«La reestructuración ha evitado un colapso inmediato, sí. Pero la cuestión clave sigue abierta: ¿estamos ante la salvación de una empresa o ante una transferencia silenciosa de poder industrial?»
La reestructuración de Duro Felguera se exhibe como un salvavidas exitoso: llega un nuevo inversor, se evita el colapso y la empresa respira. Ese es el relato oficial. Pero bajo esa superficie emergen riesgos profundos que afectan tanto al futuro industrial de Asturias como a la credibilidad del Estado en materia de rescates empresariales. Y conviene analizarlos con calma, porque lo que hoy parece una operación técnica puede convertirse mañana en un problema político, económico y territorial de primer orden.
Asturias se enfrenta, en realidad, a cinco amenazas principales
La primera es la pérdida real del centro de decisión. Aunque la sede continúe en la región, el control efectivo recae ya en el grupo inversor (Grupo Prodi), con dirección fuera. Lo que marca el destino de una empresa no es el código postal de su sede social, sino quién decide la ingeniería, los contratos y la estrategia. El riesgo evidente es un vaciamiento progresivo: Asturias conserva la fachada, pero pierde la capacidad de orientar el rumbo.
La segunda amenaza es la erosión del empleo cualificado y de la cadena de valor. La reestructuración se apoya en recortes, desinversiones y prioridad absoluta de liquidez.
Ese enfoque puede ser útil para ganar tiempo, pero golpea justo en el corazón de la empresa: los equipos de ingeniería senior, la red de subcontratas y la capacidad de ejecutar proyectos complejos. Si Duro Felguera se convierte en un mero ejecutor de encargos externos, la región pierde un motor industrial clave.
La tercera amenaza es el riesgo fiscal. No hace falta deslocalizar la actividad para deslocalizar los beneficios. Si una parte sustancial del valor añadido se traslada a filiales del grupo inversor en otras comunidades o países, Asturias mantendrá empleos decrecientes y recibirá menos ingresos. Es la forma más silenciosa de perder una empresa: sin mudanzas, sin cierres, sin titulares.
La cuarta amenaza es simbólica e histórica. Duro Felguera no es una empresa cualquiera: ha sido un faro industrial, un centro de formación técnica y un nodo estratégico para la ingeniería energética y metalúrgica. Si se diluye en un grupo internacional, la región no solo pierde actividad: pierde una institución, una referencia, un ecosistema.
La quinta amenaza es política y narrativa. La percepción de que Asturias y el Estado pusieron 120 millones y estabilidad para que el control acabase fuera puede convertirse en un lastre duradero para la política industrial. Si se instala esa idea, cualquier operación pública futura nacerá cuestionada.
Para la SEPI y para el Estado, los riesgos -aunque diferentes- son igual de serios
El primero es financiero: la recuperación íntegra de los 120 millones parece improbable. En el mejor escenario, el Estado aceptará plazos más largos; en el peor, quitas parciales.
El segundo riesgo es reputacional. Si la operación acaba vista como un “rescate sin retorno”, se erosiona la legitimidad del FASEE y se compromete la capacidad futura del Estado para intervenir en empresas estratégicas sin ser acusado de regalar dinero público.
El tercer riesgo es regulatorio. La SEPI exige que Duro Felguera permanezca cotizada, pero nada impide que el nuevo controlador impulse una OPA de exclusión. Eso abriría un conflicto jurídico con minoritarios y podría activar escrutinio europeo sobre si la ayuda de Estado terminó favoreciendo un traspaso de control hacia un actor privado.
El cuarto riesgo es sistémico. Si se consolida el patrón -dinero público para salvar la empresa, control privado al final- la política industrial española queda tocada. No por un fracaso, sino por un precedente.
La conclusión es incómoda pero necesaria
La reestructuración ha evitado un colapso inmediato, sí. Pero la cuestión clave sigue abierta: ¿estamos ante la salvación de una empresa o ante una transferencia silenciosa de poder industrial?
Asturias puede perder un motor histórico. La SEPI puede perder dinero y autoridad. Y España puede perder un modelo de intervención industrial creíble.
