Con los agentes ciudadanos reclamando «acuerdos» que impidan la paralización del proyecto, la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, reitera su oferta de una reunión con la alcaldesa; Moriyón accede, pero descarta renunciar a aquello por lo que «la ciudad ha pagado»
Si nos ceñimos a su descripción pura, todo Consejo Social, como órgano, debería servir para la puesta en común de ideas y propuestas diversas que, en último término, ayuden a desbloquear un determinado problema. Pues bien, en la sesión del mismo celebrada en esta mañana en el Ayuntamiento de Gijón, con motivo de la polémica que envuelve el proyecto ‘Naval Azul’, ha habido un buen número de aportaciones, cierto… Pero pocas esperanzas de que, con las cartas actuales, un final feliz esté cerca. Y es que la reunión celebrada hoy no ha hecho sino evidenciar la amplia sima que separa a la Autoridad Portuaria, apoyada por el Gobierno del Principado en su defensa de retener la propiedad de la franja cuya cesión gratuita se comprometió en el acuerdo de compra firmado el 12 de diciembre, y al Ejecutivo municipal, que, secundado sin fisuras por todos los partidos, salvo el PSOE, exige el cumplimiento de lo pactado a finales del año pasado. Y todo ello, mientras los agentes sociales, vecinales y empresariales llaman por un necesario acuerdo entre las partes para desbloquear el entuerto, y evitar que el de ‘Naval Azul’ se sume a la larga lista de proyectos frustrados, o largamente demorados. En ese sentido, la alcaldesa, Carmen Moriyón, ha aceptado públicamente la invitación de la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, para sentarse juntas y abordar el asunto cuanto antes, aunque ha dejado claro que no hay margen para la negociación, al estar ya todo acordado, y que en modo alguno esa futura reunión frenará el requerimiento actualmente en curso, y que, en última instancia, podría acabar con este caso en los tribunales.
De justicia es decir que el clima en el que se ha desarrollado la cita de esta mañana ha sido tenso desde el minuto uno. De entrada, la afluencia de más personas de aquellas con las que se contaba inicialmente ha propiciado la indignación del consejero de Fomento, Alejandro Calvo, quien ha tachado de «bochornoso» el que, pese a no ser miembro del Consejo (sí lo es, en cambio, su viceconsejero, Jorge García), se le obligase a sentarse en un extremo de la larga mesa. Rápidamente Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, ha tratado de calmar los ánimos disculpándose y explicando que, si bien «por cortesía» se trasladó invitación de asistencia al gabinete de Calvo, la misma no fue contestada, por lo que no se esperaba su concurrencia, pero de poco ha servido. Y tampoco ha ayudado a acercar posturas el relato histórico de cuanto envuelve a los terrenos de la extinta empresa Naval Gijón hecho por Moriyón. La regidora ha enumerado las distintas fases del proceso desde el cierre del astillero, en 2009, al que siguió la petición de desafectación de la zona hecha por el Puerto en 2010; la ordenación de la misma por el Gobierno de la nación, en 2014, y aquellas dos subastas, en 2017 y 2019, que quedaron desiertas. De hecho, con esa segunda subasta coincidió en el tiempo con uno de los hitos del relato: la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGO) de Gijón, documento clave en todo este entuerto.
«Es evidente que lo pretendido por el Puerto con ese convenio no es acorde con el planeamiento vigente en el municipio»
Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón
De ahí, la alcaldesa dio un salto a 2023, momento en que el Puerto decidió sacar a la venta la parte de los terrenos de su propiedad (recordemos que un 36% aún está en manos de la empresa PYMAR) al año siguiente. Efectivamente, en 2024 el Ayuntamiento hizo pública su voluntad de obtener esa parcela, si bien los intentos de negociar el precio chocaron con el muro de la legislación vigente y de su tasación oficial, que lo impiden. Fue entonces cuando se alcanzó el acuerdo de la discordia: el Gobierno local compraría sólo 35.000 metros cuadrados, el 58% de la superficie, por casi 4,7 millones de euros, para que se instalasen en ella empresas vinculadas a la ‘economía azul’, y el Puerto cedería gratuitamente la franja restante de 9,3 por veinte metros con salida al mar, para construir en ella un paseo de uso público y libre. Esa fue la premisa con la que las partes se sentaron a firmar el expediente de venta de la primera de ambas parcelas el 12 de diciembre, en presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; sin embargo, en aquel momento el expediente relativo a la cesión aún estaba incompleto… Si bien existía el compromiso tácito, recogido en informes validados por los Ministerios de Transportes y de Hacienda, de cumplir lo pactado. El cambio de criterio se produjo este 22 de febrero, cuando Nieves Roqueñí reemplazó a Laureano Lourido al frente de la Autoridad Portuaria, y se puso sobre el tapete la firma de un convenio por el cual El Musel acometería el acondicionado de la franja… A cambio, eso sí, de retener su control, cediendo únicamente el uso del mismo, y reservando la lámina de agua para la realización de actividades náuticas sin motor. Un giro de timón que, además, exigiría modificar el PGO gijonés, a fin de que contemplase esa utilización deportiva.
