Las labores, que coordinará la Universidad de Oviedo, se centrarán en el cementerio de A Caridá, en El Franco; en la fosa del Prau Molín de Xilu, en Las Regueras, y en la de Santianes de Molenes, en Grado; se espera comenzar el próximo martes
Motivo de alegría para algunos, razón de descontento para otros… Sea como sea, y mientras se intentan cerrar las heridas de la Guerra Civil y del franquismo que aún supuran en la sociedad española, Asturias está a punto de reencontrarse con aquellas páginas oscuras de su pasado… Y, con suerte y ciencia, de ponerle nombre y rostro. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunciaba este jueves que el comité técnico para la recuperación e identificación de personas desaparecidas durante el conflicto bélico y la posterior dictadura ha aprobado la exhumación de las tres primeras fosas comunes, localizadas en el cementerio de A Caridá (El Franco), en Prau Molín de Xilu (Las Regueras) y en el camposanto de Santianes de Molenes (Grado). En todos los casos las labores serán financiadas por el Gobierno autonómico, si bien la coordinación y ejecución de las mismas correrá a cargo del Grupo ‘Arqueos’ de la Universidad de Oviedo.
«Va a ser la primera vez en la que el Principado haga frente íntegramente a los gastos que comportan este tipo de actuaciones», afirmó Zapico, acompañado de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado Villa. Lo hizo antes de detallar que la primera fosa en la que se espera realizar exhumaciones es la de A Caridá, cuyos trabajos está previsto que comiencen el próximo martes, 10 de diciembre, aunque la fecha definitiva dependerá de las condiciones climatológicas y de aspectos logístico. En cualquier caso, la previsión actual es encontrar en la fosa de El Franco los restos de «tres mujeres de Valdés, hermanas, que podrían estar allí localizadas». En ese sentido, Collado Villa matizó que, en el momento en que aparezcan restos de la primera víctima, el siguiente paso será «ponerlo en conocimiento del juez del concejo en cuestión, antes de iniciar las exhumaciones».
Se estima que, fruto de estas labores, en estas tres fosas se puedan llegar a exhumar hasta veinticuatro víctimas de la guerra y la dictadura, aunque no existe documentación publicada que así lo confirme. Por el momento, la fosa en la que se espera encontrar a más personas es la del Prau Molín de Xilu, en Las Regueras. Al frente de las cuadrillas de trabajo estará el director del Grupo ‘Arqueos’, el veterano y reconocido catedrático de Arqueología José Avelino Gutiérrez, quien ha asumido dicho rol a través de un convenio suscrito con la Consejería de Ordenación.
Un proyecto a largo plazo
El comité técnico de Memoria Democrática, que celebró su reunión constitutiva el pasado 18 de octubre, es el órgano encargado de establecer el orden de prioridades para exhumar las fosas comunes de nuestra comunidad. Lo preside la directora general de Memoria Democrática y está formado por una decena de personas entre las que figuran representantes del Instituto de Medicina Legal de Asturias, la Fiscalía Superior del Principado, las entidades memorialistas de la región, expertas en arqueología e historia contemporánea, y miembros del Instituto de Memoria Democrática.
La creación de este órgano forma parte del desarrollo de la Ley 1/2019 para la recuperación de la memoria democrática del Principado y de su posterior Decreto 14/2023. La citada normativa establece que el primer paso para poder desarrollar la normativa autonómica de Memoria es la creación del Instituto de la Memoria, constituido el pasado verano, seguido del comité técnico y, próximamente, el Consejo de la Memoria Democrática del Principado.
La Dirección General de Memoria prevé contar en 2025 con un presupuesto que, por primera vez, superará el millón. En concreto, se destinarán 1.058.120 euros frente a los 586.000 euros del pasado ejercicio, lo que supone un aumento del 80,56%. Este incremento incidirá especialmente en las exhumaciones arriba citadas, en el análisis del banco de ADN, o las líneas de investigación y digitalización de expedientes de víctimas del franquismo, que pasan de los 280.000 euros de 2024 a 350.000 euros.
