El gobierno nacional descarta las alegaciones del Ayuntamiento y niega los 9,4 millones para los seis proyectos municipales de movilidad sostenible, incluida la modernización de la flota y las cocheras de EMTUSA
Tres meses después de que, a finales de abril, se hiciese pública la decisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) de dejar a Gijón fuera del reparto de los 500 millones de euros concebidos como ayudas a municipios de más de 50.000 habitantes para la implantación de zonas de bajas emisiones, y para la transformación digital y sostenible del transporte urbano, las últimas esperanzas que existían de revertir esa postura y volver a la carrera por los fondos europeos Next Generation han quedado totalmente disipadas. Tras evaluar las alegaciones presentadas por el gobierno de Ana González, destinadas a desmontar la afirmación de que el Ayuntamiento no se hallaba «al corriente de sus obligaciones tributarias, ni frente a la Seguridad Social» en el momento de la solicitud, el organismo nacional hacía pública ayer el definitivo rechazo a dichas alegaciones, cerrando la puerta a los 9,4 millones pedidos para sufragar las seis actuaciones encuadradas en el proyecto local ‘Gijón, hacia una movilidad cero emisiones‘. Y las reacciones políticas, tanto desde el actual ejecutivo como desde la oposición, no han tardado en hacerse notar.
Presentado a la convocatoria de ayudas el 28 de septiembre de 2022, el proyecto en cuestión prevé, como intervenciones de mayor calado, la construcción del corredor peatonal entre la plaza de San Miguel y la playa de San Lorenzo, amén de la mejora de la accesibilidad en Cimavilla, tendiendo para ello nuevos itinerarios peatonales. A una escala diferente, se habría implementado una gestión inteligente de la movilidad en dicho barrio, al tiempo que se habrían adquirido cuatro nuevos autobuses de propulsión eléctrica para la flota de la Empresa Municipal de Transporte Urbano, SA (EMTUSA), y se habrían electrificado sus cocheras. A criterio del Consistorio nada de todo eso debería haber planteado inconvenientes; sin embargo, el 4 de octubre de ese mismo año llegó el primer requerimiento estatal referente a que las cuentas no estaban al día.
La irregularidad se hallaba en la tasa por ocupación de una parte de la playa de San Lorenzo con las casetas estivales. El 11 de mayo de 2022 la concejalía de Medio Ambiente pidió permiso a la Demarcación de Costas para utilizar dicho espacio. Costas dio su visto bueno el 25 de mayo, a cambio del abono de una tasa de 5.300 euros, y ese mismo día se dio la orden de pago al área de Tesorería. No obstante, el dinero no se abonó durante el periodo de pago voluntario. Hubo que esperar a que el 27 de septiembre se comunicase por vía ejecutiva que era necesario pagar, mandato que se cumplió el 7 de octubre. Una vez subsanado el problema, se enviaron a Madrid los certificados de que todo esta en orden con la Agencia Tributaria, de fecha 15 de junio, y con la Tesorería de la Seguridad Social, de 20 de junio; la validez de ambos era de seis meses, y la convocatoria exigía que el Ayuntamiento estuviese al corriente de pago no más tarde del 29 de septiembre. «Al parecer, esos certificados no fueron tenidos en cuenta», argumentó este abril González, quien abundó en ello al detallar que, «en lugar de enviar nosotros los documentos, dimos autorización al MITMA para que los consultase en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social, y se dio el caso de que los miraron uno de esos días en que no estuvimos al corriente del pago de la tasa».
El PSOE tiende la mano a Moriyón; Foro acusa de lo sucedido a Ana González
Ninguna de esas justificaciones, empero, parece haber convencido al Ministerio, cuya resolución «supone una traba más para la adecuación y el desarrollo del transporte público, al que este último gobierno del PSOE ha llevado a una situación muy comprometida». Así se expresaba ayer el portavoz del actual Consistorio, encabezado por Foro, Jesús Martínez Salvador, quien calificó lo ocurrido de «muy mala noticia», particularmente en todo lo referente a EMTUSA, y consecuencia directa de lo que entiende como una «gestión pésima» por parte del equipo de González en la anterior legislatura. Aun así, el edil forista incidió en que, trabas al margen, el gobierno de la alcaldesa Carmen Moriyón se centrará ahora en «reforzar el transporte público» en la ciudad, con o sin fondos europeos.
Por alusiones, también desde las filas del PSOE se alzó ayer la voz acerca de lo sucedido. La concejala socialista Marina Pineda lamentó que el MITMA «no haya tenido en cuenta» unas alegaciones en las que, a su juicio, «se justificaba plenamente el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria de acuerdo con los criterios jurisprudenciales en la materia». No obstante, Pineda no pierde la esperanza; su deseo ahora es que «el actual gobierno impulse la presentación del recurso procedente contra la resolución denegatoria, y no deje pasar la posibilidad de obtener fondos europeos para una actuación que debe servir para modernizar el funcionamiento de nuestro transporte urbano». En ese sentido, desde el grupo socialista afirmaron este lunes que brindarán su apoyo a «cualquier decisión que contribuya a hacer realidad este proyecto», y han sugerido a Moriyón que, como primer paso, «solicite vista del informe del Comité Técnico de Evaluación de las ayudas, para conocer con certeza los motivos de la denegación».
