Los acusados llevaron este tipo de conductas con la mujer con la finalidad de lograr el control del dinero de su cuenta corriente porque lo necesitaban para mantener su ritmo de vida
Luis Lorenzo y Arantxa Palomino se enfrentan a una solicitud fiscal de seis años de cárcel por obligar presuntamente a María Isabel Asunción, tía de la exmujer del actor, a trasladarse desde su residencia de Grado (Asturias) a su domicilio de Madrid donde estuvo aislada de forma «sistemática» durante varios meses. La Fiscalía de Madrid les acusa además de someter a la anciana hasta su fallecimiento, a un trato «absolutamente vejatorio» privándola de los cuidados y atenciones más básicos como la higiene.
El escrito de acusación del fiscal se acaba de presentar en la fase intermedia del procedimiento después de que la jueza de Arganda del Rey que instruye la causa concluyera la investigación. La última diligencia judicial fue la pericial de dos médicos forenses que ratificaron que Isabel no murió envenenada, avalando la teoría de que los metales hallados en su cuerpo respondían a una redistribución por un trasvase ‘post mortem’. En el banquillo de los acusados también se sentará, una vez que la jueza dicte el auto de apertura de juicio oral si procede, una cuidadora de la fallecida, para quien el fiscal solicita dos años y seis por la presunta comisión de delito contra la integridad moral.
Tras cerrarse la causa, el representante del Ministerio Público les imputa un delito contra la integridad moral y otro continuado de administración desleal. El 28 de junio de 2021 la mujer falleció en el domicilio de los acusados sin que haya podido determinarse la causa de su muerte. Según el fiscal, el 8 de marzo de 2021, la pareja acudió al domicilio en el que residía la tía de la mujer y, una vez allí, lograron convencerla para que los acompañara a su residencia, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.
«Para ello, le hicieron creer que precisaban su ayuda para el cuidado de sus hijos y que solamente pasaría fuera de su casa unos pocos días», Una vez en la vivienda, según el fiscal, ambos procedieron a aislar su víctima de manera «sistemática». La mantuvieron apartada de sus hermanos y sobrinos, que se encontraban en el Principado de Asturias, y le impidieron mantener contacto telefónico con ellos, «a pesar de que los mismos trataron de manera reiterada de comunicarse con ella».
Además, la pareja también se valió del hecho de que la tía de Arantxa se encontraba fuera de su entorno habitual y del deterioro cognitivo padecía, cuya gravedad aumentó de manera «fulminante «desde su traslado a Rivas-Vaciamadrid, «habiendo sido apreciado un episodio de demencia en agosto de 2020 por los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid». Además de mantenerla incomunicada, los acusados le sometieron a un trato «absolutamente vejatorio», privándola de los cuidados y atenciones más básicos. Durante ese tiempo los acusados ni tan siquiera le suministraron la medicación según la tenía pautada. Tampoco le proporcionaron un andador ni una silla de ruedas cuando se hizo preciso. Pero es que incluso, durante dicho período de tiempo, la pareja mantuvo frecuentes discusiones con ella, «y a veces a gritos».
Abandono en un restaurante
Aunque la víctima apenas salía de la casa, un día los acusados organizaron la celebración del cumpleaños del hijo de su tía en un parque de atracciones. Mientras el resto de la familia pasaba el día en el parque temático, los acusados le dejaron en un restaurante. Allí la dejaron durante nueve horas «pese a ser plenamente conscientes de sus limitaciones cognitivas y haciendo caso omiso de las llamadas que recibieron de los trabajadores del establecimiento y de la Policía Local».
Los acusados llevaron este tipo de conductas con la mujer con la finalidad de lograr el control del dinero de su cuenta corriente porque lo necesitaban para mantener su ritmo de vida y soportar importantes gastos mensuales «sin efectuar actividad laboral alguna y detentar ninguna fuente de ingresos para sostener tales gastos». Así, el día 7 de mayo de 2021 llevaron a la tía de Arantxa a una notaría donde revocaron su testamento anterior, en el que había instituido heredera a su madre, y designaron heredera de todos sus bienes, a excepción de dos fincas rústicas, a su sobrina. Tres semanas más tarde regresaron a la notaria donde la víctima concedió en escritura pública a su sobrina un poder especial para disponer de su dinero. Cuando se dieron cuenta de aquel poder notarial era insuficiente para realizar todas las gestiones que querían hacer, regresaron a la notaria para que ampliara dicho poder. El notario, al apreciar que la mujer carecía por completo de capacidad para prestar su consentimiento para realizar cualquier clase de acto o negocio jurídico, se negó a autorizar el acto. Posteriormente, lo intentaron con otro notario quien también se opuso a sus pretensiones.
Así que haciendo uso del primer poder otorgado, según afirma el fiscal, ambos lograron acceder a la cuenta corriente que tenía la mujer con un saldo de 60.884,10 euros y en la que percibía una pensión de 950 euros mensuales y fueron incorporando el montante de la cuenta a su propio patrimonio hasta hacerse con 19.400,60 euros en total.
