El franquismo sigue sin abordarse en los institutos a pesar de que es un aspecto recogido tanto en la Ley de memoria estatal como en la del Principado de Asturias. Se diluye en explicaciones equidistantes, se presenta como un episodio más del pasado o se esquiva por miedo a incomodar
Cada vez que se habla del ascenso de la ultraderecha en España, en Europa y en el mundo, proliferan los discursos alarmistas y las apelaciones abstractas a la defensa de la democracia. Sin embargo, cuando se pasa del diagnóstico a la práctica política concreta, la respuesta es débil, tardía o directamente inexistente. El problema no es solo que el fascismo avance, el problema es que no se le combate allí donde ya está, normalizado y protegido por la inacción institucional.
El fascismo no es un fantasma del pasado ni una anomalía histórica superada. Es una ideología funcional al poder, que reaparece cada vez que el sistema entra en crisis y necesita blindarse frente a las mayorías sociales. Hoy no siempre se presenta con uniformes o simbología explícita, lo hace mediante discursos de odio legitimados, políticas autoritarias, guerras normalizadas y la renuncia deliberada a principios democráticos básicos.
Hoy en España, y en territorios como Asturias, esa renuncia se expresa con claridad en la ausencia de una política antifascista real. No se han eliminado símbolos franquistas del espacio público, ni se ha afrontado con decisión el legado material y cultural de la dictadura. No es un asunto secundario ni una cuestión estética. Los símbolos construyen memoria, y la memoria construye conciencia política. Mantenerlos es aceptar que una dictadura criminal forme parte del paisaje democrático sin conflicto. A ello se suma una carencia estructural, la falta de una educación antifascista en la educación pública del país. El franquismo sigue sin abordarse en los institutos a pesar de que es un aspecto recogido tanto en la Ley de memoria estatal como en la del Principado de Asturias. Se diluye en explicaciones equidistantes, se presenta como un episodio más del pasado o se esquiva por miedo a incomodar. Así se priva a las nuevas generaciones de herramientas para identificar el fascismo, comprender sus mecanismos y enfrentarlo cuando reaparece con nuevos disfraces.
Y este vacío no es casual. El fascismo prospera cuando la historia se despolitiza y cuando el conflicto social se oculta bajo discursos de consenso. Y eso mismo ocurre hoy a escala internacional. Mientras se alerta retóricamente sobre el avance reaccionario, se toleran, o se justifican, intervenciones fuera de la legalidad internacional, bloqueos criminales y masacres retransmitidas en directo. Venezuela y Cuba son ejemplos claros. Durante décadas, ambos pueblos han sufrido sanciones, bloqueos y agresiones económicas que violan abiertamente el derecho internacional, con el objetivo explícito de asfixiar a sus sociedades y forzar cambios políticos por la vía del castigo colectivo. Estas políticas, promovidas por las grandes potencias y asumidas con docilidad por la Unión Europea, no tienen nada de democráticas. Son prácticas autoritarias que castigan a poblaciones enteras y normalizan la idea de que hay países y pueblos a los que no se les reconoce soberanía ni derechos plenos. Lo mismo ocurre con Palestina. La masacre sistemática del pueblo palestino, la destrucción de Gaza y la ocupación permanente se producen con el apoyo político, militar y diplomático de las potencias occidentales. Y, ante ello, la izquierda europea institucional ha respondido con declaraciones grandilocuentes sin traslado a las instituciones, silencios incómodos o una equidistancia vergonzante. Cuando se acepta que un Estado pueda exterminar a un pueblo sin consecuencias reales, se está legitimando la lógica más brutal del fascismo, la deshumanización del otro.
No se puede combatir el fascismo en casa mientras se justifica fuera. No se puede hablar de derechos humanos y democracia mientras se apoya el castigo colectivo, la ocupación y la guerra permanente. Esa incoherencia no solo debilita cualquier discurso antifascista, lo vacía de contenido y lo convierte en pura propaganda. El auge reaccionario global se alimenta precisamente de esa hipocresía. De ver cómo las normas solo se aplican a los débiles, cómo la legalidad internacional se invoca selectivamente y cómo la violencia es aceptable cuando sirve a los intereses correctos. Frente a eso, el antifascismo no puede ser decorativo ni parcial. Debe ser una posición política integral.
Combatir el fascismo implica retirar sus símbolos, disputar su relato y romper con la falsa neutralidad institucional. Implica defender una memoria histórica real, una educación crítica y una política internacional basada en el respeto a los pueblos, no en la ley del más fuerte. Implica asumir que la democracia no se defiende con palabras, sino con hechos que incomodan al poder. Hoy, el mayor peligro no es solo la ultraderecha que grita, sino quienes dicen combatirla mientras miran hacia otro lado cuando se trata de actuar. No se puede temer al fascismo y, al mismo tiempo, tolerar su herencia, su violencia y sus aliados.
No hay atajos ni posiciones intermedias. El fascismo solo se combate desde el antifascismo. Todo lo demás es resignación, cálculo político o complicidad pasiva.
