El fallo, según el concejal de IU, no cuestiona los objetivos de la demanda
El concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha adelantado este martes que el Gobierno local recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ganadas por Foro y por el PP, por las que se declara la nulidad de la Ordenanza Municipal de Movilidad. Martín, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha argumentado que les ha alentado a recurrir el fallo judicial el que la propia sentencia apunta a la «complejidad y singularidad» del asunto y que alude a «composiciones jurídicamente sostenibles».
A este respecto, ha incidido en que el fallo judicial hace mención a que el informe económico que acompaña a la ordenanza es «insuficiente». Sin embargo, no cuestiona los objetivos de la demanda, según el edil. Martín ha recalcado que los efectos jurídicos de la ordenanza se alargan en el tiempo, por lo que los ingresos vendrían condicionados, entre otras cosas, por unas Ordenanzas Fiscales marcadas para cada año.
Impacto económico «muy pequeño»
Incluso ha indicado que las restricciones que recoge la ordenanza tienen un impacto económico «muy pequeño», a lo que ha apuntado que las siguientes medidas que registren la circulación a vehículos si etiqueta ambiental serán de aplicación en 2026, si bien se acordó revisar estas en 2025. Respecto a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ha matizado que tienen ordenanza propia. Sobre ello, ha remarcado que desde el Gobierno local defendían y defienden que las previsiones económicas no afecta a la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, al suponer algo más de 300.000 euros de un presupuesto consolidado de más de 300 millones de euros.
Ha reiterado, en este caso, que hay jurisprudencia que permite dilatar los gastos en el tiempo, y que tendrán que ver con el desarrollo de la ordenanza. Ha agregado que para desarrollarse en su plenitud esta ordenanza, se prevé el desarrollo de otras ordenanzas como las de ZBE. Con todo, el edil ha remarcado que «en ningún caso» se pone en cuestión las medidas establecidas. Preguntado por la apreciación que hace la sentencia acerca del coste que puede implicar, especialmente a actividades profesionales que tengan que cambiar el vehículo por otro con distintivo ambiental, ha considerado que ahora no hay implicación económica y, en cualquier caso, dependería mucho de las decisiones que se fueran tomando y del desarrollo de las ZBE.
A esto ha sumado que las decisiones son «relativas» y que en la actualidad el porcentaje de vehículos sin distinto DGT está a la baja. «No conozco que los coches duren eternamente», ha afirmado. «Es un reto indispensable luchar por la salud pública y contra la contaminación», ha defendido Martín, quien ha recalcado que en España se producen 25.000 muertes prematuras al año por contaminación, una buena parte por coches de combustión, y una gran parte de esta parte en grandes ciudades.
En este contexto, ha reivindicado el derecho como ciudadano a la salud pública. «No nos equivocamos, esto es imparable», ha asegurado sobre la lucha contra la contaminación y el camino hacia una movilidad más sostenible. Se ha preguntado, con relación a ello, si es que en Madrid no hay restricciones, para después recalcar que no se puede entrar sin etiqueta ambiental.
«Es la política judicializada, embarrándolo todo»
A mayores, ha confesado que esto le parece que es para que en el ámbito político «se pierda el tiempo». «Es la política judicializada, embarrándolo todo», ha opinado sobre los recursos presentados por Foro y PP. Martín ha ahondado en que hay dos posiciones contradictorias, la de Foro «abrazando» a Vox, y la del PP que es «hipocresía», porque da por seguro que si los ‘populares’ gobernaran iban a desarrollar las ZBE igualmente. Ha advertido, en este sentido, que la judicialización de la política solo consigue paralizar las ciudades y las pone en desventaja con otras.
También ha aclarado que es una sentencia declarativa, y hasta que no sea firme no se puede pedir la ejecución de la misma ni medidas cautelares, por lo que continuará «todo como está, ha adelantado. Además, en el caso de que el Tribunal Supremo no les dé la razón, ha indicado que habrá que hacer las cosas como se fijen en la sentencia. Dicho esto, ha reivindicado que no se puede renunciar a mejorar el Medio Ambiente. Por esta razón, ha reconocido que le cuesta entender que se ‘tumben’ las pocas medidas «blandas» que se incluían en esta ordenanza.
Eso sí, ha desligado estas sentencias de la del ‘cascayu’, ya que esta última se basó en que el Ayuntamiento se equivocó al decir que era provisional y no definitivo. Sobre si él se equivocó en sus decisiones, ha señalado que él no es jurídico ni el director general de su Concejalía, ni tampoco los tres jefes de servicio.
Evitar el engaño
Martín, por otra parte, ha lanzado una advertencia por si hay quien cree que va a gastar un solo euro de fondos europeos sin cumplir los objetivos europeos, en lo referente a la lucha contra la contaminación, la mejora del Medio Ambiente y la reducción de vehículos de combustión. Ha afirmado, a este respecto, que IU tiene «suficientes fuerzas» para que no se cometa «un engaño», a lo que ha insistido en que no permitirán que se usen para otras cosas que no sean para la mejora de la movilidad sostenible y del Medio Ambiente. El portavoz de IU ha remarcado en que su fuerza política en Europa hará «todo lo posible» para que no se cometa un «engaño».
Sobre la posible devolución de las multas impuestas en zona ORA de acuerdo a la Ordenanza de Movilidad en el caso de que se ratifiquen las sentencias que declaran su nulidad, ha indicado que suponen un 20 por ciento, el importe sería «muy pequeño», según el concejal.
