Según la Fiscalía, la susodicha habría alertado reiteradamente a las autoridades por la presencia de varios «yonkis» frente a su negocio, que le «pedían dinero»; ante la insistencia y el tono de las llamadas, los uniformados la habrían arrestado a ella
Una vez más, la Policía Local de Gijón ha regresado a los titulares de prensa… Aunque, en esta ocasión, no por haber protagonizado alguna suerte de intervención contra el crimen. Este miércoles dos agentes de dicho cuerpo se sentarán en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, acusados de haber retenido ilegalmente a una mujer que, previamente, les habría pedido ayuda para desalojar a varios indigentes instalados frente a su negocio. Al menos, así lo afirma la Fiscalía del Principado, que solicita para ambos uniformados penas de tres años de prisión, e inhabilitación absoluta por espacio de otros ocho años. Más aún, se reclama que abonen una indemnización para la afectada por valor de 2.000 euros, cantidad a pagar de manera conjunta y solidaria, y de la que, con los intereses legales correspondientes, responderá subsidiariamente el Ayuntamiento de la ciudad.
Siempre según el relato facilitado por el Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2022; concretamente, entre las 9.47 y las 11.03 horas. En esa ventana de tiempo la víctima llamó «en reiteradas ocasiones» al teléfono de la Policía Local, alertando de que ciertos «yonkis», tal como los definió, se habían situado ante el establecimiento que regentaba, y le estaban «pidiendo dinero». El hecho de que varios de esos contactos no fuesen atendidos llevó a que el tono de la mujer «se volviese inadecuado», si bien, matiza la Fiscalía, en ningún caso llegó al extremo de «proferir expresiones despectivas hacia los agentes». En el ínterin, varios uniformados fueron enviados a intentar resolver el problema, aunque sin avisar de ello a la mujer y, más importante aún, sin que surtiese efecto. Y es que los supuestos indigentes permanecieron allí, sin deponer su actitud, por lo que la afectada continuó reclamando la intervención de las autoridades.
Finalmente, la paciencia de los agentes se agotó. A las 11.15 horas de ese día los dos efectivos de la Policía Local ahora encausados se presentaron en el negocio de la mujer, y le exigieron que se identificara. La susodicha, que en ese momento estaba atendiendo a un cliente, facilitó su nombre y número de DNI, pero alegó que el documento físico estaba en la trastienda… Momento en que los uniformados, en vez de darle margen para que fuese a buscarlo, alegaron que se estaba negando a facilitar el DNI físico y optaron por esposarla, sacarla de la tienda en presencia de varios testigos, meterla en el vehículo patrulla, llevarla a comisaría y encerrarla en los calabozos. Allí permaneció hasta las 18.15 horas, una vez se confirmó que, efectivamente, tenía un domicilio conocido y no existía riesgo de fuga, pero el mal ya estaba hecho. Más allá de la retención ilegal, la víctima «sufrió una importante crisis de ansiedad» y lesiones cutáneas producidas por las esposas, aunque de pronóstico leve.
