El Gobierno de Gijón confirma que acudirá al TSJA para tratar de revertir el fallo, favorable a Vox; Podemos considera lo ocurrido «un atropello», pero IU ve en ello un reconocimiento «al valor que tiene el asturiano en el ámbito público»
Es una expresión sumamente manida, pero de lo más oportuna para describir lo ocurrido hoy en Gijón: un verdadero jarro de agua fría. Así ha caído esta mañana la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número Uno que, dando paso al recurso contencioso-administrativo presentado en octubre por el grupo local de Vox, ha decretado nulo el Plan de Normalización Llingüística vigente en la ciudad desde agosto de 2024, debido a varios errores en su tramitación. Ni qué decir tiene que en la formación que inició esa maniobra la noticia ha sido acogida con júbilo, pero ni el Ayuntamiento, ni las restantes fuerzas en la oposición han dado la batalla por perdida. Poco más de una hora después de conocerse el fallo judicial, y tras ponderar los siguientes pasos a dar, el Gobierno ha confirmado que recurrirá la sentencia, acudiendo para ello al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Ante ese último órgano, el Ejecutivo gijonés defenderá la correcta tramitación del Plan, intentando, así, desmontar cada una de las acusaciones vertidas desde Vox. En ese sentido, el fallo enumera un total de seis fallos durante el proceso de entrada en vigor del documento: falta de un informe económico, no financiero; omisión del procedimiento por la falta de consulta pública previa; no publicación del texto en la web; ausencia de publicación de las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos; falta de intervención de la Junta de Gobierno; paso directo del proyecto reformado por el Consejo Asesor, e inexistencia de su inclusión en el Plan Normativo Anual. Independientemente de que la estrategia del Ayuntamiento dé frutos, o no, es motivo de esperanza el hecho de que en ningún momento el contenido del Plan de Normalización es puesto en tela de juicio, lo que da pie a creer en que, en caso de confirmarse, los errores en cuestión podrán ser corregidos sin invalidar por completo el documento, que debería haberse mantenido activo hasta, al menos, 2027.
«La protección del asturiano ya la defienden los propios jueces»
Noelia Ordieres, concejala de Izquierda Unida
A la espera de que desde el Consistorio se presente el recurso, para lo cual se dispone de dos semanas de margen, tanto la representación municipal de Izquierda Unida (IU), como la de Podemos, han salido al paso de la polémica, y han valorado el alcance de lo sucedido. La primera en hacerlo ha sido la portavoz de la formación morada, Olaya Suárez, quien, si bien no ha dudado en calificar el fallo judicial de «atropello«, ha recalcado que sus efectos se producirán sólo sobre «un plan de mínimos sin ninguna fuerza vinculante«. Al fin y al cabo, ha detallado Suárez, «no es una ordenanza, ni un reglamento, y sería preocupante que los tribunales cercenen la capacidad de las instituciones de emplear instrumentos como este plan para impulsar políticas de interés general«, ha llamado la atención. Y, pese a eludir la cuestión de los posibles errores, ha incidido en que «la única garantía de seguridad jurídica para proteger el futuro del idioma, y el derecho de los y las asturianas a hablar en la lengua que prefieran, es la oficialidad del asturiano«.
Frente a las palabras de la líder local de Podemos, la concejala de IU Noelia Ordieres se ha mostrado sensiblemente más optimista, y no ha dejado pasar la oportunidad de bromear sobre la sentencia, destacando que, implícitamente, es un reconocimiento «al valor que tiene el asturiano en el ámbito público». Ahora bien, a diferencia de Suárez, Ordieres sí ha adelantado que su partido pedirá al Gobierno explicaciones de los fallos reseñados en la próxima Comisión de Cultura, que presidirá la forista Montserrat López. Y también ha sacado a la superficie un matiz no menor de la sentencia: el detalle de que, al indicar que no se incluyó en el Plan Normativo Anual, se refrenda que este Plan de Normalización es una norma «de obligado cumplimiento«, adquiriendo, pues, el mismo rango que una ordenanza. Un síntoma, ha concluido la edil de IU, de que «la protección del asturiano ya la defienden los propios jueces», toda vez que el documento, como se ha aclarado, no entra a valorar el contenido del Plan.
