La entrada en vigor hoy de la Ley de Desperdicio Alimentario, que autoriza la caza de dicho cánido al norte del Duero, divide a ambos colectivos; los primeros exigen al Gobierno que recurra la medida, mientras los segundos enfatizan la necesidad de un «control» para limitar los daños que causan
¿Qué es, o qué debería ser, el lobo ibérico para el conjunto de la sociedad? ¿Una muestra más de la riqueza biológica española, digna de ser protegida… O un foco de desvelos y de pérdidas económicas para las comunidades ganaderas, a cuyos rebaños, en ocasiones, atacan? Como en tantas otras cuestiones debatidas diariamente, resulta imposible dar con un consenso. Y menos aún después de que, tras publicarse ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la entrada en vigor este jueves de la Ley de Desperdicio Alimentario haya reducido sensiblemente la protección de que hasta ahora gozaba dicho cánido. ¿Cómo? Levantando la prohibición que pesaba sobre su caza en los territorios al norte del río Duero, Asturias incluida. La medida, que medraba en el Congreso gracias a los votos favorables de PP, Vox, PNV y UPN a una enmienda en ese sentido previamente llevada con éxito al Senado, abre la puerta a abatir ejemplares del animal en cuestión, y ofrece un foco de alivio y alegría a los ganaderos, grandes defensores de la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Una satisfacción, sin embargo, que no se ha replicado en los colectivos ecologistas, desde los que se ha llegado a pedir al Gobierno nacional que recurra cuanto antes la ley, toda vez que la especie sigue en estado de conservación desfavorable.
Antes de bajar a la esencia de ese desajuste de visiones, conviene conocer el texto de la norma. En en la práctica, fija que las autorizaciones excepcionales para cazar lobos en la mitad norte peninsular -y, en la práctica, cualquier especie depredadora con alto impacto en el sistema productivo que esté incluida en el LESPRE- podrá justificarse en «la eficiencia del sistema productivo», una nueva posibilidad que se suma a las hasta ahora ya presentes en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se trata de un añadido clave, toda vez que las explotaciones ganaderas afectadas los ataques del lobo forman parte de dicho sistema de producción. Y no sólo eso; fruto de una segunda enmienda, aprobada por los partidos anteriormente citados y, a mayores, por Junts, se abre la puerta a rebajar el grado de protección de que sigue gozando el lobo al sur del Duero, siempre y cuando pasen al anexo de especies objeto de medidas de gestión de la Directiva Europea relativa a la conservación de los hábitats naturales, y de la fauna y flora silvestres. Su fecha de vigencia ha estado rodeada de cierta polémica, pues el texto publicado en el BOE señala el 2 de enero de 2025, un punto ya sobradamente rebasado, y un error que se sucede desde que comenzase la última fase de tramitación de la norma. Aun así, fuentes del Ministerio de Agricultura han confirmado que, en efecto, la vigencia comienza hoy, siempre supeditada a lo que dispongan las propias comunidades autónomas.
«En el norte, el lobo sigue en estado de conservación desfavorable, por lo que no se pueden hacer planes de caza o de control»
Luis Suárez, coordinador de Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WFF)
Sobre ese último aspecto, al final de la tarde de ayer el Gobierno del Principado todavía no se había pronunciado, salvo para insistir en que, una vez obtenidas garantías legales, se comenzarán a realizar controles poblacionales de la especie este año. Sí alzaron la voz, en cambio, en el Ejecutivo nacional; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, salió al paso para tachar la rebaja de la protección del lobo ibérico de decisión «precipitada e imprudente», que va «en contra de la ciencia», y que convertía al de ayer en un día «triste» para «todos» los que aspiran a proteger la biodiversidad. Ese malestar se multiplica a tenor de que, como la titular del área recordó, «llevamos meses trabajando con las comunidades autónomas para poder tener el censo del lobo en España«, un trabajo que, ahora, al haber optado por «tomar un atajo«, ha quedado parcialmente devaluado.
En línea similares se expresaban en el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su designación en inglés) y en Ecologistas en Acción, firmes defensores de que el Gobierno de la nación recurra la medida en los tribunales. El coordinador de Conservación de la primera de ambas entidades, Luis Suárez, ponía el foco en que, si bien el Convenio de Berna del Consejo de Europa ha cambiado la categoría de la especie de «protección estricta» a simple «protección», el lobo sigue dentro de la Directiva Hábitats «y está en estado de conservación desfavorable«, por lo que, hasta que esa realidad varíe, «no se pueden hacer planes de caza o de control«. Un argumento reforzado desde Ecologistas en Acción por su portavoz, Theo Oberhuber, con un recordatorio: el de que, a efectos prácticos, el Convenio de Berna «no afecta a España», pues la inclusión del lobo en el LESPRE hace ya tres años le brinda a dicho cánido un nivel de protección mayor que el que fija ese acuerdo europeo. En cualquier caso, el enfado que la entrada en vigor de la norma ha desatado en ese flanco se hará evidente este domingo, en la concentración de protesta contra las matanzas de lobos convocada para las 12 horas, frente a la sede de Presidencia, en Oviedo.
«El Ministerio y los ecologistas hacen lo que quieren, pero de comer al lobo le damos los ganaderos»
Xosé Ramón González, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
Y… ¿Cómo se está viviendo la cuestión en la trinchera opuesta, la de los ganaderos? Bien, en líneas generales se ha concedido la necesidad de «convivir» con el lobo, pero no sin aplicar mecanismos de control que limiten, o anulen, el daño que puede llegar a causar a las explotaciones. Un doble criterio que es «el que acepta gran parte de la sociedad española», en opinión de Gaspar Anabitarte, portavoz de Fauna Salvaje y ganadería de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Y es que, continuaba ayer Anabitarte, la inclusión del cánido en el LESPRE fue «una maniobra sucísima», motivada por «intereses políticos, de votos y cosas de estas», y marcada en negativo por la falta de concreción de las medidas protectoras a adoptar. Más virulento se revelaba el secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Xosé Ramón González, airado por un escenario en el que, a su parecer, «el Ministerio y los ecologistas hacen lo que quieren, pero de comer al lobo le damos los ganaderos«. Es más, concluía planteando que «lo que tiene que hacer Transición Ecológica es pensar que en la biodiversidad también están los ganaderos y el ganado; hemos pedido una reunión con ellos para hablar de esto hace tiempo, y no tienen ni la habilidad de contestarnos».
