La plataforma afea al equipo de Carmen Moriyón que se haya tomado tal medida sin ofrecer una alternativa, y pese a «los malos valores habituales de contaminación que sufre Gijón»
Las reacciones contrarias a la supresión del distintivo medioambiental para vehículos, y a la restitución del estado del Muro de San Lorenzo previo a la pandemia, sigue llegando, y no sólo desde la órbita política gijonesa. La Coordinadora Ecologista de Asturias se ha pronunciado al respecto de ambas medidas, interpretando como «una tomadura de pelo» el hecho de que, «con los valores habituales de contaminación que sufre la ciudad, se comience el mandato municipal aportando más humo e inseguridad a las calles de Gijón, llenándolas de más vehículos sin distintivo, y sin proponer una alternativa para la salud de las personas que no sea más carriles para los coches, o más aparcamientos» para coches».
La plataforma ha recordado que «ninguna de las estaciones de la ciudad cumple habitualmente los valores recomendados por la OMS en cuanto al NOX, PM10/2.5 y ozono, siendo habituales las superaciones, incluso, de la propia normativa EU, cuyas restricciones se sabe que se van a endurecer en breve a valores mucho más bajos». Más aún, a juicio de los ecologistas «estudios recientes indican también que hasta en los entornos escolares de Gijón sufren de esta contaminación en valores nada recomendables para la comunidad escolar». Y concluyen recalcando que «en entornos urbanos estos gases y partículas provienen mayoritariamente de la combustión que emiten los coches, generalmente antiguos, además de contaminar todos con partículas de materia de tamaño microscópico; eso, sin pasar por alto la contaminación acústica, importante también en muchas calles de la urbe».
Así las cosas, la Coordinadora alerta de que las medidas adoptadas por el equipo de Carmen Moriyón «comprometen la calidad del aire a límites intolerables». Una conducta «»temeraria y ajena a lo que ampliamente nos viene advirtiendo la ciencia y los profesionales de la salud pública», que, en su opinión, «deja a la población más vulnerable, y a la población general, ‘vendida’ a los caprichos en movilidad de una administración irresponsable con la salud y la seguridad de su ciudadanía».
