El sujeto, que ayer declaró en Vilalba y ya está en libertad, ha sido señalado como gestor de varios anuncios fraudulentos de maquinaria agrícola, y acumula víctimas por toda España, incluida Asturias; llegó a suplantar la identidad de varias de ellas
Jordi Otero Barro, el ciberdelincuente al que decenas de afectados sitúan tras la oleada de estafas digitales conocida como ‘Desbrozagate‘, ha reaparecido. Y lo ha hecho de la mano -literalmente- de la Justicia. Según ha podido saber este diario el individuo, conocido por publicar en webs de compraventa anuncios fraudulentos de herramientas y maquinaria agrícola, fue detenido el martes por la Policía Nacional en la provincia gallega de Lugo, y puesto a disposición de Tribunal de Primera Instancia de Vilalba. El mismo en el que, ayer jueves, prestó declaración por parte de tales estafas para, acto seguido, volver a ser puesto en libertad, aunque previa retirada del pasaporte y con la prohibición de abandonar el territorio español. El mencionado cuerpo policial mantiene abierta una investigación. Además, la comparecencia de ayer fue aprovechada para que el arrestado declarase telemáticamente ante el Tribunal de Primera Instancia de Villablino, por la supuesta suplantación de la identidad de un vecino de esa misma población leonesa; por su parte, los abogados de otras de sus víctimas le remitieron notificaciones pendientes. Varias de esas víctimas, por cierto, se encuentran en Asturias, y confían en que, de una vez por todas, las pesquisas saquen de la circulación a este presunto estafador.
Otero -quien en el pasado ha utilizado otros nombres, como José Barro o Antonio Pulido García- saltó a la fama a comienzos de 2023, cuando, en el marco de la ‘operación Oterwanted’, la Guardia Civil lo detuvo en Jaén por la comisión de más de 250 delitos de estafa, extorsión y suplantación de identidad. Una larga lista que le llevó, incluso, a cumplir varios meses de estancia en prisión. No obstante, no parece que aquella experiencia carcelaria hiciese demasiada mella en su voluntad delictiva; al poco de ser liberado volvió a las andadas, repitiendo su modus operandi habitual. Un proceso que comenzaba con la publicación de anuncios en los que ofrecía diversos útiles -desde desbrozadoras y motosierras, hasta muebles y motocicletas- a precios extremadamente competitivos. La comunicación la mantenía a través de números de WhatsApp falsos o desechables, se ganaba la confianza de los interesados enviando fotografías del DNI de alguna víctima previa y, cuando los incautos ‘picaban’ y ordenaban las transferencias de dinero, desaparecía.
Las consecuencias de sus presuntos actos han ido más allá de la mera obtención fraudulenta de dinero. Que se sepa, al menos una de sus víctimas, cuyo DNI utilizó en estafas posteriores, ha tenido que lidiar con la visita a su propio domicilio de afectados iracundos, convencidos de ser él el autor. Ni qué decir tiene que sobre Otero -al que varios estafados describen como un «depredador» que, una vez consumado el delito, «se reía de nosotros«- pesa un océano de denuncias, interpuestas a lo largo de no menos de tres años desde distintos puntos de España; no obstante, la escasa cuantía unitaria de cada botín, y que dichas denuncias se hayan presentado de forma individual, han restado fuerza a la actuación judicial. No obstante, se sabe que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil mantienen varias investigaciones en curso. Hasta que den frutos, ambos cuerpos insisten en que no se realicen transacciones fuera de los cauces que habilitan las webs de compraventa online, ni se envíe el DNI sin antes borrar datos clave, como las fechas de expedición y de caducidad, o la fotografía. Por último, a la mínima sospecha de haber ‘picado’ se ha de denunciar a la mayor brevedad.
