Su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, reclamaba que el presunto asesino de un menor en la localidad toledana de Mocejón vea respetados «todos sus derechos constitucionales»; independientemente del mal psicológico que pueda padecer
España aún trata de encajar la noticia del suceso ocurrido el pasado domingo en la localidad toledana de Mocejón, en el que un menor de once fue presuntamente asesinado por un joven de veinte que podría padecer problemas psicológicos. Y esa última circunstancia, así como los muchos bulos y rumores nacidos al calor de la tragedia, han llevado al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, a hacer un llamamiento a la opinión pública y a los medios de comunicación para «no asociar nunca» la discapacidad con «una inclinación o predisposición a la violencia».
«Hacer un llamamiento a la opinión pública, a los medios como transmisores de información, que después se convierte en juicios y en apreciaciones. Pues no asociar nunca la situación de discapacidad, sobre todo si es por circunstancias de salud mental, con una predisposición o con una inclinación o conexión con la violencia, porque objetivamente no es así, se pueden dar casos, pero no es así», ha advertido Pérez Bueno. Así, ha avisado de que «un simplismo» o «incluso una mala fe» haciendo esta asociación «arruina el trabajo ingente de mucho tiempo de proyectar y de generar una apreciación positiva de la discapacidad y de las personas que tienen particularmente una circunstancia de salud mental».
Por otro lado, en cuanto al presunto autor de los hechos acaecidos en Mocejón, Pérez Bueno ha explicado que si hay una persona con discapacidad como presunta responsable criminal del hecho, siempre hay que garantizar «un respeto máximo de sus derechos constitucionales» y, en el caso de las personas con discapacidad, «esto requiere una mayor intensidad de atención y de protección en todos los ámbitos, en el policial, en el médico forense, en el judicial y ajustes de procedimiento».
El facilitador procesal, una figura clave
En primer lugar, según ha explicado, habrá que determinar «su grado de responsabilidad criminal» para ver «si es imputable o inimputable, en función de que su discapacidad o su situación le lleve a que no es responsable criminalmente porque no entiende o no quiere el delito» pero «por circunstancias de fuerza mayor le llevan a cometerlo, pero sin conciencia y sin voluntad». Eso se verá, según ha señalado, con «los informes del forense, de las partes, de los peritos y los expertos». Posteriormente, Pérez Bueno ha destacado que todas las actuaciones deben ser «pensadas y practicadas en clave de accesibilidad universal» para que el investigado «entienda lo que está sucediendo» con «los apoyos precisos para comprender lo que se le dice o lo que se escribe» en el sumario, en las diligencias y en el avance de la investigación.
En este sentido, el presidente del CERMI ha recordado que para las personas que tienen problemas cognitivos y otras personas con discapacidad existe una figura que está reconocida en la ley pero que aún no tiene el desarrollo reglamentario, que está pendiente, que es la persona facilitadora procesal o judicial, que es un profesional independiente, experto, que conoce la discapacidad y que va a acompañar y asistir a la persona con discapacidad en todo el camino procesal y judicial, incluido el policial. Esta figura, según ha recordado Pérez Bueno, es «muy necesaria» pero no solo en un caso como este sino en otros civiles, laborales o de otro tipo, «donde no hay hechos tan lamentables como este, de pérdida de una vida de alguien tan joven y tan inocente» y donde «puede ayudar mucho a que la justicia no sea un elemento de doble victimización».
«La figura del facilitador procesal judicial ayudaría mucho a que el derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad sea real y efectivo», ha concluido.
