Las trabajadoras consideran que la Consejería ignora sus demandas históricas y empeora unas condiciones ya sobrecargadas
El colectivo de educadoras de las Escuelas Infantiles, representado por los sindicatos en la Mesa de Diálogo, ha expresado su rechazo “taxativo” a la propuesta de la Consejería de Educación que plantea ampliar la jornada laboral del personal a 37 horas y media semanales. Según denuncian, esta medida supone un incremento injustificado de la carga laboral sin que se garanticen los recursos humanos necesarios para mantener la calidad del servicio educativo.
En un comunicado, las trabajadoras subrayan que un buen servicio educativo debe contar con personal suficiente no solo para atender directamente a los niños y niñas, sino también para asumir las tareas burocráticas y de planificación que forman parte de cualquier etapa educativa. Estas labores —como la programación, la contextualización o la evaluación— están recogidas en los decretos y resoluciones que regulan el ciclo, pero actualmente se realizan en el tiempo personal de cada trabajadora, sin reconocimiento por parte de la Administración.
El colectivo recuerda que lleva más de dos años participando en negociaciones con la Consejería, sin que hasta el momento se haya dado respuesta a las demandas planteadas. “Se necesitan propuestas que respondan a las necesidades reales del personal y den solución a las peticiones reiteradas que venimos exponiendo de forma unánime en todas las mesas”, afirman las educadoras.
Las profesionales defienden que su labor no puede limitarse a la atención directa al alumnado, sino que requiere un trabajo pedagógico previo y posterior que debe ser reconocido como parte del horario laboral. Por ello, consideran que la ampliación de jornada propuesta por Educación no resuelve los problemas de fondo y, al contrario, agrava la situación de sobrecarga que ya sufren.
“De no ser así, en un corto periodo de tiempo estaremos en la calle movilizándonos para obtener dichas respuestas”, advierten las educadoras, que no descartan convocar movilizaciones si la Consejería no rectifica.
