El caso de Gilberto Villoria reabre las dudas sobre plazas ‘protegidas’ en el Ayuntamiento

La inclusión, en la convocatoria de provisión de puestos, de la Jefatura de Sección de Brigadas, desempeñada por Villoria hasta su ‘salto’ a concejal de Infraestructuras, y su posterior eliminación ha despertado sospechas en ámbitos políticos y sindicales

Tratar de comprender el funcionamiento de una Administración Pública cualquiera, por pequeña que sea, es un trabajo arduo y difícil. Supone penetrar hasta las entrañar de una maquinaria burocrática complejísima, compuesta de decenas -cuando no cientos o miles- de ‘engranajes’: personal de todo tipo, procedimientos variados, objetivos diversos, recursos limitados, etc. Pues bien, en el caso del Ayuntamiento de Gijón uno de esos elementos ha llamado la atención hasta el punto de alimentar unas cuantas dudas: la inclusión, primero, y eliminación, poco después, del cargo de Jefe de Sección de Brigadas en la convocatoria de provisión de puestos singularizados del Consistorio, debatida en la Junta de Gobierno Local del pasado 16 de diciembre. Una plaza que, hasta mayo de 2023, ocupó el actual concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria; para la que tuvo que solicitar una excedencia, por ser incompatible con la actividad política; y que, desde entonces, se ha cubierto en comisión de servicios por un tercero, designado temporalmente. Nada hay de ilegal en todo lo anterior, pero esa aparición y desaparición repentina del puesto de Villoria en la convocatoria ha llevado a algunas personas a preguntarse… ¿Está el Ayuntamiento reservando a algunos de sus ediles ciertas plazas en el organigrama municipal?

En paralelo a todo lo anterior, el 17 de junio la Junta dio el visto bueno a las bases generales para la provisión de puestos por concurso; no obstante, la votación de las bases específicas correspondientes a varios de los puestos específicos del organigrama se retrasó hasta diciembre. Ahí comenzaron los problemas. El 12 de ese último mes se presentó un primer expediente con un listado de puestos que sacar a concurso en el que, para sorpresa de muchos, figuraban varias plazas ya asignadas, con sus titulares en excedencia y cubiertas mediante comisiones de servicio; entre ellas, la de Villoria. Sin embargo, en la Junta de Gobierno celebrada el 16 de diciembre ese listado se vio reducido a solo veinticuatro puestos, desapareciendo todos los polémicos… Incluido el de Villoria. Este diario ha consultado al Ejecutivo sobre el porqué de esa modificación. La respuesta oficial, dada desde el gabinete de prensa de Foro, es que el puesto en cuestión «ya no existe, y no está dotado presupuestariamente tras la reordenación del servicio; se incluyó en el borrador al figurar por error en el catálogo de puestos pero, cuando se revisó cada una de las plazas, se vio que constaba y se eliminó». Y, en efecto, el extracto de la sesión afirma que el asunto «se deja pendiente de un mejor estudio». Finalmente, el 7 de enero el BOPA publicó esa lista corregida; en ella, no consta la Jefatura del Servicio de Brigadas.

Con casi 30.000 euros anuales, la plaza lleva cubierta en comisión de servicios desde 2023; el año pasado debería haber salido de nuevo a concurso, pero se ha optado por suprimirla

Para entender este asunto hay que retrotraerse al 25 de febrero de 2025, día en que la Junta de Gobierno Local aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT); es decir, el organigrama que recoge las distintas competencias, rangos y profesionales necesarios para que el Ayuntamiento cumpla con sus misiones adecuadamente. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), esa RPT entró en vigor el 7 de marzo, todavía sigue siendo válida a la espera de ser reemplazada por la negociada en diciembre… Y, primer detalle importante, sí reconoce la existencia de la plaza de Jefatura de Sección de Brigadas -la ocupada por Villoria-, asignándole una dotación anual de 25.878,86 euros al tratarse de una labor a jornada partida, y requerir un complemento económico específico por ser un puesto de mayor dedicación. Es más, el 30 de junio el BOPA se hizo eco de un cambio sensible en esa cuantía: el añadido de otro complemento, esta vez por disponibilidad, que elevó el total percibido a 29.976,80 euros. Un dinero que, en estos momentos, Villoria no debería percibir, al hallarse en situación de excedencia, y su puesto, cubierto mediante una comisión de servicios temporal. Sin embargo, el siguiente dato es relevante: según dicta la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, las comisiones de servicio solo pueden durar un año, prorrogable por otro más. Uno más uno. O sea, dos años. En teoría.

