Los vecinos critican que las rentas fijadas no se ajustan al IPC de forma equilibrada, que la propiedad puede acceder a los pisos dos veces al año con sólo cinco días de preaviso, y que la subrogación de ciertos contratos mantiene la sombra del desahucio
Hay un frente de batalla en Gijón que, aunque eclipsado por tensiones de más amplio espectro, como los problemas en las tarifas del transporte público o la polémica en torno a los terrenos del Puerto, continúa activo, sin que cese la lucha… Ni tampoco la voluntad de resistencia de sus protagonistas locales. Se trata, claro, del ‘bloque en lucha’ de Río Piloña, el portal número tres de dicha calle del barrio de Contrueces, cuyos habitantes siguen sosteniendo el pulso contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Sobre todo, después de las últimas novedades en torno a su caso. Y es que, denuncian los vecinos, a pesar de que el coloquialmente conocido como ‘banco malo’ ha remitido los borradores de los contratos de alquiler sociales pendientes, a través de la gestora Tecnotramit, los documentos en cuestión «infringen de manera clara la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU)«. Eso, por no hablar de que la perspectiva de un desahucio futuro continúa planeando sobre ellos.
«De entrada, estos contratos sociales, destinados a los cinco inquilinos considerados no vulnerables, infringen el articulo dieciocho de la LAU«, afirman los habitantes del bloque. El punto en cuestión obliga a que las subidas de los precios iniciales del alquiler se realicen anualmente, y únicamente tomando como referencia el Impuesto de Precios al Consumo (IPC). ¿Dónde está el problema? En que, aunque en los pliegos redactados por Tecnotramit se pacta una renta bonificada con los vecinos, para aliviarles de parte de esa presión económica, a la hora de ajustarla a la subida del IPC se tiene en cuenta no ese precio reducido, sino el inicial, sin contar las bonificaciones. La consecuencia es fácil de vislumbrar: en un año, una vez hecho el ajuste, «pasas de pagar un alquiler social de 370 euros, a abonar 800». Eso, en el plano económico, pero es que, además, la propiedad del edificio se arroga el derecho a hacer dos revisiones al año, accediendo a las viviendas con un preaviso de cinco días. «Eso no se sostiene por ningún lado«, alegan los inquilinos, que vuelven a esgrimir la LAU para recordar que la norma «obliga a responder de la buena conservación y mantenimiento del inmueble al tiempo de finalización del contrato«, sin que se contemplen revisiones de control periódicas que, en la práctica, suponen una intromisión en la intimidad.
«Es bastante gracioso volver a ver este mal obrar; este reconocimiento abierto de que, para ellos, aquellas reuniones del mes de marzo fueron un teatro»
Vecinos del ‘bloque en lucha’ de Río Piloña
Fuera de tales irregularidades, los habitantes de Río Piloña siguen criticando el oscurantismo conque la SAREB está obrando. Sin ir más lejos, las peticiones de entrega de los expedientes de vulnerabilidad de los vecinos reconocidos como tales, y las solicitudes para que se reconsideren aquellos otros que fueron descartados, han caído en saco roto, pese a ser «un derecho recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales«. En este caso, el ‘banco malo’ alega que se trata de «información privada y vulnerable«, razón por la que no puede facilitar los documentos, pero también niega que existan «condiciones pactadas, ni con Administraciones públicas, ni con particulares» para considerar vulnerables a todos los vecinos. Algo que estos últimos aseguran que se prometió de palabra en el curso de las reuniones celebradas el pasado mes de marzo. «Es bastante gracioso volver a ver este mal obrar; este reconocimiento abierto de que, para ellos, aquellas reuniones fueron un teatro«, lamentan en el bloque.
Sin embargo, si hay un asunto que enerva especialmente a los afectados de Contrueces, ese no es otro que el mantenimiento de la perspectiva de un posible desahucio. Y es que, aseguran, los modelos de contrato enviados contemplan vigencias de siete años para las familias vulnerables, y de un año para las restantes, en forma de subrogación. Ahora bien, para optar a ellos los inquilinos «tienen que abonar rentas desde 2021, fecha en la que la SAREB adquiere la propiedad de la inmueble«, reclamaciones que ascienden a la friolera de 20.000 euros por vecino; en caso de no abonar esa cuantía, no se podrá optar a esa estancia de un año. «Como es obvio, y todo el mundo haría, nadie va a pagar tal cifra cuando no se sostiene por ninguna parte«, sentencian en el bloque. Ahí es, precisamente, donde detectan la trampa, ya que, pasado ese año, y sin haber pagado los 20.000 euros, «la SAREB tendrá la excusa perfecta para plantear sus desahucios, cuando no quiera mantener a vecinos sin regularizar su situación contractual«.
Así las cosas, los habitantes de Río Piloña reiteran una más que necesaria, y urgente, intervención de las Administraciones para atajar el problema. Por el momento, han convocado una concentración y rueda de prensa este viernes, a las 12.30 horas, durante la cual detallarán sus reivindicaciones y temores.
