La propuesta plenaria de Foro y PP para oponerse a dicha declaración prospera pese a los votos desfavorables del bloque de la izquierda, contrario a una medida que, opinan sus miembros, no resuelve los problemas de acceso a la vivienda en Gijón
El de la vivienda ha sido un tema recurrente en las sesiones plenarias de los últimos meses, lo ha vuelto a ser en la de éste… Y, muy probablemente, continuará siéndolo en las que están por venir. Y no sin tensiones entre posturas opuestas, por cierto. Así quedó patente ayer, en el transcurso del Pleno ordinario de marzo. Pese a la preocupación y al rechazo manifestados por el bloque de la izquierda, el Gobierno sacaba adelante una propuesta conjunta de Foro y del Partido Popular (PP) para oponerse a la posible declaración unilateral de los barrios de Cimavilla y La Arena como zonas residenciales tensionadas, posibilidad planteada desde el Principado y, en la sesión de febrero, apoyada por las dos fuerzas en el poder. Así, foristas y populares, junto con Vox y el concejal no adscrito, Oliver Suárez, cerraban filas y bloqueaba esa posibilidad hasta que no se haya alcanzado un acuerdo previo con el Ejecutivo autonómico, multiplicando la inquietud del resto de la oposición, que no ve en dicha maniobra ninguna aportación que contribuya a solucionar la escalada de precios y las dificultades de los ciudadanos para acceder a una vivienda.
Fue el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, el popular Guzmán Pendás, quien detalló el contenido de la iniciativa. Sin negar la existencia de «un desajuste entre la oferta y la demanda», el edil manifestó el desacuerdo del Gobierno con cualquier acción que implique «una intervención del mercado», toda vez que algo así degeneraría en «un aumento de la inseguridad jurídica y un agravamiento de la situación». Más aún, para Pendás la declaración de zonas tensionadas sería innecesaria en un momento de la historia inmobiliaria de Gijón marcado por la inminente puesta en marcha del Plan Llave, que se espera que facilite el acceso a los hogares. Paralelamente, desde el Gobierno se confía en que el nuevo modelo de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVISA) contribuya a poner en circulación buena parte de las casi 9.000 viviendas vacías que hay en Gijón, por medio de garantías jurídicas y beneficios fiscales. En última instancia, Pendás invitó a la Consejería de Vivienda, que lidera Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU), a que «deje de actuar por su cuenta», y reclamó la elaboración de un diagnóstico preciso antes de ejecutar cualquier posible intervención.
A la espera de los informes del Principado
Los argumentos del PP fueron reforzados desde Foro. Jesús Martínez Salvador matizó que el informe previo encargado por el Principado podría servir de base pero, por sí solo, «no es suficiente» para declarar zonas tensionadas, a tenor de que no cuenta con memoria justificativa, ni incluye la totalidad de los datos necesarios para dar ese paso. En todo caso, sí recalcó que la Ley de Vivienda contempla recursos aplicables para tratar de paliar la situación, y concluyó compartiendo su convicción en que, de algún modo, ambas Administraciones alcanzarán un acuerdo que permita actuar conjuntamente. Más tajante se mostró la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco. Crítica con el «enfoque chapucero» de la propuesta de declaración, iniciada en 2023 por Podemos, pero también con la actual postura del tándem en el Gobierno local, al que afeó su «disposición a alcanzar pactos con IU», la edil, finalmente, entregó su apoyo a Foro y al PP, amparándose en su rechazo total a una declaración «unilateral» de zonas tensionadas por parte del Principado. Por su parte, Oliver Suárez, guardó silencio.
Ante ese frente, poco pudieron hacer los partidos de izquierdas. En Podemos, Olaya Suárez cargó contra la falta de voluntad del Consistorio, censurando que, en su opinión, para foristas y populares «extinguir los fuegos es ideología», y ridiculizando el argumento de que «no procede esta medida porque subió más el coste de la vida que el precio de los alquileres». En el caso de IU, su portavoz local, Javier Suárez Llana, esgrimió como arma dialéctica la postura adoptada por los dos partidos en el Gobierno en el Pleno anterior, cuando «apoyaron la aprobación de iniciar el procedimiento de la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas», y también cuestionó que, de cara a la elaboración de informes y a la definición de planes de actuación precisos y eficaces, hoy por hoy «el monopolio de la información del mercado inmobiliario lo tienen los portales Idealista y Fotocasa, cuando deberían tenerlo las Administraciones». Finalmente, desde el PSOE el concejal Constantino Vaquero lamentó que la proposición presentada por Foro y PP «no busca dar solución al problema de acceso a la vivienda y a la escalada de precios», y recordó, a modo de conclusión, que se han detectado descensos «notables» de los importes exigidos por los propietarios «allí donde se han topado precios del alquiler».