«Es evidente que lo pretendido por el Puerto con ese convenio no es acorde con el planeamiento vigente en el municipio«, ha advertido, terminado su relato, Moriyón, manteniéndose firme en su planteamiento de que «se cumpla el acuerdo alcanzado«. No en vano, ha proseguido, si por un azar del destino se atendiese la nueva petición de El Musel, la modificación del PGO «podría llevar años», por no hablar de la «incertidumbre» que se está adueñando de aquellas empresas que ya se habían manifestado interesadas en instalarse en ‘Naval Azul’. Eso, sin contar la decepción que para los vecinos de El Natahoyo, de la Zona Oeste y de todo Gijón supondría que el proyecto no fructificase en las condiciones iniciales. No obstante, iniciado ya el turno de intervenciones, una de las primeras voces que se alzó lo hizo para discutir esa posible larga demora temporal. De ello se encargó Laura López, directora general de Urbanismo del Principado, quien acotó que el Plan Especial para ámbito del antiguo astillero Naval Gijón, firmado este lunes, «llevará dieciocho meses; una modificación del PGO, poco más, veintiuno. Ese no es el argumento». Ante tal aseveración, la réplica, no poco intensa, la dio la directora general de Urbanismo del Ayuntamiento, María Purificación García, alertando de que «lo lógico sería hacer una ordenación acorde con el PGO, no al revés«… Y poniendo de manifiesto lo «bochornoso que es que dos Administraciones se tiren los trastos a la cabeza en los medios y en los tribunales. Siéntense y negocien«.
«El Puerto debe mucho a esta ciudad, y no puede ser que el problema esté en una franja, o en quién gestiona una instalación deportiva. ¡Déjense de milongas!»
Manuel Cañete, presidente de la FAV
Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, a su llegada al Ayuntamiento. / miGijón
Ese mismo llamamiento, el de alcanzar un entendimiento, fue replicado a continuación por la práctica totalidad de los agentes sociales representados, aun admitiendo su común desconocimiento de los matices técnicos del caso. Personas como Miguel Ángel Gonzáles, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Rurales ‘Les Caseríes’; Yurena Sabio, líder del Conseyu de Mocedá; Carlos Arias, presidente vecinal de La Calzada, o Eva Rojo, al frente de la Cooperativa, clamaron por llegar a «consensos» que impidan que ‘Naval Azul’ se convierta en «otro ‘solarón’, en un proyecto varado más«. Pero si alguien puso el foco en esa relación de proyectos frustrados o demorados fue Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV). «Los accesos al Puerto, el vial de Jove, el Plan de Vías, el ‘solarón’, La Reguerona… Seguimos anclados en el siglo XX, y es una pena que nos enzarcemos en un debate estéril«, denunció Cañete, recalcando que, «en otros contextos, diría que se queden aquí encerradas hasta que haya un acuerdo«, y afeando que «el Puerto debe mucho a esta ciudad, y no puede ser que el problema esté en una franja, o en quién gestiona una instalación deportiva. ¡Déjense de milongas!«. Menos visceral, aunque igualmente incisivo, se mostró Pedro López, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, prudente al advertir de que ‘Naval Azul’ podría ser «la gota que colma un vaso de proyectos fallidos, o que van a muy largo plazo». Y constructiva se mostró Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes, al recordar que «los gijoneses disfrutamos de muchos espacios que son del Puerto, como la playa de Poniente. ¿No se podría llegar a un entendimiento semejante aquí?«.
