La moción del PSOE para que Moriyón rindiese cuentas sobre su actividad enturbia el ambiente de la primera sesión del año, marcada en sus primeras tres horas y media por un tono anodino; los servicios sociales, la gestión de catástrofes y la vivienda estuvieron entre los temas abordados
Acabar las vacaciones y volver a la rutina profesional no es fácil. Nunca. Exige guardar en el cajón de los recuerdos los días de asueto pasados, retomar rutinas y responsabilidades, readaptarse a los quehaceres y obligaciones… Quizá por eso, y por el recuerdo, aún cercano, de la pausa navideña, el celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Gijón fue un Pleno más anodino y menos animado que sus predecesores recientes… Hasta llegar a su tramo final. Porque, tras casi tres horas y media de debates marcados por el rechazo sistemático a las propuestas de la oposición, y por un tono general lento, desganado y aburrido (algo reconocido, de forma anónima, por miembros de la Corporación municipal), todo ello saltó de repente por los aires cuando el PSOE, valiéndose de una moción de urgencia, exigió a la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, que aclarase la información referente a sus actividades e ingresos, en apariencia desactualizada desde junio de 2023. Semejante petición dio pie a uno de los enfrentamientos más agrios de la historia reciente del Consistorio. Y, si bien la petición de los socialistas, a la postre, no prosperó, sí sirvió para que la regidora admitiese haber presentado la documentación pertinente este mismo lunes… Y para hacerle pasar uno de los momentos más incómodos de este, su tercer mandato.
Pero no todo se limitó a ese espinoso asunto, que bebe directamente del juicio aún en curso contra el ex presidente del Principado y fundador de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. Otros asuntos fueron tratados en la sesión ordinaria de este mes… Helos aquí.
1. Informe nacional de la Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. La cita plenaria de este miércoles comenzó con la aprobación por unanimidad de cierta declaración institucional por la que la Corporación gijonesa exige al Gobierno de España que no dilate más en el tiempo la elaboración del Informe de la Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, tal como recoge la normativa vigente. Un documento, tal como se enunció ayer, imprescindible para que «la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social, a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que está desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado de bienestar». Más aún, para el Ejecutivo local es esencial que se complete la implementación del principio de separación de fuentes de financiación, iniciado en 1995, con la firma del Pacto de Toledo, y según el cual las prestaciones contributivas han de ser asumidas por la Seguridad Social, mientras que el Estado se encarga del resto. Finalmente, la Corporación considera imperativo tener acceso al informe para acabar con el mantra de la «inminente quiebra de la Seguridad Social», pese a que «el Gobierno Central y el Tribunal de Cuentas han admitido que miles de millones (de dicho organismo) fueron a cubrir gastos impropios».
2. Observatorio Municipal de Servicios Sociales. La unanimidad lograda con la declaración institucional no volvió a repetirse. La unión de votos de Foro, PP, Vox y el concejal no adscrito, Oliver Suárez, tumbaron una proposición de Izquierda Unida para crear en Gijón un Observatorio Municipal de Servicios Sociales. A juicio de la concejala de IU Noelia Ordieres, dicho equipamiento, concebido como una inversión en «equidad y justicia», habría sido útil para alertar de vulnerabilidades, para recopilar datos reales que ayudasen en la toma de decisiones, y para favorecer la transparencia. Argumentos todos que no convencieron ni al Gobierno, ni a Vox; de hecho, el edil del PP Guzmán Pendás alegó el sinsentido de la petición en un momento en que el Plan de Acción para el Cambio del Modelo de Servicios Sociales no se encuentra aprobado, y concluyó afirmando que la memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) ya recoge las actuaciones llevadas a cabo en dicha área. Un rechazo que llevó a Ordieres a añorar los tiempos en que la cartera de Servicios Sociales, hoy en manos de Pendás, la ostentaba Ángeles Fernández-Ahúja, pues, «al menos hablaba con conocimiento».
