«Resulta desalentador pensar que, en Gijón, desde hace ya un par de décadas, nunca tenemos, por lo que sea, y gobierne quien gobierne, dinero para nada»
En el último Pleno municipal hemos tenido el enésimo debate, sin solución de continuidad, de momento, respecto al famoso y conocido edificio de los antiguos Juzgados de la calle Decano Prendes Pando. Edificio que lleva algo más de once años cerrado (salvo para alguna serie de Netflix – bastante regular, por cierto -, que se volvió a abrir por unos días) y que, durante esos once años, ninguna Administración pública, ni la titular de la propiedad, el Principado de Asturias, ni la que podría optar a una cesión gratuita, el Ayuntamiento de Gijón, han sido capaces de darle una segunda oportunidad a este edificio de Pedro Cabello, proyectado en origen en 1959.
Era un edificio que venía a completar el concepto de cuidado infantil que cubrían los dos edificios que están a su alrededor: el Hogar Materno Infantil, conocido como la ‘Casa Rosada’ (también proyectada por el inagotable Pedro Cabello), y el identificado como la ‘Gota de Leche’, ubicado próximo al anterior. En el devenir de la construcción de lo que en principio se iba a destinar para Albergue y Clínica Infantil, se acabó construyendo y usando para juzgados, dada también la carencia que había en aquellos momentos en la ciudad en materia de Justicia. El edificio figura en el Catalogo Urbanístico de Gijón con la ficha ED-3-AD. Recordaréis en el anterior artículo de esta columna sobre edificios que explicábamos un poco qué significa la nomenclatura de las fichas del Catálogo Urbanístico de Gijón y de su importancia a la hora de valorar, con un mínimo de rigor, lo que le puede pasar o lo que se puede hacer con un edificio. En éste, la ficha con la nomenclatura final ‘AD’ quiere decir que el nivel de catalogación y protección que tiene es el ambiental documental que, de manera muy resumida, significa que básicamente se puede demoler o sustituir sin problema, con la salvedad de que debe fotografiarse y registrarse previamente, y poco más. En el caso de este edificio hay un plus que juega a favor de su conservación, y es que está registrado en la Fundación DOCOMOMO, que es “una organización internacional creada en 1990 con objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno”.
Con esta salvedad sobre su valor arquitectónico, y centrándonos en lo esencial, que es el uso del edificio como ya decíamos, nadie quiere saber nada de él. Pese a que ha habido numerosos intentos y propuestas, como residencias, locales públicos, apartamentos para mayores, centro de mayores, oficinas de distintas entidades públicas, dotaciones deportivas y así un sinfín de propuestas, en su mayoría ciudadanas o de colectivos, nada de esto ha cuajado. Primero se decía -por aquellos que tenían que gastarse lo cuartos, claro- que el edificio presentaba deficiencias constructivas, luego ese asunto no quedó tan claro y ahora se esgrime, en este caso por parte del Ayuntamiento para no hacerse con su cesión, que sería muy caro afrontar su puesta a punto. Hablan de unos 20 millones de euros. Más allá de que esa cifra parezca un tanto hinchada, no hay que olvidar que más que de un edificio estamos hablando de una manzana construida al completo, concretamente de 11.932 metros cuadrados en una ubicación absolutamente privilegiada de la ciudad y que resulta muy difícil de explicar a alguien, que no sea gijonés que, pese a estar ubicado donde se encuentra, está abandonado por las administraciones públicas. De hecho, y sin ponernos tremendos, resulta desalentador pensar que, en Gijón, desde hace ya un par de décadas, nunca tenemos, por lo que sea, y gobierne quien gobierne, dinero para nada. O al menos para nada que conlleve una revaloración del patrimonio público. Si exceptuamos la rehabilitación, certera, de la Escuela de Comercio, y Tabacalera que, de momento y ya llevan más de un lustro, está sin terminar y sin entregar, el patrimonio público no ha sido reforzado en ningún aspecto
Es cierto que la cantidad de propiedades con las que cuenta el Ayuntamiento de Gijón es elevada, pero no es menos cierto que el conocido como ‘antiguo palacio de justicia’ es una infraestructura pública, con historia, construido gracias a inversiones ciudadanas en forma de aportaciones económicas para el enorme y excepcional proyecto del pediatra Avelino González, y que debería volver a figurar como un espacio de aprovechamiento público. Dada su tipología constructiva, no parece que una reforma que garantice un mínimo de accesibilidad y de posibilidades, fuera a conllevar una inversión elevadísima. Por lo demás, el Gobierno del Principado de Asturias lleva décadas ahorrándose mucho dinero que debería aportar al Ayuntamiento de Gijón en forma de mejoras estructurales y reformas en centros educativos. O en una obligación que lleva esquivando, y que nadie quiere recordarle, como es construir una estación de autobuses pública. Con estos preceptos, y con la necesaria colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, no se debería permitir que pasen más décadas sin mirar para él, hasta que el inexorable paso del tiempo lo convierta en una ruina y acabe en manos privadas por cuatro céntimos de euro. Que no sería la primera vez que algo así pasa.
Que lo privaticen y lo vendan como pisos. Se puede dejar un porcentaje a vivienda pública y de esa manera se estaría creando un edificio habitado por diferentes niveles adquisitivos. También pueden crear diferentes tamaños para distintos tipos de población (parejas, con hijos, personas que viven solas, jóvenes, ancianos…) tal como hacen en Viena.
No es necesario colonizar como espacio público todo edificio inhabitado. Acaba siendo un gasto.