Los hechos objetivos plantean varias preguntas. Si las elecciones en las que Villoria ‘saltó’ a la escena política -y que dieron inicio a la incompatibilidad de ese desempeño con el puesto de jefe del Servicio de Brigadas- fueron el 28 de mayo de 2023; la toma de posesión se ofició ese 17 de junio, y las comisiones de servicio solo pueden tener una duración máxima de dos años, eso significa que, en principio, la plaza en cuestión debería haber sido sacada a concurso a lo largo de 2025, una vez cumplido ese máximo de veinticuatro meses en comisión. ¿Tal cosa se ha hecho? Parece que no. Todo lo contrario; como se ha visto, el Consistorio ha optado por eliminar de raíz el puesto. ¿Por qué? Ahí radica la duda. Sobre todo, si se piensa que, según han declarado a miGijón fuentes sindicales, hace años que el tope de los dos años en comisión de servicios se rebasa con ligereza, y de forma usual. En tiempos de la alcaldesa socialista Ana González el entonces edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo, muy crítico con esa práctica, cifró en alrededor de 120 las plazas ocupadas en comisión; en algunos casos, desde hacía hasta quince años. Un mal endémico que aún perdura, y que es consecuencia de una alta tasa de temporalidad, bien por problemas de gestión, bien por intereses… Pero que, volviendo al caso que nos ocupa, en la práctica habría sido factible extender el plazo de la comisión sobre el puesto de Villoria, aunque se tratase de algo irregular. ¿Por qué, entonces, suprimir esa Jefatura?

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«Al suprimir el error, en vez de asumir sus efectos, se ha despertado la sospecha de que se estén reservando puestos; podría no ser así, pero… ¿Y si sí?»

En el PSOE no albergan dudas al respecto. «Está claro que fue Villoria el que paró la convocatoria de provisión definitiva para tener el puesto vacante«, aventuran desde el principal partido en la oposición. Solo así se explican que, de la noche a la mañana, haya desaparecido de la faz de la tierra una plaza que, sin ser la más crítica de cuantas integran el organigrama, reviste su importancia. Y, para ellos, el asunto se vuelve todavía más sangrante a la vista de ese segundo complemento económico aprobado el 30 de junio, que elevó la dotación anual a casi 30.000 euros. Un total del que «podrá beneficiarse cuando vuelva, aunque ahora el puesto no esté dotado presupuestariamente«. De todos modos, tampoco sería algo realmente atípico… Desde otras fuerzas municipales insisten en que «es una táctica habitual de Foro, que ya utilizaron en los dos mandatos anteriores de Carmen Moriyón: se bloquean las provisiones de ciertos puestos para que, en caso de perder el Gobierno de la ciudad, el partido tenga una alta cantidad de jefes de Servicio leales en el nuevo organigrama, capaces de ejercer un boicot sobre el Ejecutivo entrante«. Las mismas fuentes citan como ejemplo lo sucedido el pasado mayo en el Servicio de Bomberos, cuando, alegando quejas de la plantilla, Pablo Ferrío fue reemplazado por Javier Álvarez Villazón, quien ya se desempeñase como jefe entre 2018 y 2022… Coincidiendo con el segundo mandato de Moriyón.

Llegados a este punto, es prudente rescatar algo ya dicho al inicio del texto: a priori, no hay nada ilegal en todo lo relatado, aunque sí llamativo y, de revelarse cierto, éticamente dudoso. Y esas dudas en torno a una posible reserva de plazas han cuajado, incluso, en la órbita del Gobierno gijonés. Personas cercanas al mismo han apuntado que, «una vez cometido el error de incluir ciertas plazas en la provisión de puestos, se deberían haber asumido sus consecuencias y seguido adelante, aunque eso hubiese supuesto que, en el momento en el que el concejal en excedencia volviese al servicio, se tuviese a dos personas para un mismo puesto». En términos políticos, ese sería un mal mucho menor que el causado al añadir y, después, retirar las plazas de la discordia. Porque, tal como sentencian las mismas fuentes, «al hacer eso, han llamado la atención y han despertado sospechas que antes no estaban ahí; y podría no ser cierto, podría no haber ninguna reserva a la espera de una salida de los interesados del Gobierno, pero… ¿Y si es así?«.