La respuesta se la dio el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, quien explicó que el acceso directo al agua «es fundamental» para las empresas que aspiran a instalarse en la parcela, por lo que bloquear tal cosa «sería un impedimento total a desarrollar ‘Naval Azul'». En ese punto, el consejero Alejandro Calvo volvió a pedir el uso de la palabra para acusar al Ayuntamiento de estar facilitando «sólo parte de la información, de forma sesgada«, si bien aventuró que, tal vez, la negociación en la que se comprometió la cesión gratuita «no se hizo en los términos adecuados«. Y, por fin, terció Nieves Roqueñí. Agradecida por poder estar en el Consejo Social, la presidenta de la Autoridad Portuaria empezó reprochando a Moriyón no haber recibido respuesta a sus dos cartas invitándola a negociar, y criticando la voluntad combativa general de la ciudad, toda vez que «tenemos que enterarnos ahora de qué es lo que molesta; han destrozado el convenio en la prensa, y entre Administraciones hay otras formas de resolver las cosas«. Finalizada la llamada de atención, Roqueñí destacó que, efectivamente, a su llegada al Puerto «me encontré con dos expedientes: uno completo y otro, incompleto«, circunstancia esa última que, «más allá de acuerdos, de pactos, de fotos o de noticias en prensa, lo que impera son los términos de la legalidad. Y ese expediente no tenía ni informes técnicos del Puerto que aclarasen qué se puede y qué no se puede hacer en esos terrenos«. De todos modos, Roqueñí ha apostado por la conciliación, ofreciendo al Ayuntamiento la construcción del paseo a coste del Puerto… Previa firma del convenio, claro. «Con voluntad, ese paseo puede estar acabado este año«, ha ofrecido.
«Con voluntad, el paseo de ‘Naval Azul’ podría estar listo este año»
Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón
Ni qué decir tiene que ese arreglo no ha convencido al Gobierno, aunque tampoco a la mayoría de las restantes fuerzas políticas, ni tan siquiera a las organizaciones sindicales. La prudencia de José María Álvarez, secretario general de UGT Gijón, al aseverar que, «de todas las obras públicas, los que esperamos los ciudadanos es estrenarlas«, ha dado paso a la alarma de Jorge Espina, su equivalente en CCOO, para quien el problema en torno a ‘Naval Azul’ «es político, una pugna entre dos partidos que, utilizando las instituciones, pelean por ver quién pone la primera piedra«, algo que demuestra el que el estallido coincidiese con la llegada al Puerto de Roqueñí, hasta entonces consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo en el Gobierno de Adrián Barbón. De ahí se se haya mostrado muy crítico con el PSOE, confesando que, aunque «a mí también me jode que gobierne la derecha, creo que , en este caso, se equivoca«. Ese planteamiento lo han compartido, en Podemos, Olaya Suárez, indignada ante «un incumplimiento que eleva el conflicto partidista a niveles vergonzosos«, y en Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, invitando a alcanzar consensos, sí, pero «en torno a dos cosas: el PGO que está en vigor, y los términos en que se hizo la compra de los terrenos«. Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, ha destacado que «el PSOE vuelve a ser el principal obstáculo para el desarrollo económico y de las infraestructuras de Gijón«, y en el PP Ángela Pumariega se ha preguntado «si estaríamos aquí de no haberse producido ese cambio en la presidencia del Puerto«.
La nota discordante la ha trazado el PSOE local. Desde sus filas, Luis Manuel Flórez, ‘Floro’, ha tachado de «inadmisible que se haya descartado sentarse a negociar para alcanzar acuerdos«, advirtiendo de que «sería un error utilizar el Consejo Social para no sentarse a negociar«. Y ese guante lo ha recogido, en los minutos finales de la reunión, la propia Roqueñí. Haciendo un último esfuerzo, y aprovechando la presencia en el Salón de Recepciones de abundantes testigos, ha invitado por tercera vez a Moriyón a sentarse en la mesa de negociaciones. «Te pido una reunión ya«, la ha tuteado la presidenta de la Autoridad Portuaria, insistiendo en la «urgencia» de esa cita. Y la alcaldesa, al fin, ha accedido… Aunque con condiciones. «Acepto, pero en modo alguno significa que esto sea una marcha atrás de los acuerdos de Junta de Gobierno que refrendamos el 12 de mayo. No se interrumpen«, ha concluido, dejando claro así que el requerimiento formal que podría llevar a las dos partes a los tribunales, en efecto, se mantiene en vigor.
La gente ye imbecil. Como van a ese consejo social, que no es más que usar a la sociedad civil de escudos humanos de sus batallas.