La socialista Carmen Eva Pérez Ordieres alerta de que la empresa de festejos «no puede firmarlos», al ser la plaza de toros un BIC; Oliver Suárez, presidente de Divertia, contraargumenta que el pliego tiene el visto bueno de la Secretaría local
Nuevo cruce de acusaciones entre el PSOE y Divertia por el uso de la plaza de toros de El Bibio para eventos desligados del mundo taurino. Y, además, en unos términos muy similares a los de las tensiones vividas a principios de este año por la misma cuestión. Porque este mismo jueves la concejal socialista Carmen Eva Pérez Ordieres comparecía ante los medios para poner en tela de juicio tanto los contenidos del contrato de eventos festivos a desarrollar en el coso gijonés, como la misma legalidad del mismo… Y veinticuatro horas después, ayer viernes, Oliver Suárez, presidente de la empresa municipal de festejos, hacía lo propio para defenderse de tales ataques, asegurando que todo está en regla y que la del PSOE es una postura sustentada en el «no por el no».
La polémica se inició después de que Ordieres adelantase que su partido votaría en contra de los pliegos del proyecto ‘Gijón Arena’, por el que se gestionará la programación cultural de El Bibio durante nueve meses. Los puntos críticos estarían en que, según el documento en cuestión, el Ayuntamiento de arroga la posibilidad de celebrar eventos en la plaza «siempre que queden fechas libres», lo que equivaldría a una renuncia, por parte del Consistorio, a «liderar la programación cultural», además de ser un ejemplo más de la «privatización de los servicios y la mercantilización constante de los espacios públicos» que, opina, experimenta la ciudad. Más aún, Ordieres enfatizó que el plan de usos del coso fijaba un precio mínimo por uso de 693,60 euros, por lo que, de acuerdo a este contrato, que marca cuatro eventos al mes mínimo, saldría en total por los nueve meses a casi 25.000 euros. Sin embargo, el contrato establece un canon de 16.646 euros, «sensiblemente inferior» al anterior.
Finalmente, la concejala del PSOE puso en duda la legalidad del pliego, pues la plaza está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) de propiedad municipal, por lo que «es el Ayuntamiento, y no Divertia, el que puede sacar un contrato a licitación» en ese espacio. Y se despidió refiriéndose al recientemente suscrito patrocinio con la empresa Hijos de Rivera, cuyo importe «se desconoce», pero que implica la explotación de las barras hosteleras veraniegas en la ciudad incluyendo sus productos. Un dinero que «debe ser fiscalizado por la oposición», y que se incrementaría sobre los 6,7 millones de euros que gestiona ya Divertia.
Suárez, sobre el patrocinio de Rivera e Hijos: «Es una simple sustitución de marcas»
A todo ello se refirió ayer Suárez. El presidente de Divertia aseguró que el pliego cuenta con el visto bueno previo de la secretaria del Ayuntamiento, pero que, en todo caso, precisaría la luz verde de la empresa municipal de festejos. Por la parte económica, detalló que el contrato establece un canon de 20.142 euros y una garantía por incumplimiento de 8.323 euros; y, si bien no negó que es menor que el años anteriores, aclaró que «hay una parte que va asociada a la producción, que la concesionaria esta obligada a dejar, como pueda ser el escenario». A todo lo anterior se suma la obligación de asistencia sanitaria integral, y el que el Consistorio disponga del uso de la plaza con previo aviso de veinte días a la concesionaria.
Más tajante se mostró Suárez al abordar el patrocinio de Hijos de Rivera; a ese respecto, Suárez declaró que el contrato «es el mismo que el que se usó en el Consejo de Administración de Divertia del anterior mandato, sólo que, en este caso, se ha favorecido una mayor concurrencia, y ha permitido casi duplicar los ingresos». Se trataría, en definitiva, de una «simple sustitución» de las marcas que había antes. Y concluyó tratando de zanjar las dudas en torno a su competencia para presidir la empresa municipal consultando a Ordieres y, por extensión, al PSOE de Gijón «por los 850.000 euros de perdidas en Divertia del último año de su mandato».
