El Ayuntamiento critica al Gobierno regional no haber ajustado el precio del metro cuadrado al aumento de los costes de construcción, aunque advierte de que «se podría volver a licitar mañana mismo», incluso añadiendo más parcelas a la primera fase, si en se corrigiese ese descuadre
La ‘mala suerte’ con la que algunos se refieren a no pocos de los proyectos previsto o iniciados en Gijón ha vuelto a quedar demostrada este martes. En un giro de los acontecimientos no del todo inesperado, aunque no por ello menos doloroso, el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado al término de la Junta de Gobierno Local que la licitación de la primera fase del ‘Plan Llave’, que prevé la construcción de 120 de un total de medio millar de Viviendas Protegidas Concertadas (VPC) en distintas ubicaciones de la urbe, ha quedado desierta, después de que ninguna de las ofertas inicialmente presentadas se adaptase a la actualización del precio de los módulos de vivienda decretada por el Ejecutivo autonómico. Un Ejecutivo, por cierto, al que Foro acusa de ser artífice de un «boicot», y al que señala como único responsable de esta situación, argumentando que su negativa a equilibrar dicho precio al aumento de los costes en el sector está lastrando las nuevas edificaciones de hogares protegidos.
«Una vez más, el Principado ha vuelto a jugar con los intereses de Gijón, y pone un palo más en la rueda de este plan», ha sentenciado Martínez Salvador en el curso de su comparecencia ante los medios, durante la cual ha explicado los pormenores de la situación. Su inicio puede rastrearse hasta el pasado mes de septiembre, cuando el Consistorio retomó la licitación de esa primera fase, por un presupuesto base de 3,9 millones de euros. Sin embargo, casi en paralelo, el Gobierno asturiano dio aviso a la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) de que la actualización de los módulos de vivienda protegida sería de sólo un 2%. Se trata de margen escaso que, en la práctica, y según la patronal del sector, no cubre la diferencia con respecto al aumento de los costes, y que, en palabras de Martínez Salvador, ha llevado a que las ofertas «no se actualizasen, pese a haber habido concurrencia». En ese sentido, conviene recordar que las empresas del sector han criticado en reiteradas ocasiones que el Principado lleva tres años manteniendo el precio del módulo congelado en poco más de 2.100 euros, mientras los precios de materiales y mano de obra se han incrementado, en ocasiones, hasta un 40%.
Así las cosas, para el Ayuntamiento de Gijón el Ejecutivo autonómico está incurriendo en un incumplimiento de la normativa. «Está establecido que, con carácter anual, los módulos de vivienda protegida han de actualizarse, algo que el Principado lleva años sin hacer», ha clamado el portavoz municipal. A su parecer, esa postura es la que se oculta detrás de la caída de la edificación de nueva vivienda, toda vez que «el año pasado se construyeron 2.000, de las que sólo sesenta eran protegidas, ni siquiera 3%». Una situación aún más dolorosa para Martínez Salvador si se piensa que «en la última actualización se construyeron de 300 a 400 viviendas protegidas», y que afecta no sólo al municipio al que representa, sino al conjunto del territorio. «Cualquier índice tiene que evolucionar con criterios objetivos y, de seguir así, no se va a construir no en Gijón, sino en todo el Principado», ha aventurado. Ahora bien, ha tendido la mano al Ejecutivo asturiano para que cambie de rumbo, y pronto. Según él, «estamos en disposición de volver a licitar mañana mismo todas las parcelas de la fase uno, más unas cuantas más, pero, para ello, lo primero que tiene que hacer el Principado es cumplir la ley».
