Las organizaciones juveniles alertan de matrículas elevadas y cuestionan su calidad académica mientras defienden reforzar la Universidad de Oviedo
El Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies (CMPA) y el Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX) han expresado su rechazo al decreto del Gobierno asturiano que autoriza la implantación de universidades privadas en la comunidad. Las organizaciones juveniles han reiterado su defensa de un modelo de universidad pública, gratuita y universal, que consideran “el único que garantiza la calidad y la equidad” en el acceso a la educación superior. En los próximos años está prevista la llegada a Asturias de dos centros privados: la Universidad Alfonso X El Sabio, que se instalará en Oviedo, y la Universidad Nebrija, con presencia prevista en Avilés, además del proyecto que estudia instalar en Gijón la Universidad Europea.
Desde el CMPA han advertido de que este tipo de instituciones presentan, a su juicio, “dudosa calidad académica”, matrículas elevadas -en algunos casos cercanas a los 20.000 euros anuales- y “un nulo compromiso con la investigación”. El secretario del Conseyu de la Mocedá, Rodrigo Díaz, ha vinculado la expansión de universidades privadas con los recortes en la financiación pública de las universidades. En este sentido, ha advertido de que Asturias “no puede abandonar su apuesta por la pública” autorizando centros que, según su valoración, priorizan el negocio frente al acceso igualitario.
Por su parte, la vicepresidenta del CMPA, Isabel González, ha reconocido las dificultades que afrontan muchas familias ante la falta de plazas en titulaciones como Medicina o Enfermería y el coste que supone estudiar fuera de la comunidad. Sin embargo, ha defendido que la solución pasa por reforzar la Universidad de Oviedo mediante el aumento de plantilla, infraestructuras y plazas disponibles. La presidenta del Conseyu de Mocedá de Xixón, Yurena Sabio, ha recordado que hace un año estas organizaciones ya se posicionaron contra la llegada de la Universidad Europea a la ciudad. En su opinión, las administraciones deben “defender la universidad pública, la que es de todos”, frente a lo que calificó como “la marejada de las privadas y sus riesgos”.
