las víctimas es de mujeres-en el 84% de las agresiones de 2024-que trabajan como personal de enfermería y medicina; mientras que los agresores son en el 61% de los casos pacientes de sexo masculino. Un 43% de los agresores son reincidentes. Los lugares en los que se producen ataques con mayor frecuencia son las consultas hospitalarias y las plantas de hospitalización, con 96 cada una, seguidas por la red de salud mental y las unidades de Psiquiatría.
Respecto a las causas de estas agresiones, los profesionales apuntan a la precariedad del sistema sanitario como un factor clave. Las largas listas de espera, la falta de personal y las demoras en la atención generan frustración en los pacientes, que en ocasiones descargan su malestar contra los sanitarios. Ante estas situaciones, señalaba hace unos meses Diego Pidal, delegado del Sindicato de Médicos de Asturias (SIMPA), “estamos atados de pies y manos”. Pidal denunciaba asimismo la ausencia de personal de seguridad en muchos centros de salud y la falta de protocolos preventivos efectivos.
En 2007 el Servicio de Salud creó un plan de prevención y actuación ante este tipo de situaciones, posteriormente ampliado con una “Estrategia para la mejora de la confianza y seguridad de las personas que trabajan en el servicio de salud”. Sin embargo, esos planes no han supuesto la puesta en funcionamiento de un protocolo orientado a atajar lo que, según César Movilla, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de Salud Pública del SESPA, se ha convertido en el “principal riesgo psicosocial” de los trabajadores sanitarios asturianos.
“No parece muy normal que en una sociedad occidental, democrática y desarrollada se acabe agrediendo a la persona que ofrece ayuda”, reflexionaba Movilla en una entrevista publicada el pasado mes de abril, “no se agrede a los profesionales sanitarios específicamente por ser profesionales, sino que parece ser un traslado de la agresividad que hay en el ámbito social, que ha llegado también a la sanidad. Si no consigo las cosas por las buenas, las consigo por las malas”.
Ante esta situación, el Principado ha impulsado la creación del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SESPA, un órgano consultivo que busca analizar los riesgos, promover la denuncia y coordinar esfuerzos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este observatorio aspira a ser un foro de diálogo entre el SESPA, sindicatos y cuerpos policiales, además de implementar formación en prevención de conflictos.
Según el propio Movilla, el objeto del Observatorio es “proponer y crear medidas de prevención que ayuden a disminuir esas agresiones a profesionales del SESPA”. Una combinación de medidas preventivas, formación, apoyo legal y una mayor inversión en el sistema sanitario es esencial para reducir las tensiones con los usuarios del sistema de salud.
Los sindicatos del sector llevan tiempo proponiendo distintas medidas para atajar este problema. Entre ellas destacan la instalación del “Botón SOS-Sanitarios”, una aplicación que permite a los profesionales alertar a la policía en tiempo real, así como la presencia de vigilantes de seguridad en centros de salud urbanos con alta demanda. También se reclama mayor protección jurídica y psicológica para los agredidos.
