La entidad alerta del «agravamiento de la situación desigual de las mujeres», especialmente en el campo, potenciada por las «crisis económicas, sociales, sanitarias y habitacionales»; reclama «políticas activas» para acabar con semejante brecha
Quedan menos de 72 horas para que este domingo, una vez los calendarios señales el 8 de marzo, el mundo se suma en las celebraciones organizadas en torno al Día Internacional de la Mujer. Como cada año, será la oportunidad perfecta para clamar por la tan ansiada y, a la vez, demasiado postergada igualdad plena entre ambos sexos. Ahora bien, fuera de ese marco general, la cita dará pie a lanzar a los cuatro vientos un amplio y ecléctico abanico de reivindicaciones, demandas y peticiones más concretas, dependientes de quién sea el autor de cada una. En el caso concreto de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS), sus esfuerzos para este 8M se centrarán, como no podía ser de otro modo, en la erradicación de la pobreza derivada de las conductas machistas y de ese desequilibrio entre sexos todavía existente, especialmente en el ámbito rural. Una cruzada sintetizada en un manifiesto propio que veía la luz oficialmente este mismo miércoles.
«En las últimas décadas hemos transitado múltiples crisis económicas, sociales, sanitarias y habitacionales que han agravado la situación desigual de las mujeres: la precariedad laboral, la inestabilidad de los proyectos vitales o la dificultad de acceder a una vivienda constituyen obstáculos relevantes para conseguir la igualdad real», arranca el texto, suscrito por el más de medio centenar de organizaciones del tercer sector que integran la Red en la región. Una circunstancia que, prosiguen los autores, «se ve agudizada por un contexto social, político y mediático profunda e intencionalmente regresivo», marcado por mensajes, a menudo falsos, que pretenden ensanchar la brecha y hacer que las diferencias pervivan o, incluso, aumenten. Así las cosas, opinan en EAPN-AS, ser mujer «es factor de riesgo de pobreza y exclusión social»; y más aún cuando se lleva la mirada al agro. Allí, pertenecer al sexo femenino «implica una obligada adaptación y pliegue a los condicionantes no solo del sistema machista, sino también de un mundo urbanocéntrico». Y es que, recuerdan, «la falta de reconocimiento a la población campesina, la gestión centralista y los valores y actitudes sexistas han provocado escasez de recursos, precariedad de los empleos más feminizados, una alta incidencia de la violencia de género y escasos espacios de participación».
Afortunadamente, semejante coyuntura puede revertirse, pero para ello se hace imperativo un esfuerzo profundo, constante y profundo, a todos los niveles. «Desde lo local a lo global, en todas las dimensiones posibles, deben darse respuestas políticas integrales que no dejen a ninguna mujer atrás», insisten desde la Red, firmes defensores de una «transformación social que sitúe la sostenibilidad de la vida en el centro, construyendo comunidad a través de un sistema con políticas públicas defensoras de los derechos humanos, única vía para afrontar los odios individuales». Porque, como sus miembros no se cansan de reiterar -y con razones para ello-, «la garantía de derechos no es negociable», y su preservación exige la implicación de «todos los actores sociales y políticos». Solo así, en alianza, será posible «poner fin a un fenómeno estructural que provoca, en cada crisis, una reproducción social de los roles de género, un incremento de la desigualdad y de la brecha de riesgo de pobreza y exclusión social entre sexos, hipotecando el futuro de la mitad de la población y, por tanto, el de nuestra sociedad».