3. Protocolo de colaboración en emergencias y catástrofes naturales. Tampoco prosperó la sugerencia de Podemos de dotar a Gijón de un protocolo de colaboración en emergencias y catástrofes naturales que permita, de una forma coordinada y eficaz, gestionar los recursos y formas de ayuda que haya que movilizar ante una situación crítica. Una necesidad alentada, según la portavoz Olaya Suáez, por la reciente experiencia en el Levante español y por la proliferación de eventos climáticos dramáticos, pero que fue discutida por la edil forista Nuria Bravo, al frente del área de Seguridad Ciudadana. Y es que, a juicio de Bravo, todo lo reclamado por Podemos «ya está recogido en la Ley Nacional de Protección Civil», que, además, establece una dependencia de las Administraciones regional y nacional, por lo que «no podemos ir por libre». De nuevo, a los votos en contra del Gobierno se sumó el de Vox, y sólo el PSOE e IU apoyaron a Suárez en su cruzada.
4. Plan de captación de inversiones industriales. Igual suerte corrió la propuesta del PSOE de diseñar un plan de captación de inversiones industriales para la ciudad, defendido por la concejala Marina Pineda ante la urgencia de encontrar suelos industriales y «diferenciarse de otros municipios» a través de otras ventajas para los trabajadores. Especialmente en un momento en que, afirmó, Avilés parece estar adelantando a Gijón como motor industrial de la región. Un discurso que la edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, en la creencia de que ya se está haciendo «mucho de lo que piden», por lo que desde su área «no vamos a duplicar gastos, ni recursos». La concejala del PP concluía asegurando que «estamos en trabajo constante para traer tejido empresarial a nuestra ciudad», si bien tanto IU como Podemos la conminaron a que las empresas que sean atraídas resulten, en última instancia, «limpias y sostenibles».
5. Plan de Actuación Integrado de Acceso a la Vivienda. Especialmente sangrante fue la derrota de IU al proponer al Ejecutivo la elaboración de un Plan de Actuación Integrado que favorezca tanto el acceso a una vivienda digna, como la recuperación de espacios degradados en Gijón, y que sea presentado a la próxima convocatoria de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Para el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, urge dar un paso así a la vista de que en la urbe se registran «alquileres por encima de los 700 euros», lo que apremia a habilitar «una vivienda pública a precio asequible». Eso, sin contar con que «más del 42% de las viviendas datan de 1950 a 1979, lo que implica mayores problemas de habitabilidad». Pero la concejala de Hacienda, María Mitre, de Foro, no dio su brazo a torcer. Se limitó a indicar que el Gobierno local ya está trabajando en la nueva convocatoria de fondos FEDER.
6. Moción de urgencia sobre la declaración de actividades de Carmen Moriyón. Y se llegó así al último asunto de envergadura del Pleno: la moción de urgencia presentada por el PSOE para que la alcaldesa, Carmen Moriyón, corrigiese su declaración de actividades, publicada en junio de 2023 y en la que no figuran ni los «sobresueldos» que percibe de Foro, ni el desglose de su actividad profesional en el sector sanitario privado. Una petición que degeneró en un tenso duelo entre las partes, con los socialistas, IU, Podemos y Vox acusando a la regidora de falta de transparencia, y la aludida, defendiéndose asegurando que había presentado la documentación pertinente este mismo lunes. En última instancia, y con un empate a trece en la votación fruto de la ausencia del forista Jesús Martínez Salvador, Moriyón, visiblemente airada, decidió hacer uso de su voto de calidad para bloquear la moción del PSOE… No sin antes retirar el turno de la palabra a la edil socialista Carmen Eva Pérez Ordieres, acusándola de haberse «extralimitado» en sus declaraciones por, supuestamente, definir el juicio contra Álvarez-Cascos como un «paripé»; esa palabra, sin embargo, no fue escuchada en boca de Ordieres.
