El acusado fue detenido en el aeropuerto de Asturias con 28 kilos de cocaína procedente de Colombia
Un hombre ha aceptado una condena de seis años y un día de prisión y una multa de 2.100.000 euros tras admitir su responsabilidad en el delito de tráfico de drogas. El acusado fue detenido en el aeropuerto de Asturias con 28 kilos de cocaína procedente de Colombia. La vista oral tuvo lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo.
Según el relato de la Fiscalía del Principado de Asturias, el acusado, nacido en Colombia en 1995, llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 13 de mayo de 2023 en un vuelo procedente de Bogotá, con itinerario Bogotá-Madrid-Oviedo. Llevaba consigo una bolsa de mano y dos maletas como equipaje facturado. Durante el control de seguridad en el aeropuerto de Madrid, los vigilantes detectaron paquetes sospechosos en una de las maletas facturadas. Al continuar su viaje hacia Asturias, los agentes de la Guardia Civil inspeccionaron la maleta en presencia de una empleada de la aerolínea y encontraron 15 paquetes que contenían un total de 15.074,96 gramos de cocaína con una pureza del 78,2%.
A su llegada al aeropuerto de Asturias, los agentes inspeccionaron la segunda maleta del acusado, encontrando otros 13 paquetes con 13.040,66 gramos de cocaína con una pureza del 84,3%. El valor total de la droga incautada se estimó en 1.099.016,9 euros al por mayor, 1.724.811,8 euros al por menor y 6.979.020,9 euros si se vendiera en dosis individuales. Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud. El acusado reconoció los hechos y aceptó la condena propuesta por la Fiscalía, que incluye, además de la pena de prisión y la multa, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas judiciales.
La posibilidad de sustituir la pena de prisión por la expulsión del acusado del territorio nacional se resolverá en la ejecución de la sentencia. El Ministerio Fiscal se opuso a esta sustitución, argumentando la necesidad de un efecto disuasorio en la comisión de delitos contra la salud pública, conforme a las circulares 2/06 y 5/11 de la Fiscalía General del Estado.
